El profesorado de la enseñanza pública madrileña trabaja en peores condiciones laborales que sus homólogos de otras Comunidades Autónomas. El reciente aumento salarial en Educación anunciado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso para tapar las movilizaciones en Sanidad no supone más que salir de las últimas posiciones respecto al resto de docentes de todo el Estado.
UGT denuncia el desprecio de Ayuso hacia el profesorado
Todo ello, mientras regala a la empresa privada dos parcelas valoradas en 11 millones de euros. El aumento salarial sigue sin llegar a aproximarse a la media, mientras se incrementa y consolida la política privatizadora de la educación madrileña.
Para Teresa Jusdado Pampliega, secretaria de Enseñanza UGT Servicios Públicos Madrid, no se trata exclusivamente de las retribuciones, las condiciones laborales y el desprecio con que la Consejería de Educación de Ayuso “nos trata”, sino que tiene “consecuencias similares a las de los sanitarios y por ello es difícil cubrir plazas en determinadas especialidades, como Informática o Artes Gráficas”.
En algunos casos se han visto obligados a acudir al SEPE para cubrir puestos docentes en grupos que han estado sin recibir clase durante más de un mes porque se habían agotado las listas de personal interino. El déficit de profesorado tiene su causa en que resulta más atractivo y seguro el trabajo en empresas o en otras Comunidades, que en la Administración pública madrileña.
Catálogo de despropósitos de Ayuso al profesorado
El malestar del profesorado, casi en su totalidad, “tiene su origen en dichas condiciones de trabajo”, señala Jusdado. Concretamente: alto porcentaje de temporalidad, jornadas parciales, centros compartidos, desplazamiento forzoso por implantación de programas específicos, supresión de grupos por la política privatizadora del Gobierno Regional, aumento de horas lectivas, ratios excesivas, abuso de tareas burocráticas, aumento de funciones y programas, muchas veces sin formación adecuada ni reducción horaria, formación obligatoria fuera del horario laboral o cambio de condiciones de trabajo como ha sucedido con los Equipos de Orientación y un largo etcétera que provoca situaciones de angustia, estrés y depresión que, muchas veces, termina causando bajas laborales difíciles de resolver, por cuanto su causa no desaparece y cuando el docente se incorpora vuelve a enfrentarse a la misma situación.
Inestabilidad de los docentes madrileños
A todo ello hay que añadir la situación de inestabilidad que se provoca al no obtener un destino definitivo hasta varios años después de aprobada la oposición. De forma que un profesor o profesora puede aprobar un proceso selectivo y estar durante diez años cambiando de centro, en diferentes municipios.
Es difícil plantearse tener una familia, un domicilio, si se está cambiando de lugar de trabajo curso tras curso. Situación que empeora para el profesorado interino, que puede cambiar varias veces de centro y municipio durante un solo curso. Por lo que, desde UGT, reclaman “la reducción de la tasa de temporalidad al 8% y la inclusión de las plazas orgánicas en todos los concursos de traslados”.
Burocracia innecesaria
Además, el trabajo de los docentes está aquejado de una enorme burocracia, que se ha ido incrementando con cada nuevo cambio legislativo y que repercute directamente en el trabajo diario de maestros y profesores, al afrontar un sinfín de documentos tanto de gestión como pedagógicos.
Las crecientes exigencias por parte de las administraciones educativas llevan al profesorado a disponer de menos tiempo para ejercer las tareas que más influyen sobre la enseñanza: los trabajos relacionados con las tutorías, la atención individualizada al alumnado, la adecuada preparación de las clases, la coordinación de los equipos docentes, etc. Es por ello que la secretaria de Enseñanza UGT Servicios Públicos Madrid, reclama la reducción a 18 horas lectivas semanales para los docentes de Infantil y Primaria y un máximo de 15 horas en Secundaria, FP y Régimen Especial.
Teresa Jusdado Pampliega denuncia el desprecio con que la Consejería de Ayuso trata al profesorado de la enseñanza pública madrileña y reclama “la dignificación de la función docente en todos los niveles y etapas educativas como primer paso hacia la mejora de la educación pública madrileña. EDUCACIÓN Y SANIDAD son los pilares básicos del estado de bienestar y el Gobierno regional tiene la obligación de cuidar a sus profesionales.