El Consejo de Ministros da luz verde este martes al proyecto de ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS). Se quiere priorizará el modelo de sanidad pública de gestión directa de los servicios sanitarios y sociosanitarios e impedirá establecer nuevos copagos.
Sanidad pública universal
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo anunció durante un mitin en Cártama (Málaga) junto al candidato socialista para las elecciones andaluzas del 19J, Juan Espadas.
La Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud, quiere garantizar la universalidad de la sanidad. Se quiere eliminar el copago del transporte sanitario no urgente y el de prótesis y ortopedia para las personas vulnerables. Priorizando la gestión pública directa o limitar a lo imprescindible las derivaciones de pacientes al sector privado. Por último, se minimiza la diferencia de prestaciones por comunidades.
Según han explicado fuentes del Ministerio de Sanidad, se quiere unificar la cartera de servicios en todo el país. Qué todas las comunidades autónomas y que todos los ciudadanos gocen de las mismas prestaciones, independientemente del lugar donde residan.
Acceso a la sanidad pública universal
El anteproyecto también tiene como objeto garantizar la homogeneidad en la efectividad del derecho a la protección a la salud. Ampliar los derechos de población que actualmente no está incluida. Para ello, pretende realizar las modificaciones pertinentes al Real Decreto-ley 7/2018.
Universiladidad sanidad pública
Éste recuperó la titularidad del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria a todas las personas con nacionalidad española y a las extranjeras residentes en España. Devolvió el derecho a la protección de la salud a las personas no registradas ni autorizadas a vivir en España. Se garantizó la igualdad efectiva y el acceso universal al SNS.
La experiencia acumulada en la aplicación de dicha norma muestró que era necesario realizar las modificaciones pertinentes para garantizar plenamente el derecho a la protección de la salud.Y la homogeneidad en la efectividad del derecho a la protección a la salud.
Fuentes próximas al texto del nuevo anteproyecto han señalado a El País que se acabará con esa suerte de vacío legal: “Lo que hace es que obliga a la atención inmediata de todo el que lo solicite, y a posteriori se podrá comprobar en qué situación está esa persona. También garantiza la atención a las víctimas de trata de personas o de redes de prostitución. Dejará de ser algo interpretable por las comunidades porque estará en la ley”.
Acabar con los copagos sanitarios
La futura norma también persigue evitar la incorporación de nuevos copagos sanitarios a imagen y semejanza de los establecidos para los medicamentos, en prestaciones en que hasta la fecha no están impuestos, tales como el transporte sanitario no urgente, los productos dietoterápicos y los productos ortoprotésicos.
Éstos incrementarían las cargas financieras de las familias y aumentarían las desigualdades sociales en salud, afectando especialmente a la población en riesgo de pobreza que, además, ha sido duramente afectada por la pandemia de Covid-19.
Asimismo, se introduce una modificación del Fondo de Garantía Asistencial con el objetivo de hacer viable su desarrollo reglamentario, para poder cubrir mediante este fondo extrapresupuestario los desplazamientos de las personas titulares del derecho a la protección de la salud en el SNS entre comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, garantizando la cohesión y equidad en el SNS.
Gestión pública directa
Otra de las grandes claves de esta ley es la que busca poner coto a las derivaciones a la sanidad privada. Hay comunidades que utilizan de forma sistemática esta práctica, como la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, que en ocasiones sin que el paciente sea informado previamente, se le envía a un centro privado.
El objetivo principal es convertir en excepción esta práctica, en situaciones en las que sea absolutamente imprescindible. Para ello la idea es la de “blindar” el sistema público de salud identificando como modelo la gestión directa.