¿Alguien dudaba de que Begoña Gómez sería citada a declarar en plena campaña electoral? Es como si Feijóo y el juez Peinado tuviesen perfectamente sincronizados sus relojes, como esos soldados de las películas de acción que hacen coincidir las manecillas antes de llevar a cabo una peligrosa misión. Después de una batería de encuestas y sondeos que no son precisamente como para tirar cohetes en Génova, el líder gallego necesitaba un golpe de efecto contundente, sensacional, incontestable. Ya lo tiene. Preparémonos pues para una semana de mítines y actos electorales en los que la derecha no va a hablar de otra cosa que de Begoña Gómez. Se acabaron las cuotas migratorias de la UE; se acabó la amnistía; se acabaron Gaza y Argentina. Gómez, Gómez y solo Gómez.
De aquí al día de los comicios, el programa electoral del Partido Popular va a reducirse a un único y exclusivo punto central: la citación del magistrado de Madrid contra la esposa del presidente del Gobierno, prevista para el 5 de julio. “Antes de las preguntas del juez, hablaremos los españoles en las urnas”, se ha apresurado a sentenciar Borja Sémper, que pide la dimisión del presidente sin más demora. ¿Se acuerdan cuando los prebostes del PP invocaban la presunción de inocencia de sus imputados en tantos delitos, cuando se rasgaban las vestiduras por los titulares de prensa (esto es la pena del telediario, se quejaban), cuando exigían que se acabaran los juicios paralelos? Incluso llegaron a acusar a la prensa izquierdosa de la muerte de Rita Barberá. Pues ahí tienen ustedes, otra vez, el doble rasero moral. Cuando el viento les sopla a favor, se lanzan a por la presa para destrozarla a dentelladas sin miramientos constitucionales.
La Audiencia Provincial de Madrid ha dejado claro que no hay caso por el rescate de Air Europa, una “simple conjetura” del sindicato fascista Manos Limpias. Y hasta la UCO de la Guardia Civil, una institución nada sospechosa de bolivariana, ha dicho que no ve nada raro en el asunto. De modo que Peinado tiene muy acotado su territorio de investigación y tendrá que centrarse exclusivamente en si se cumplió la ley en la adjudicación de ayudas al famoso máster de la Complutense o por el contrario hubo tráfico de influencias y corrupción en los negocios, delitos que se le imputan a la primera dama.
Más allá de que nos encontremos en una fase inicial del procedimiento, inmadura e incipiente todavía, la noticia va a servir para que se pueda colgar el cartel de los nuevos Bonnie and Clyde a la pareja monclovita. Conviene recordar que en la democracia española siempre ha regido una especie de norma no escrita mediante la cual los jueces solían aparcar los sumarios unos días para no interferir en los procesos electorales. ¿Que era una mala costumbre del bipartidismo? Sin duda, pero era la regla y se cumplía siempre. Hoy esa práctica habitual ha saltado por los aires. Peinado sienta su propia cátedra y jurisprudencia, entrando como elefante en cacharrería, de lleno, en la campaña de cara a las europeas. ¿Qué importa si finalmente la causa se diluye, queda en nada y se archiva? El titular habrá dado para arañar unos cuantos puntos en las urnas. Misión cumplida.
El magistrado tenía dos opciones: hacer estallar la bomba informativa cuanto antes o mantenerla en secreto hasta pasadas las elecciones europeas. Y no ha dudado ni un minuto. La ha detonado sin miramientos. De hecho, aunque cita a declarar a Begoña Gómez para dentro de un mes, lo airea ya a los cuatro vientos, para que el ácido vaya haciendo su trabajo y corroyendo los cimientos Moncloa. De esta forma, Peinado tomará declaración a los testigos con anterioridad a Gómez (entre ellos a Juan Carlos Barrabés, el empresario supuestamente beneficiado por las adjudicaciones y contratos por importe de 10 millones de euros). Lo hace, según el magistrado, para agilizar la fase de instrucción y no “estigmatizar” a la pareja del premier socialista, según las fuentes judiciales. Puede que todo eso sea cierto, pero aquí el que realmente sale estigmatizado (y tocado de muerte) es el Gobierno de coalición, que concurrirá a las elecciones europeas en una franca situación de desventaja, ya que el tercer poder de la Justicia ha decidido desequilibrar la balanza política y mediática de la democracia. Feijóo y Abascal acudirán informativamente dopados a estos comicios.
Al mismo tiempo, cabe recordar que es completamente inusual que unas comparecencias de testigos en un caso en instrucción sin carácter de urgencia se celebren en domingo. Pese a ello, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) informa de que el juez Peinado estará ese día de guardia. Otra causalidad.
El instructor podría haber esperado a escuchar a los testigos y después decidir si llama a declarar a Gómez o no lo hace a la vista de lo que cuenten esas personas que han tenido contacto con los hechos. Pero tampoco. El 41 de Madrid es el juzgado de las prisas, prisas por agilizar el asunto, prisas por acabar cuanto antes, prisas por publicar el titular amarillo, si es hoy, mejor que mañana. Se trataba de colgarle el sambenito de corrupta a la señora; si es inocente o culpable, qué más da.
Dicen que la Justicia es lenta, pero para nada. Cuando se trata de ajustarle las cuentas al socialcomunista va a la velocidad del rayo. También dicen que la Justicia tiene sus propios tiempos, y es verdad que la judicatura funciona como un reloj, pero no precisamente suizo, sino genovés, un crono con el que anda en perfecta sintonía para asestar el golpe final al sanchismo.
Obviamente se le ha otorgado a la causa un carácter excepcional y de urgencia que no tiene, como si el futuro del país dependiera del máster de Begoña Gómez. A cuatro días de las elecciones, un auto de esta guisa lo cambia todo. Es un cisne negro, un acontecimiento inesperado y no previsto, un suceso impactante en la opinión pública que marca un antes y un después. Puede que esto no sea lawfare ni politización de la Justicia o judicialización de la política, que tanto da. Pero se parece mucho.