El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por tráfico de influencias en la organización de un máster para la Universidad Complutense de Madrid, ha pedido recabar las llamadas de la asesora de Gómez, Cristina Álvarez, con los patrocinadores de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva. Peinado cree que Álvarez fue contratada por Moncloa (con la participación del ministro de Justicia, Felix Bolaños) para llevarle las actividades privadas y económicas a la primera dama, algo que según el instructor puede ser constitutivo de un delito de malversación. Por ello, ha pedido al Tribunal Supremo que levante el aforamiento a Bolaños para poder imputarlo.
En una providencia, el juez Juan Carlos Peinado insta a recopilar ese tráfico de llamadas vinculadas con la OMT, Indra, Google Spain, Fundación Manpower, Arsys Internet, Telefónica, Fundación La Caixa, Reale, “o cualquier otra entidad mercantil que patrocinara los másteres o cátedras” en las que participó la esposa de Pedro Sánchez, informa Europa Press. Cabe preguntarse qué piensa probar el magistrado analizando el registro de llamadas personales, ya que Álvarez pudo contactar con esas empresas, por múltiples motivos, al igual que ha contactado con otras cien mil en el desempeño de sus funciones como ayudante de la esposa del presidente. Otra cosa sería tener acceso a los audios de esas conexiones telefónicas, a los contenidos de las conversaciones, un material con el que no va a poder contar, ya que la UCO, hasta donde se sabe, no ha pinchado el teléfono de Begoña Gómez ni tampoco el de su asesora.
Quizás Peinado se lamente a estas alturas de procedimiento de no haber ordenado, mediante el debido mandamiento judicial, esa intervención teléfonica. No lo hizo en su momento (probablemente sopesó la medida y la descartó porque suponía asumir un riesgo elevado) y ahora comprueba que le faltan pruebas e indicios para apuntalar su acusación por tráfico de influencias contra la mujer del líder socialista. De haber decretado esa medida (frecuente en casos de bandas organizadas, terrorismo y tráfico de drogas), sin resultados positivos, se habría expuesto a la nulidad de todo el procedimiento, de ahí que descartara el operativo por pura precaución. Lo cual contrasta con la investigación exhaustiva que ha llevado a cabo la UCO en el caso Koldo, donde todos los personajes sospechosos (desde el exministro José Luis Ábalos hasta Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE) han sido vigilados, escuchados y grabados por los agentes. La forma de actuar de la UCO en uno y otro sumario dice mucho sobre lo diferentes que son ambos casos.
El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid también insta a recabar “las llamadas enviadas o recibidas a teléfonos vinculados con la Universidad Complutense de Madrid y su personal y a los números vinculados con” el empresario Juan Carlos Barrabés y su grupo de empresas.
En su resolución, el juez encomienda el análisis de las mismas a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y también acota el espacio temporal. En concreto, pide que se recopilen las llamadas realizadas desde el 16 de julio de 2018, cuando Álvarez fue nombrada asesora de Gómez, hasta el pasado 1 de julio de este mismo año. Cabe destacar que, en esta rama del procedimiento, el juez intenta esclarecer si (tal como sostiene Hazte Oír en su querella) Gómez se apropió de forma indebida del software de la cátedra de Transformación Social Competitiva, en el que varias compañías invirtieron en 2022.
En su declaración como investigada el pasado diciembre, la esposa del presidente del Gobierno negó haberse apropiado de dicho software o haber cometido cualquier otra irregularidad.
Cabe recordar que la Audiencia de Madrid ha apuntalado los indicios contra Cristina Álvarez, al respaldar investigar si “se sobrepasó” en el desempeño de sus funciones públicas como asesora de Begoña Gómez “para favorecer el plan delictivo” de la mujer del presidente del Gobierno en un supuesto tráfico de influencias.
La Sección 23 de la Audiencia Provincial confirma así la condición de investigada de Álvarez, si bien estima parcialmente uno de sus recursos y anula la declaración que prestó en diciembre de 2024 como testigo, y que acabó desembocando un mes después en su imputación.
En su auto, el tribunal menciona que “una clara y palmaria desviación de las labores de un funcionario público” respecto a la ayuda y acompañamiento institucional de la mujer del presidente del Gobierno “puede haber sido voluntariamente utilizada, desde un inicio, como un indebido soporte o desviación de recursos públicos en favor exclusivamente de intereses privados”.