La situación de Venezuela tuvo ayer mucho protagonismo en la política española. El día empezó con las gravísimas acusaciones realizadas por el vicesecretario de Institucional del Partido Popular, Esteban González Pons, cuando acusó al gobierno de Pedro Sánchez de estar implicado en lo que calificó como «golpe de Estado» que se ha producido en Venezuela. En una entrevista en EsRadio, el dirigente popular fue más allá y señaló la supuesta responsabilidad del Ejecutivo en actuaciones de coacción y chantaje contra Edmundo González. «El Gobierno de España ha sido cooperador necesario», ha dicho González Pons.
Según el relato de González Pons, Edmundo González se ocultó en primer lugar en la embajada de Países Bajos, no en la española. Sin embargo, según el dirigente del PP, como «Países Bajos no les permitió chantajearlo en la residencia de su embajador, fue trasladado a la residencia del embajador español para que el chantaje y la coacción fueran posibles».
La respuesta del PSOE fue inmediata y pidió la dimisión del diputado del PP. El gobierno, por su parte, también desmintió las palabas de González Pons, afirmando que jamás hubo ningún tipo de presión al opositor venezolano ni ningún acuerdo con el régimen de Nicolás Maduro.
En medio de toda esta polémica, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que, con 309 votos a favor, 201 en contra y 12 abstenciones, «condena energéticamente y rechaza plenamente el fraude electoral orquestado por el Consejo Nacional Electoral, controlado por el régimen, que se negó a hacer público el resultado oficial». Los eurodiputados reconocen a González Urrutia como presidente legítimo y democráticamente elegido, y a María Corina Machado como líder de las fuerzas democráticas en Venezuela. También condenan la orden de detención contra González Urrutia y destacan la decisión del Gobierno de España de concederle asilo político.
El Partido Popular continuó con su ofensiva y su propio presidente, Alberto Núñez Feijóo, exigió responsabilidades por las supuestas coacciones que González Pons había denunciado por la mañana.
El jarro de agua fría para los populares llegó por la noche, cuando fue el propio opositor Edmundo González quien hizo público un comunicado en el que negaba que hubiera sufrido ningún tipo de coacción ni chantaje por parte del gobierno Español.
«No he sido coaccionado por el Gobierno de España ni por el embajador español en Venezuela, Ramón Santos. Las gestiones diplomáticas realizadas tuvieron como único propósito facilitar mi salida del país, sin ejercer ningún tipo de presión sobre mí. El Gobierno español se comprometió a garantizar mi seguridad durante el desplazamiento hacia el avión de la Fuerza Armada Española, así como mi llegada a España, tal cual pasó. Estas medidas tuvieron como finalidad principal permitir la continuidad de la tramitación de solicitud de asilo ante el Estado español, bajo condiciones de seguridad y respeto a mis derechos», afirmaba la carta de Edmundo González.
El comunicado del opositor al régimen de Nicolás Maduro dejó en bragas a Feijóo, a Ayuso y, en general, a todo el Partido Popular. La estrategia de los conservadores era utilizar la situación de Venezuela como nuevo elemento de oposición frontal contra el gobierno. El objetivo era claro, aprovechando las relaciones evidentes de José Luis Rodríguez Zapatero con el régimen dictatorial venezolano, colocar a Pedro Sánchez en el mismo nivel de colaboracionismo con la autocracia de Maduro. Ayer les salió rana, como ya les sucedió con Juan Guaidó.
Tanto el gobierno Sánchez como el Partido Popular deberían tener mucho cuidado con sus posicionamientos, sobre todo respecto a la oposición a Maduro. La situación de Venezuela es un caso perdido. Los actores políticos que sobrevuelan el poder en el país sudamericano despiertan muchas incógnitas, sobre todo en el lado de la oposición. En un mundo tan polarizado, poner dudas en los opositores al régimen venezolano te coloca rápidamente la etiqueta de colaboracionista con la dictadura. No es así.
El problema está en que, tal y como demuestran los hechos, Nicolás Maduro es un dictador salvaje que debe ser derrocado por su pueblo. Sin embargo, la ciudadanía libre de Venezuela tiene la cruz de tener como alternativa a la dictadura a una oposición que ha estado envuelta en escándalos de corrupción o que, directamente, se financia de personas que colaboraron o que formaban parte de la estructura del Estado chavista. Estos hombres y mujeres, que no dudaban en ponerse el chandal bolivariano o la camisa vinotinto y que ahora apoyan a los opositores, en muchos casos consiguieron sus fortunas gracias al expolio de los recursos de Venezuela que ocultaron en paraísos fiscales en Asia, Europa y África.
Por eso, cualquier decisión política o diplomática que se adopte es muy arriesgada. Ya se cometieron muchos errores con Juan Guaidó. Por el bien del pueblo venezolano, sólo hay que esperar que Edmundo González se aparte de esas personas, por más presiones y cantos de sirena que le llegarán de los cómplices necesarios, y que no entierre el capital político que ha conseguido.