En el marco de la investigación por corrupción en la adjudicación de contratos para la compra de mascarillas durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19, conocido como el 'caso Koldo', Juan Carlos Cueto, uno de los empresarios implicados, ha comparecido ante el juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional.
Cueto, situado por la Fiscalía Anticorrupción en un lugar prominente dentro de la trama junto a Víctor de Aldama, presidente del Zamora C.F., ha negado el pago de comisiones ilegales para la obtención de contratos con el Ministerio de Transportes y otros organismos.
El precio de las mascarillas fue justo
Cueto ha insistido en que el precio de las mascarillas fue justo y conforme al mercado, apoyándose en un informe de auditoría realizado por KPMG, y ha destacado la complejidad de las operaciones, que incluyeron numerosos viajes a China. Afirma no haber realizado pagos irregulares, ni cometido ilegalidades. Tras su declaración, la Fiscalía ha solicitado como medida cautelar la prohibición de salida del país, a lo que la defensa no se ha opuesto, permitiendo que Cueto abandonara la Audiencia Nacional libremente.
Koldo Gracía
El foco de la investigación se centra también en Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, y en De Aldama, identificados como piezas clave en la supuesta red de corrupción. La Fiscalía sugiere que De Aldama, aprovechando su influencia en el Ministerio de Transportes, contactó con Cueto para beneficiarse económicamente de la emergencia sanitaria. Juntos habrían utilizado la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas Sociedad Limitada como fachada para sus operaciones, una entidad que, aunque no los incluía en su estructura formal, estaba controlada por el grupo Cueto.
A través de estas maniobras, Cueto habría obtenido un beneficio de 9,6 millones de euros, y De Aldama, 5,5 millones. La investigación revela un significativo aumento patrimonial de García durante este periodo, aunque aún se indaga sobre el origen exacto de las supuestas comisiones y su distribución.
Personalización como acusación de la derecha
Marta Castro, de Vox, personada como acusación popular, destaca que Cueto se presentó ante el juez como una figura altruista, defendiendo su actuación como un esfuerzo por proteger la vida de los ciudadanos españoles con un margen de beneficio mínimo. Este argumento resalta la complejidad de discernir entre la gestión de emergencias y la corrupción en contextos de crisis.
Cueto, con un historial previo de implicaciones en el caso Defex, se enfrenta ahora a la mirada escrutadora de la justicia, en un entramado donde las líneas entre el deber cívico y el aprovechamiento personal parecen difuminarse. Este episodio pone de manifiesto los retos que enfrenta el sistema judicial para asegurar la integridad en la gestión de recursos públicos, especialmente en situaciones de urgencia sanitaria.
A medida que el caso se desarrolla, la prohibición de salir del país impuesta a Cueto subraya la seriedad con la que se está tomando la investigación, mientras la sociedad espera respuestas claras y justicia frente a las alegaciones de corrupción en uno de los momentos más críticos de la historia reciente de España.