El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés. Un texto que ofrece cobertura a un vacío legal como lo son las puertas giratorias y los métodos de los grupos de presión y acabar con las puertas giratorias.
Limita las puertas giratorias
El Ejecutivo busca acotar la legislación en torno a estos dos asuntos, endureciendo la rendición de cuentas. Se incluirá un registro oficial en el que se integrarán todas las personas que intervengan en el proceso de definición de leyes y en la toma de decisiones, así como la imposición de un límite de dos años desde el momento en el que se abandona la administración para ocupar un cargo en empresas ligadas a sus anteriores competencias.
Ley de Transparencia e Integridad de los Grupos de Interés o anti puertas giratorias
Ley de Transparencia e Integridad de los Grupos de Interés es el Anteproyecto o lo que es lo mismo, para evitar las puertas giratorias, ha sido presentando por la ministra de Hacienda y Administraciones Públicas, María Jesús Montero este martes. “Se trata de reforzar la democracia con ejercicios de transparencia”, ensalza Rodríguez.
Montero desmenuza las claves de la Ley que quiere acabar con las puertas giratorias
Montero ha presentado la Ley de Transparencia e Integridad de los Grupos de Interés para equipararnos al país a los del entorno. “El Gobierno no solo presta atención a lo urgente y al día a día de los ciudadanos, sino también tenemos las luces largas que permiten impulsar paquetes de reformas”, afirma.
En concreto, este anteproyecto regula las relaciones entre los grupos de interés, es decir, los lobbies, con los altos cargos del Estado y el sector público: “Se considera que son actividades de influencia. La ley la describe como topad comunicación directa o indirecta con la persona pública con la finalidad de intervenir en las decisiones públicas, como en el diseño de una entidad. Todos los grupos que se organizan con carácter privado están incorporados a los objetivos de esta norma”, explica Montero.
El Gobierno excluye a la CEOE y los sindicatos del registro de lobbies
En este sentido, quedan excluidas las propias entidades públicas, los organismos públicos y organizaciones internacionales como la ONU, UNICEF o la UE. Tampoco se considerarán lobbies los partidos políticos o colegios profesionales.
El Ejecutivo excluye de la consideración de grupos de interés a “los partidos políticos, los sindicatos y las asociaciones empresariales en el ejercicio de sus funciones constitucionales, sin perjuicio de que puedan tener la consideración de grupos de interés las entidades creadas o financiadas por los mismos”, según la documentación a la que ha tenido acceso La Vanguardia.
Si CEOE se reúne con el Gobierno o con los grupos parlamentarios de Congreso y Senado para negociar determinadas enmiendas a una ley, como es habitual, los actores no tendrán la obligación de dar a conocer esos contactos. Precisamente, esta es una de las actividades principales de las patronales, que disponen de un área de relaciones con las Cortes específica y especializada en el contacto directo con los parlamentarios.
De la consideración de lobby también quedan excluidas las patronales autonómicas, como Foment del Treball, y las sectoriales, como Aelec, la eléctrica, Seopan, de la construcción, o la AEB, de la banca.
Pasos del registro de los lobbies en la Administración General del Estado
Para ponerlo en marcha, se creará un registro de grupos de interés de la Administración General del Estado que garantizará la transparencia sobre sus actividades.
Este registro de lobbies tiene que incluir datos relevantes como la sede de las organizaciones escritas, así como las relaciones que se mantienen con el personal público, como los funcionarios.
Para poder inscribirse, se debe aportar información los datos de interés que conforman dichos lobbies, como la entidad financiera a la que están adheridos. “No es solo un registro acumulativo, sino que es mostrar con detalle la actividad de los lobbies. La norma es estricta, ya que si no están inscritos no podrán comunicarse con las entidades públicas”, señala Montero.
Puertas giratorias
Asimismo, la ley combate las conocidas puertas giratorias. “Un alto cargo público no podrá realizar actividades de lobbies en materias relacionadas con su competencia en dos años desde el cese de su cargo”, apunta Montero.
Para aportar más transparencia, las actividades que influyen en un proceso normativo quedarán reflejados en la memoria de análisis de impacto, es decir, dejarán una huella con la que se investigará quiénes y cuándo han participado en el proceso.
Objetivos de estabilidad presupuestaria
“Nuestro país registro la mayor reducción del déficit público de su historia, Sin incluir la ayuda financiera, España cerró con el 6,7% del PIB, 3,2 puntos menos que en el ejercicio anterior. Lo que demuestra el compromiso del Gobierno con la estabilidad presupuestaria”, celebra Montero a la par que condena las críticas de la oposición.
“Este Gobierno ha demostrado compatibilizar la agenda presupuestaria con el ensanchamiento de la clase media y trabajadora”, concluye.