Pedro Sánchez ha decidido pasar al ataque contra el bulo y la desinformación en Internet. Para ello cuenta con un arma que ya existe: el reglamento de la UE sobre la materia que trata de proteger la independencia del cuarto poder y que obliga a las empresas mediáticas a revelar quiénes son los dueños de los medios y las subvenciones estatales que reciben. De cualquier manera, no va a ser fácil luchar contra la baja calidad de algunas publicaciones entregadas a la extrema derecha. Cualquier paso en falso de Sánchez y será acusado de autócrata dispuesto a terminar con la libertad de prensa en nuestro país. Incluso podría suponer que España fuese llamada al orden por la UE por no respetar unos mínimos derechos y libertades de cualquier sistema democrático.
Curiosamente, la propuesta de Sánchez va en la misma línea de lo que hace ya tiempo propuso Podemos en su lucha contra la desinformación (ante la “grave crisis de bulos y noticias falsas”) y para “proteger el derecho constitucional a una información veraz” y luchar así contra las fake news. Ya en el año 2020, Pablo Iglesias aseguraba que “el comportamiento de determinados poderes mediáticos es una amenaza que los demócratas deben combatir”. Eran los días en que algunos jueces impulsaban la investigación del caso Neurona, por financiación irregular del partido, y en los que se divulgaban rumores de todo tipo por el caso del robo del móvil de Dina Bousselham, asesora del líder de Podemos (un asunto relacionado con las cloacas policiales del Estado). Todos aquellos escándalos, aireados por la prensa de la caverna a cinco columnas, fueron finalmente archivados. Podría decirse que la máquina del fango funcionó primero con los peligrosos podemitas, pero entonces Sánchez no hizo nada para hacer frente a los bulos y al lawfare. Ahora, cuando le toca en su fibra, en su familia, en sus carnes, se pone las pilas.
La propuesta de Podemos incorpora, entre otras medidas, la famosa regla de 'los tres tercios' para distribuir el espacio televisivo y radiofónico “a partes iguales entre los medios públicos, privados y comunitarios” (equiparación del número de tertulianos de derechas y de izquierdas); normas “antimonopolio” que limiten la participación de bancos compañías eléctricas o fondos de inversión en el accionariado de los medios; y medidas de transparencia, como la obligación de que los grandes medios detallen sus ingresos y las sociedades que participan en ellos. Todas estas iniciativas las incorpora ahora Sánchez a su supuesto plan contra la desinformación.
Así, según la formación, se debería limitar la estructura de propiedad para que determinados sectores estratégicos no puedan poseer más del 10 por ciento de un medio de comunicación. También planteó que los presentadores de programas o directores de medios tengan que presentar una “declaración de bienes”, como la que tienen que hacer diputados y senadores.
En numerosas ocasiones con anterioridad, la formación morada denunció haber sufrido un acoso mediático con “montajes judiciales y policiales” impulsados por la derecha contra el exvicepresidente del Gobierno y exlíder de la formación morada, Pablo Iglesias, y la exministra de Igualdad Irene Montero. Podemos también planteó un régimen sancionador que equipare la reparación al daño causado, por ejemplo, igualando el tiempo de emisión de la rectificación de una noticia falsa al de su difusión original.
Otras medidas que planteó Podemos fue la creación del Consejo de Derecho a la Información, elegido por la ciudadanía, para garantizar el pluralismo e imponer sanciones, y otras para regular la publicidad institucional. Ante la grave crisis de bulos y noticias falsas, la norma perseguiría, según la formación morada, “proteger el derecho constitucional a una información veraz” y abordar problemas como la “falta de pluralidad, la escasa transparencia en las estructuras de propiedad de los medios o la impunidad con la que se difunden fake news”.
En aquel momento Podemos instó a Sánchez a actuar cuando antes contra la desinformación, ante un problema creciente y que preocupa a la ciudadanía, según la formación. Además, recordó que ocho de cada diez españoles afirman encontrar a menudo informaciones que distorsionan la realidad o son incluso falsas, según el eurobarómetro de otoño de 2023, y que nuestro país es el tercero de la UE con menor transparencia en la propiedad de los medios, según el informe de seguimiento del pluralismo mediático de 2023 (MPM por sus siglas en inglés).
El anuncio de la formación morada se produjo antes de que Sánchez abriera un período de cinco días de reflexión sobre su futuro político a raíz de la decisión de un juez de iniciar diligencias judiciales contra su mujer, Begoña Gómez, por un supuesto tráfico de influencias a raíz de una denuncia de Manos Limpias fundamentada en noticias de dudosa veracidad publicadas en diversos medios.