El gobierno de coalición de Partido Popular y Vox en Castilla y León ha escenificado más que nunca sus disonancias en apenas 24 horas. El protocolo de atención a las mujeres embarazadas que deciden interrumpir voluntariamente su embarazo, como está legalmente reconocido, ha sido el objeto de fricción entre populares y ultraderechistas. Apenas unas horas después de que el vicepresidente sin funciones de Vox, Juan García-Gallardo, anunciara a bombo y platillo que los sanitarios de la comunidad “obligarán” a las mujeres embarazadas que deciden abortar a oír el latido fetal y ver una ecografía 4D, la Consejería de Sanidad de la comunidad, dirigida por el popular Alejandro Vázquez, que no estaba presente en la rueda de prensa donde el vicepresidente ultraderechista anunció la medida coercitiva, ha asegurado este viernes que los protocolos de atención a las embarazadas seguirán igual que hasta ahora, sin incorporar las medidas anunciadas apenas unas horas antes por el vicepresidente del ejecutivo, de Vox.
El vicepresidente de Castilla y León había anunciado este jueves que el plan sobre las medidas coercitivas a las embarazadas habían sido fruto de un acuerdo "negociado y consensuado" con el Ejecutivo autonómico en su conjunto y que formaba parte del acuerdo global de Gobierno entre PP y Vox firmado el 10 de marzo del año pasado, concretamente en lo relativo al apoyo a las familias y la promoción de la natalidad. Garcia-Gallardo llegó a resaltar el agradecimiento hacia el consejero de Sanidad, del PP, a quién había visto "muy dispuesto” para llevar a cabo estas iniciativas para evitar los abortos de mujeres que así lo han decidido libremente y dentro de los preceptos legalmente establecidos.