El jefe del Estado lo debe de haber “flipado” ante el espectáculo al que la clase política le ha obligado a asistir hoy en Barcelona, lo cual no debe ser negativo puesto que ha sido testigo directo de cómo se encuentra el país: paralizado por las guerras partidistas, ideológicas y sectarias de unos políticos que no se dan cuenta de que la situación es insostenible y que de ello son responsables todos. No hay grados de culpabilidad porque todos son culpables.
Eso sí, lo que no es permisible en una democracia parlamentaria, en un país descentralizado como España, es la falta de respeto institucional o la interpretación a la carta de lo que señala la Constitución. Felipe VI ha sido testigo directo de cómo una presidenta autonómica ha escupido a la memoria de la Transición, a ese 1978 que ella misma utiliza como elemento de confrontación con los que no piensan como ella.
Isabel Díaz Ayuso ha abandonado la reunión porque se estaba hablando en las lenguas que están reconocidas como cooficiales por la Carta Magna y ha dejado claro que ella sólo reconoce el castellano como lengua vehicular, es decir, lo mismo que sucedía durante la dictadura que fue rota por la Transición.
Para justificar el insulto institucional, Ayuso ha declarado que “hay que dejarlo claro: España no es un país plurinacional, es una gran nación de siglos y además pocas naciones como la nuestra tienen una lengua común compartido por 600 millones de personas. Esta maniobra del pinganillo, en mi opinión, humilla a las propias lenguas regionales porque las reduce simplemente instrumentos separatistas a una farsa. Respeto y veo bien que todos los presidentes autonómicos den su bienvenida, hablen un poco y cierren en sus lenguas cooficiales. Pero sí considero que el catalán y que su literatura, por ejemplo, no se merecen esto. Pienso que el catalán siempre ha gozado de las mejores formas, pero el nacionalismo no, y creo que lo cortés es que si alguien viene a tu casa hagas por entenderte”.
Es decir, para Ayuso, el uso de las lenguas cooficiales en los ámbitos institucionales debe limitarse a “la puntita nada más”. La presidenta madrileña ignora que tanto Juan Carlos I como Felipe VI han realizado discursos e intervenciones largas en catalán cuando se encontraban en Cataluña. La propia infanta Leonor también lo ha hecho. ¿Eso también es un insulto o una imposición del independentismo? Evidentemente, no, sino una muestra de respeto. ¿O acaso Ayuso, durante, por ejemplo, la Cumbre de la OTAN de Madrid pretendía que se hablara en castellano y se quitaran los pinganillos?
Además, la salida de Ayuso de la reunión hasta que se ha terminado de hablar en catalán y euskera ha recordado lo que sucedió en el pasado cuando determinados partidos autoritarios europeos abandonaban el hemiciclo para provocar la paralización de la democracia y la convocatoria electoral.
Pedro Sánchez fue rotundo al descartar adelantos electorales: “Las elecciones generales serán en 2027, como marca la Constitución y como espera la mayoría de los españoles”. En su diagnóstico, la inestabilidad política no beneficia al país; mejor avanzar con “un Gobierno cohesionado” y dedicar estos dos años restantes a sacar adelante reformas estructurales.
Para reforzar el mensaje social, Sánchez destinó 175 millones de euros a la universalización de la educación infantil de 0–3 años para familias con rentas bajas y medias. Según el Ministerio de Educación, esta medida permitirá reducir en un 20 % los índices de abandono escolar temprano a largo plazo y favorecerá la incorporación de la mujer al mercado laboral.
La gran apuesta del Ejecutivo es triplicar la inversión estatal en vivienda, pasando de 2.300 a 7.000 millones en cinco años, aportando el 60 % del coste y forzando a las CCAA a cofinanciar el 40 % restante. No obstante, varios presidentes autonómicos denunciaron que esta propuesta invade competencias propias y carece de un calendario realista.
María José Sáenz de Buruaga, presidenta de Cantabria, instó a disolver las Cortes: “Un Gobierno sin mayoría parlamentaria clara no debe seguir gobernando por decreto ley. Que hablen los ciudadanos”.
Por su parte, el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, aseguró que su gente “no entiende que, sin un nuevo modelo de financiación, la Junta siga asumiendo sola los costes de servicios básicos” y advirtió: “O elecciones o fondo transitorio con al menos 1.500 millones anuales para cubrir la diferencia de financiación”.
Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia aportó datos: su región recibe 450 euros menos por habitante que la media nacional en gasto sanitario y educativo. Reclamó “un acuerdo con plazos definidos” para reformar el sistema de financiación y alertó de que, sin él, el PP no descarta “usar todas las herramientas políticas, incluida la cuestión de confianza”.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, defendió la “condonación de parte de la deuda autonómica” derivada de los gastos COVID y pidió negociar “en una sola mesa” todas las comunidades, sin distinciones políticas. Recriminó al Gobierno central por presentar propuestas “parciales” y sin cifras concretas de impacto.
Además, Salvador Illa, presidente de Cataluña, pidió “apartar prejuicios” y evaluar números fríos: coste real de los servicios, envejecimiento poblacional y dispersión territorial. Propuso la creación de un grupo técnico de trabajo (con representantes de Hacienda, de las CCAA y economistas independientes) para presentar un informe conjunto antes de fin de año.
Otro de los temas candentes era la inmigración. Fernando Clavijo, presidente de Canarias, denunció la “soledad” del archipiélago frente al reto migratorio: en 2024 llegaron más de 25.000 menores no acompañados por vía marítima. Exigió un sistema nacional de acogida y la creación de plazas pactadas en otras comunidades, así como refuerzos de la UE para vigilancia y rescate en el Atlántico.
La presidenta de Navarra, María Chivite, sacó pecho por la creación de 1.200 viviendas públicas en cinco años y reclamó partidas para la llegada del tren de alta velocidad y mejoras en la N-121 de la Y vasca. Advirtió de que “sin infraestructuras modernas”, las inversiones industriales y tecnológicas en la comunidad se frenarán, cortando oportunidades de empleo cualificado.