Hace tiempo que no se vivían en España unas elecciones tan cargadas de crispación como la actual en la que hoy los ciudadanos con derecho a voto están llamados a las urnas. Una de las grandes polémicas ha estado protagonizada por presuntas tramas de compra de votos y fraude en el voto por correo. Estas polémicas han afectado, principalmente, a los dos grandes partidos, por más que Isabel Díaz Ayuso haya hablado sólo de las que afectan a los socialistas, como si el PP fuera un cátaro inmaculado.
Diario16 ha tenido acceso a una denuncia presentada ante la Junta Electoral Central (JEC) por la abogada y presidenta de la Organización de Usuarios y Consumidores de Agua (AGUAIURIS), Pilar Esquinas, en la que se reclama la anulación de las elecciones autonómicas y municipales por fraude electoral.
Según la denuncia, en España «se estaría desarrollando un presunto fraude masivo en el voto por correo que afectaría directamente al resultado de las elecciones municipales y autonómicas convocadas para el 28 de mayo de 2023, que presumiblemente habría atentado contra el interés general de todos los ciudadanos españoles y extranjeros con derecho a voto, además de afectar gravemente al normal desarrollo de las elecciones Municipales y Autonómicas en toda España».
El documento señala también que hay serios indicios de que se está haciendo un mal uso de la tramitación, gestión y normal desarrollo del derecho a ejercer el voto tanto por parte de candidatos pertenecientes a partidos políticos que se presentan a las elecciones del 28 de Mayo de 2023, como por parte de funcionarios y personal laboral tanto nacionales como autonómicos relacionados con la tramitación del voto por correo, así como por los representantes políticos responsables de la gestión del proceso electoral.
Otro de los puntos clave de la denuncia es la calificación de nulidad de pleno derecho de todo el voto por correo porque, a juicio de la denunciante, se están lesionando derechos fundamentales.
En consecuencia, se reclama a la suspensión del proceso electoral, como medida cautelar, «al no existir garantías de que se concurra cumpliendo los principios de transparencia y objetividad de los procesos electorales y del principio de igualdad», señala la denuncia.