Durante muchas décadas los países más desarrollados del mundo han mantenido una lucha salvaje para atraerse a sus territorios a las multinacionales globales a través de bajadas irresponsables de impuestos que provocaban más perjuicios que beneficios a sus propias ciudadanías, dado que lo que ganaban en puestos de trabajo se perdía en mayor medida con la pérdida de capacidad para mantener el estado del bienestar.
El capitalismo es cruel e inhumano y las multinacionales no tienen problemas de flexibilidad a la hora de exigir más reducciones impositivas a los países en los que se establece con el argumento de que ya hay otro que se los pone más bajos. Ese es el momento en que las multinacionales dejan de lado aspectos como la ubicación geográfica o la cercanía a los centros de poder global para centrarse únicamente en su cuenta de resultados y en los beneficios para sus grandes accionistas.
Ese modelo de competencia fiscal es el que están implementando los presidentes de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Las proposiciones aprobadas por estos organismos han creado un escenario en España similar al del resto del mundo antes de que la OCDE aprobara el impuesto global de sociedades del 15%.
La realidad es que España es un país que no está calificado como paraíso fiscal, pero en su interior tiene territorios que sí lo son, principalmente, la Comunidad de Madrid que, desde hace décadas, sobre todo durante los gobiernos de Esperanza Aguirre, ha potenciado los beneficios fiscales para las grandes empresas y las grandes fortunas. Ahora, esta percepción ha pasado al yihadismo neoliberal de Isabel Díaz Ayuso. Lo peor es que en Andalucía también se ha copiado con el anuncio de Juanma Moreno de que se iba a suprimir el impuesto sobre el patrimonio para beneficiar a las rentas altas.
Ante esta situación, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha señalado en declaraciones a Onda Cero que es partidario de una centralización de impuestos para evitar el despropósito fiscal de algunas comunidades autónomas.
Respecto a las reformas fiscales aplicadas por los gobiernos del PP, sobre todo la última en Andalucía, Escrivá ha señalado que la eliminación del impuesto de Patrimonio anunciada por Moreno Bonilla es una medida regresiva aplicada en un momento en el que lo que hay que aplicar son medidas redistributivas para las familias más vulnerables.
Escrivá ha querido apartar al Gobierno de esta idea y ha sido muy claro al afirmar que se trata de una opinión personal. «Me parece un despropósito que las comunidades se dediquen a competir fiscalmente unas con otras. Las comunidades autónomas lo que tienen que hacer es dedicarse a mejorar la provisión de servicios en Sanidad y en Educación. Esto de la competencia fiscal entre ellas es un asunto que jamás he entendido», ha sentenciado el ministro.
España decidió hace décadas ir hacia un modelo de cesión de impuestos completos y tramos de impuestos. Escrivá, por el contrario, se muestra más partidario del sistema aplicado en Australia donde la asignación de recursos autonómicos se decide en función del gasto efectivo per cápita en cada uno de los servicios públicos que se genera. «Es un modelo mucho más fino. En cambio, en España estamos muy instalados en esta cesión de impuestos que tiene mucha tradición, pero que a mí, personalmente, no me gusta y que genera estas derivas tan indeseables como las que estamos viendo estos días», ha dicho.