Emiliano García-Page no le tiene miedo al la política del terror impuesta por Pedro Sánchez en el PSOE. Eso es algo que ha quedado claro y es el líder regional que está poniendo negro sobre blanco la realidad de los pactos con los que Sánchez se mantiene en el poder. La última ha sido el absoluto despropósito del reparto de menores migrantes no acompañados en el que, por el pacto con Junts, se ha generado una desigualdad absoluta entre territorios, tal y como sucede con otros acuerdos a los que el PSOE ha llegado con la extrema derecha supremacista catalana.
En este caso, García-Page ha sido contundente: «Yo no voy a admitir lecciones de solidaridad ni de los que pactan con Vox, con la extrema derecha, ni de los que pactan con la extrema derecha independentista, con un supremacista identitario como es Puigdemont». Estas pocas palabras son un verdadero estacazo de verdad.
Por otro lado, el presidente castellanomanchego no se ha quedado en las palabras y ha anunciado que se estudiará la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad por una medida injusta que ha adoptado el Partido Sanchista. «No me voy a conformar con decirles que es bastante insultante que nos amanezcamos con una ley aprobada sin haber hablado absolutamente nada con las comunidades autónomas», ha advertido.
Page, además, ha sido muy duro al afirmar que el gobierno de Pedro Sánchez no tiene ningún tipo de estrategia en materia de inmigración porque lo único que hacen es poner parches y ha recordado cómo se intentó la creación de un campo de concentración, al más puro estilo de los que pretende hacer Giorgia Meloni en Albania, en el Aeropuerto de Ciudad Real.
Pero eso no es todo. Llueve sobre mojado, principalmente tras la cesión ilegal de las competencias de inmigración y control de fronteras a Cataluña que fue producto del pacto de Sánchez con «un reconocido movimiento político y una personalidad que es claramente supremacista identitaria significa que esto no puede acabar nunca ni a medio ni a largo plazo bien. Puigdemont viene de obligar al Gobierno de España, un Gobierno que a veces olvida que es progresista, a pactar que el dinero que se recauda en el impuesto a la banca por obligación y porque el que manda es Puigdemont va a ir a las comunidades más ricas, que casualmente coinciden con las que más aeropuertos y puertos tienen, por donde entran la mayoría de los emigrantes, y cuando se trata de hablar de emigrantes el pacto es al revés: que vayan al resto».