La Policía Nacional ha citado al convocante de la protesta de Nochevieja en las inmediaciones de la sede central del PSOE en Madrid, en la que se colgó y golpeó con saña un muñeco que identificaron como Pedro Sánchez. Los investigadores quieren tomar declaración al organizador en relación con lo sucedido antes de llevar el expediente al juzgado.
El asunto del muñeco que representa a Sánchez apaleado en Nochevieja ha avivado el debate sobre los límites a la libertad de expresión. ¿Ampara este derecho los insultos, las vejaciones y aquelarres fascistas como los que presenciamos durante las campanadas? Más de 300 personas se congregaron frente a la sede socialista en Ferraz para poner en escena una especie de improvisada performance del odio (ya hay que llevar una vida triste y vacía para participar en semejante espectáculo en lugar de estar con tu familia o tus amigos celebrando la gran fiesta del fin de año). Durante la velada, cada cual que sentía un arrebato antisanchista irreprimible podía acercarse al pelele y arrearle un estacazo, patada, escupitajo o lo que le viniese en gana. Puro odio revestido bajo el supuesto derecho a la libertad de expresión protegido por el Estado de derecho. Sin duda, habría que tomar medidas políticas y judiciales.
Sin embargo, no es tan fácil procesar al hater que toma la calle para darse a una orgía de violencia verbal, casi siempre antesala de la violencia material mucho más letal. La Justicia española, a través del Tribunal Constitucional, ya ha dejado claro en diversas sentencias que nuestra Carta Magna no es militante y que cualquier ciudadano español tiene derecho a expresar sus sentimientos políticos públicamente. Es más que probable que la Policía lleve este caso a los tribunales, pero también es casi seguro que los jueces fallarán a favor del energúmeno que ha organizado el evento. “Si es un delito que pague, porque lo que queremos es cortar estas acciones”, asegura el portavoz socialista Patxi López, que ha pedido a PP y Vox que abandonen discursos políticos de odio. Es evidente que declaraciones como “Sánchez traidor”, “Sánchez vendepatrias” o “Sánchez a prisión” verbalizan desde la tribuna política una determinada posición radical que roza la violencia retórica, una violencia que el votante lleva después a la calle para dar rienda suelta a su frustración y a su rabia.
El Partido Popular debería dar un paso más para desmarcarse del mensaje neofascista de Vox y situarse sin ambages en el territorio de los demócratas. No es tolerable, bajo ningún concepto, que ya nos hayamos acostumbrado a escuchar eslóganes como “matar al rojo”, una consigna que trata de devolvernos a lo peor de nuestra historia. El problema es que el PP, que siempre ha considerado el asunto de la memoria histórica como un tema menor que no le incumbe, ha entrado en el mismo juego que la extrema derecha encarnada por el partido de Santiago Abascal. Hoy mismo, destacados líderes populares han evitado condenar los tristes sucesos de Nochevieja y se han escudado en que “lecciones del PSOE ninguna”, ya que “los socialistas han entregado Pamplona a Bildu”. Una vez más, la coletilla nefasta, ese “estamos en contra de cualquier tipo de violencia, pero algo habrá hecho el agredido o víctima para merecerla”.
Alguien debería poner pie en pared y prohibir manifestaciones ultraviolentas que terminan con una exaltación del crimen político, el magnicidio, el asesinato o el genocidio fascista. En esa línea, merecería la pena que los equipos jurídicos de los partidos democráticos estudiaran la posibilidad de promulgar una ley en la que se ponga coto a expresiones de odio como las que suele proferir el propio Abascal, quien hace solo unos días vaticinó que el presidente del Gobierno algún día será “colgado por los pies”, tal como en su día hizo el pueblo con el dictador Mussolini. Vox es un partido ultra de dudosa legalidad constitucional. Sus métodos se asemejan bastante más a los empleados por los partidos de corte autoritario del siglo pasado que a los de formaciones políticas encuadradas en el Estado de derecho. La estrategia de demonización y deshumanización del rival político, convertido en enemigo, forma parte de su ideario.
Hoy es Sánchez el perseguido u acosado, pero mañana podría ser cualquier ciudadano anónimo. Está en juego, por tanto, la esencia misma de la democracia, el derecho a la integridad física, el buen funcionamiento del sistema democrático. De momento, el partido socialista ha informado de que está estudiando “todas las vías legales” en respuesta a la concentración de Nochevieja frente a su sede nacional.
“El PSOE está estudiando todas las vías legales que afectan tanto a los que participantes como a los organizadores y a los presentadores en el canal oficial del evento que se convocó anoche en la calle Ferraz”, ha informado la formación en una publicación en la red social X, en la que ha advertido de que lo ocurrido “puede estar incluido dentro de un delito de odio”.
En un mensaje compartido en la cuenta de X de la organización juvenil Revuelta, convocante de las protestas, se explica así lo sucedido: “Tras las campanadas, dos manifestantes colgaron una piñata gigante del golpista Pedro Sánchez, que había pasado los habituales controles policiales en las entradas a Ferraz, rellena de turrones para golpearla. Fin de la historia”.