El simple trámite sanitario de solicitar telefónicamente en Andalucía la renovación de la medicación para un paciente crónico puede resultar en la actualidad una gestión desesperante e incluso inaguantable. Conseguir cita vía web en un centro de salud público de la capital sevillana para la renovación de los medicamentos habituales de un paciente conlleva una espera exacta de 16 días, en el caso particular con el que ha contactado este diario. Este paciente, enfermo crónico de hipertensión y colesterol elevado, no podrá tener sus medicamentos recetados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) hasta el próximo 7 de diciembre, más de dos semanas de espera. Y ello sin haber solicitado una cita presencial con el médico de cabecera para que realice un diagnóstico del seguimiento del tratamiento habitual. Este caso trivial puede dar la dimensión del colapso de la sanidad pública andaluza que vienen denunciando pacientes, sindicatos sanitarios y oposición parlamentaria de forma reiterada.
Las mareas blancas que sucesivamente se vienen manifestando en Andalucía a favor de una sanidad pública de calidad y en contra de lo que consideran el “desmantelamiento” del sistema público emprendido por el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla han recibido con estupor los más que alarmantes datos de las listas de espera en Andalucía que han publicado sucesivamente el Ministerio de Sanidad y después la Consejería de Salud, después de más de un año sin hacer públicas estas listas por supuestos “problemas técnicos”.
Pese a los datos escandalosos de espera para ser operado o atendido por un especialista, la titular de Salud de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha asegurado que esta situación es la evidencia de que “el sistema sanitario andaluz funciona” porque, añade, “mientras más produce el sistema, hay más derivaciones, hay más consultas externas y más listas de espera”. En consonancia con esta tesis de su consejera, el ejecutivo de Moreno Bonilla no para de reiterar el mantra de que el Gobierno andaluz ha realizado para los Presupuestos autonómicos de 2024 el “esfuerzo más poderoso” de un sistema público de salud en todo el país. El ejecutivo de Moreno Bonilla destinará el próximo año a Sanidad un total de 14.246 millones de euros, lo que representa el 7% del PIB autonómico andaluz y el 30,5% del total de las cuentas andaluzas. Pese a ello, estas cifras solo crecen un 3%, por debajo del aumento del IPC interanual.
Consejera de Salud: “El sistema sanitario andaluz funciona. Mientras más produce el sistema, hay más derivaciones, hay más consultas externas y más listas de espera”
La consejera de Salud insiste que las quejas reiteradas de pacientes, sindicatos sanitarios y oposición parlamentaria son infundadas y, para ello, ofrece datos para contrastarlas: “Durante este 2023, el sistema sanitario ha realizado 553.000 derivaciones más desde las consultas de Atención Primaria a las de los especialistas y éstos han atendido 448.000 consultas más sin acabar el año. Todo eso se ha hecho más durante este año”, asegura García.
Esta realidad contrasta, por ejemplo, con la que denuncia el sindicato UGT, que apunta que, en el problema de la atención primaria, “la Consejería de Salud intenta enmascarar la falta de médicos, en los centros de salud, saturando a los profesionales de enfermería”. Ello es así porque “las consultas de acogida de enfermería está saturando a los profesionales y la Administración los utiliza para ‘engañar’ sobre las demoras de la atención primaria”, señala Antonio Macías, portavoz de la sección sanitaria de UGT en Andalucía.
Los enfermeros se están viendo “obligados” a enfrentarse a situaciones “muy complicadas” al abordar un triaje y decidir si la dolencia que trae un paciente debe ser atendida por este sanitario o ser trasladado al médico de familia. “Las consultas de enfermería de estos profesionales se encuentran absolutamente desbordadas con más de 60 pacientes diarios”, denuncia el representante de UGT. Además, la Consejería de Salud “está obligando” al personal de enfermería que registre cualquier asistencia en un intento de apañar unas estadísticas “absolutamente falsas” con el único objetivo de utilizarlas para la propaganda institucional “para parecer que nuestra atención primaria no tiene las listas de espera reales”.