En un giro sorprendente que sacude los cimientos de la política madrileña, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, se encuentra en el centro de una tormenta judicial. La Fiscalía de Madrid ha puesto el foco en un presunto fraude de 350.951 euros, un acto que pone en duda la integridad de aquellos cercanos al poder. La investigación, que ha salido a la luz gracias a la investigación de elDiario.es, revela una compleja red de facturas falsas y empresas pantalla, diseñada para burlar a la Hacienda Pública.
La corrupción en la casa de Ayuso
Este caso no solo arroja una sombra sobre la pareja de Ayuso sino que también plantea serias preguntas sobre la vigilancia y la ética dentro de los círculos íntimos del poder. La revelación sugiere que, a veces, el enemigo puede estar más cerca de casa de lo que uno cree, y que la corrupción, una vez arraigada, siempre encuentra un camino para volver, erosionando la confianza pública en las instituciones.
Juan Lobato, portavoz del PSOE de Madrid, tras las informaciones que se han difundido, ha decidido no solo expresar su "total confianza en la justicia y en la Agencia Tributaria" —organismo al que pertenece profesionalmente—, sino que también ha tomado una postura firme respecto a Ayuso. Ha exigido a la presidenta madrileña que ofrezca "todas las explicaciones necesarias" sobre cómo su vida personal y financiera podría estar entrelazada con estas acusaciones de fraude. Poniendo como ejemplo, "la compra de ese piso de 1 millón de euros ha podido en parte, con dinero defraudado a todos los españoles".
El piso del millón de euros
El foco de la polémica incluye, entre otros elementos, la adquisición de un piso valorado en un millón de euros, una compra que ahora queda bajo la sombra del escrutinio público, ante la posibilidad de que parte del dinero utilizado provenga de actividades ilícitas. Este aspecto del caso no solo subraya la gravedad de las acusaciones sino que también incita a reflexionar sobre la transparencia y la responsabilidad de aquellos en posiciones de poder.
Isabel Díaz Ayuso se compró con su novio un piso en Madrid de 180m2 que costó "en torno al millón de euros"
La exigencia de Lobato hacia Ayuso no es simplemente una petición a la rendición de cuentas; es un recordatorio de que en la política, como en la vida, las acciones tienen consecuencias y que el deber de explicar esas acciones recae ineludiblemente en aquellos bajo sospecha. Este caso pone de manifiesto la necesidad de vigilancia interna dentro de los partidos y de las instituciones, para prevenir que la corrupción mine los cimientos de nuestra sociedad.
En última instancia, el caso contra la pareja de Ayuso sirve como un recordatorio de que, sin importar el alto rango o la cercanía al poder, nadie está exento de la ley. La investigación en curso no solo buscará esclarecer la verdad detrás de las acusaciones de fraude sino que también ofrecerá una oportunidad para reafirmar el compromiso con la integridad y la justicia, pilares fundamentales de cualquier democracia saludable.
A medida que la comunidad espera respuestas, la lección es clara: la corrupción, especialmente cuando brota desde el corazón mismo de nuestras instituciones, representa un veneno que debemos erradicar con determinación. La confianza en la justicia y en la Agencia Tributaria, como destaca Lobato, será crucial en este proceso de limpieza y renovación, asegurando que la transparencia y la rendición de cuentas prevalezcan por encima de cualquier intento de fraude o corrupción.
Había una trama de facturas falsas y empresas pantalla
La Agencia Tributaria presentó toda la documentación a la Fiscalía de Madrid y ésta ha decidido denunciar a Alberto González ante el juzgado por ese supuesto fraude a Hacienda realizado a través de facturas falsas y empresas pantalla. La denuncia es por dos delitos de fraude fiscal en el impuesto de sociedades: 155.000 euros en 2020, 196.000 en 2021, que la Fiscalía Provincial de Madrid presentó en el juzgado el pasado 5 de marzo tras recibir un informe de la Agencia Tributaria con las conclusiones de una investigación iniciada dos años antes.
Otro delito más de falsedad documental por presentar facturas falsas de sociedades externas que permitían a Alberto González rebajar los beneficios que habían conseguido sus empresas.
Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos para el Fomento del Medioambiente son las sociedades investigadas. Las dos son 100% propiedad de la pareja de Ayuso y se dedican a prestar servicios sanitarios. Masterman & Whitaker Medical Supplies and Health Process Engineering es una firma sin empleados del sector de cosmética y farmacia, que Alberto González Amador adquirió a finales de 2020 y que, según Hacienda, utilizó para desviar parte de los beneficios millonarios logrados durante la pandemia.
Según el informe de la Agencia Tributaria hubo una “intencionalidad querida y buscada por Maxwell Cremona SL [propiedad de la actual pareja de Ayuso] de solicitar y utilizar las dos facturas que claramente son falsas o falseadas con la finalidad concreta de conseguir la pretendida reducción fiscal en los ejercicios en que incrementa de forma significativa los beneficios”. A partir de las declaraciones presentadas en 2021 y 2022 comenzó una investigación por el incremento de la facturación de las empresas de Alberto González a partir de 2020.