Los diputados de la Asamblea de Madrid han aprobado un nuevo aumento de su salario base, que alcanza ahora los 3.883,02 euros brutos mensuales. Además, se han revisado al alza los complementos que perciben por ejercer cargos específicos en comisiones o en sus grupos parlamentarios. Este incremento se suma a los ya aprobados en 2024 y 2025, acumulando un alza del 8,5% en menos de un año, según un acuerdo al que ha tenido acceso El País. La medida ha contado con el apoyo del PP y del PSOE, y con la oposición de Más Madrid y Vox, que han denunciado la decisión como un gesto fuera de lugar mientras la ciudadanía enfrenta dificultades económicas.
Polémica
El debate sobre los sueldos parlamentarios se ha repetido varias veces en el último año, provocando tensiones visibles incluso en las transcripciones más formales de las actas de la Asamblea. Hace apenas ocho meses, la Diputación Permanente ya aprobó un aumento del 6%, argumentando que los diputados madrileños cobran menos que los de diez Parlamentos autonómicos y que su asignación por exclusividad estaba un 16% por debajo de la del Congreso. Además, al sumar los complementos por ser portavoz, presidente de comisión o secretario, la diferencia con la Cámara Baja llegaba al 42,28%.
Sin embargo, la oposición criticó la justificación. La portavoz de Más Madrid señaló irónicamente que “está de acuerdo con dignificar la política, pero no entiende que eso pase por subirse el sueldo”. Vox, por su parte, afirmó estar en contra de cualquier aumento y aseguró que el PP y el PSOE buscan equiparar sus remuneraciones con las de otros parlamentos, algo que consideran innecesario y descontextualizado.
La escalada salarial de los diputados y diputadas
El nuevo acuerdo eleva la asignación por exclusividad a 3.883,02 euros mensuales y establece complementos por funciones específicas: presidir la Asamblea supone un plus de 2.354,72 euros; ser portavoz de un partido, 2.023,65 euros; ocupar la vicepresidencia de la Cámara, 1.835,73 euros; y formar parte de secretarías o asistir a juntas de portavoces, 1.615,45 euros. Los cargos en comisiones también tienen remuneraciones adicionales: presidir una comisión suma 750,99 euros, mientras que ejercer de vicepresidente o secretario de la misma añade 563,23 euros. En total, algunos diputados pueden superar los 5.900 euros brutos al mes.
El incremento más reciente, del 0,5%, coincide con la subida general aplicada por el Estado a empleados públicos y altos cargos gubernamentales. Sin embargo, un portavoz del Ministerio de Hacienda ha aclarado que la decisión no es obligatoria y que los parlamentos autonómicos tienen autonomía para decidir la aplicación del incremento.
Desde Más Madrid, critican que mientras la ciudadanía sufre dificultades para acceder a la vivienda, llenar la cesta de la compra o llegar a fin de mes, los diputados se suben el sueldo en lugar de centrarse en soluciones reales. Vox también mantiene una postura de rechazo, subrayando que el PP y el PSOE están empeñados en equiparar los salarios parlamentarios con los de otros parlamentos, algo que consideran alejado de la realidad de los madrileños.
¿Quiénes quedan exentos?
Curiosamente, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha decidido voluntariamente no acogerse a la subida, manteniendo su salario anual en 103.090,32 euros, la misma cifra que percibe desde que accedió al cargo en 2019. Esta decisión contrasta con el incremento aplicado al resto de altos cargos y parlamentarios, y ha sido destacada por el propio Gobierno regional como un ejemplo de contención del gasto público.
El presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, defendió la medida argumentando que la subida es coherente con la normativa estatal y con la homologación de salarios de altos cargos. Según la transcripción de la reunión, Ossorio indicó que el incremento estaba previsto tanto para los diputados como para los altos cargos, y que el acuerdo se basaba en el Real Decreto Legislativo 4/2024 y en las leyes de presupuestos y de retribuciones de la Comunidad de Madrid.
Reacciones
La aprobación de estos aumentos salariales ha generado críticas inmediatas en redes sociales y entre asociaciones ciudadanas. Muchos consideran que se trata de un gesto fuera de lugar en un contexto económico complicado, mientras otros destacan la coherencia legal del procedimiento y la necesidad de mantener un salario digno para quienes ejercen responsabilidades parlamentarias.
El choque entre los partidos es evidente: PP y PSOE defienden que se trata de una medida justa y legal, destinada a equiparar las retribuciones y “dignificar la política”, según sus palabras; mientras que Más Madrid y Vox denuncian una desconexión con la realidad de los ciudadanos y cuestionan la oportunidad de un incremento salarial en este momento.
La polémica también ha puesto el foco en la diferencia entre la subida automática de empleados públicos y la decisión voluntaria de los parlamentarios. La discrecionalidad que poseen los diputados autonómicos para aplicar la subida permite este tipo de situaciones, donde algunos aceptan el aumento y otros, como Ayuso, renuncian voluntariamente a él.