La ministra de Igualdad, Irene Montero a adelantado en su comparecencia en la comisión de Igualdad del Congreso que la nueva ley del aborto en la que está inmersa su departamento será garantista.
Irene Montero, quiere blindar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, como un derecho en la sanidad pública.
Abortar va a estar garantizado en todos los hospitales públicos
"Interrumpir voluntariamente el embarazo va a estar garantizado en todos los hospitales públicos", ha afirmado Montero.
En su intervención, ha desgranado algunas de las líneas fundamentales del texto, que aún no es público. Tene que negociarse en el seno del Gobierno antes de ser aprobado en próximos Consejos de Ministros.
Para Irene Montero fue fundamental "el importante avance que supuso la ley del 2010" y ha agradecido al Carmen Calvo su aprobación.
No obstante, ha defendido "la necesidad de actualizarla doce años después ante los obstáculos que aún dificultan el acceso pleno a estos derechos".
Madrid sin aborto público
Sangrante es el caso de la Comunidad de Madrid donde ningún hospital público realiza abortos. No lo realiza ni siquiera por enfermedad grave del feto o por peligro de vida de la madre. Presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso tiene vetada esta práctica en la sanidad pública madrileña.
Existen hospitales dónde todos los especialistas se acogen a la objeción de conciencia para no realizar estas intervenciones.
También hay provincias en las que no hay forma de abortar porque no hay clínicas con las que concertar el servicio. Si una mujer acude a una de las clínicas que realizan interrupciones del embarazo, se encuentra señalada y amenazada por los grupos de ultraderecha y ultracatólicos. Entre ellos, hazte oír, que impiden el ejercicio libre de toda mujer a ejercer este derecho.
Blindar el acceso al aborto
Montero quiere blindar el acceso al aborto en la sanidad pública mediante la regulación de la objeción de conciencia de los profesionales.Se establecerá un registro obligatorio qué evite qué un hospital completo pueda acogerse a la objeción de conciencia.
El objetivo es que en todos los hospitales haya ginecólogos y profesionales dispuestos a realizar la intervención y se clarifique las cifras sobre cuántos objetores hay realmente.
Derecho a la objeción de conciencia
"Respetaremos escrupulosamente el derecho a la objeción de conciencia y lo haremos escrupulosamente compatible con el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos", ha asegurado la ministra.
Serán las mujeres las que elijan el método de interrupción (farmacológico o instrumental), sin detallar si todos se llevarán a cabo en centros públicos o qué papel reservará la ley a las clínicas privadas especializadas, que son las que asumen mayoritariamente los abortos desde los años 80.
"Cuando una mujer decida abortar podrá acudir, por ejemplo, a su centro de salud", donde recibirá información sobre cómo acceder a la prestación, y podrá "llamar a una línea telefónica especializada" si lo desea. Así, la idea del ministerio es eliminar la obligación de recibir los sobres con información que hoy reciben obligatoriamente las mujeres antes de someterse a la intervención y que solo se proporcionará "en los casos en los que las mujeres lo soliciten". También el texto pondrá fin a los tres días de reflexión obligatoria que existe por ley hoy en día. Las mujeres "podrán ser derivadas inmediatamente" a un centro hospitalario "por un procedimiento de urgencia", ha asegurado Montero.