El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha propuesto juzgar a un total de 32 personas, entre ellas el exconseller de la Generalitat valenciana y ex delegado del Gobierno Serafín Castellano, por formar una organización criminal que presuntamente se concertó para alterar la contratación y adjudicación de los contratos de extinción de incendios en el sector de la navegación aérea mediante la corrupción de funcionarios y autoridades.
En el auto de pase a procedimiento abreviado del conocido como caso del “cártel del fuego”, el magistrado entiende que los hechos son susceptibles de ser calificados como delitos de organización criminal; continuados de alteración de precios en concursos o contratación pública; cohecho; falsedad documental; malversación de caudales públicos; prevaricación; asociación ilícita, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos; tráfico de influencias y exacciones ilegales.
Este procedimiento judicial que se dirige contra empresarios de la navegación aérea, autoridades y funcionarios es fruto de diligencias de investigación del Ministerio Fiscal, de diligencias de los Juzgados de Instrucción 1 y 2 de Sagunto (Valencia) y del Juzgado de Instrucción 8 de Sevilla.
El auto indica que de lo investigado “ha quedado suficientemente acreditado que un grupo de personas y entidades, actuantes en el sector de la navegación aérea para extinción de incendios, con ánimo de lucro y mediante múltiples ardides y mecanismos, se han venido concertando para alterar los términos de la normal concurrencia en los procesos de contratación y adjudicación pública e igualmente que, para ello, se vino corrompiendo, mediante compensaciones económicas, a múltiples funcionarios y autoridades intervinientes en la adopción de decisiones inherentes a los procesos de contratación o del control y ejecución de lo contratado”.
Todo ello se lograba “mediante actuaciones, decisiones o comportamientos, injustos, injustificados, arbitrarios” de los investigados, bien incrementando indebidamente el gasto en favor de las personas y empresas concertadas; bien permitiendo prórrogas o modificaciones contractuales indebidamente (sin la correspondiente memoria justificativa o sin las ofertas técnicas o sin las regulares actas de iniciación y finalización de los servicios o de los partes mensuales de trabajos o de las actas de conformidad con los trabajos, o sin cumplimiento de las características mínimas de las PPT); bien aprobando indebidamente facturaciones; o bien favoreciendo a determinadas personas y entidades.
Los empresarios y sus compañías, continúa explicando el auto, se integraban en un grupo de actuación que se repartía geográficamente el mercado de la contratación pública en el sector, así como los procedimientos concretos de contratación, incluso mediante progresivas reuniones en las que preestablecían qué sociedades concretas concurrirían (y cuáles no) a dichos procesos, en qué zonas de influencia, con qué turnos rotatorios, cuándo en forma de UTES, y estableciéndose además sucesivas compensaciones y liquidaciones económicas intragrupo como consecuencia de tal forma de proceder.
Como ejemplo de los amaños, expone el escrito, que no solo se desarrollaban en España sino también en otros países, en ocasiones se provocó que algún concurso quedare desierto generándose un incremento posterior del precio de licitación en el procedimiento negociado sin publicidad.
En otros, prosigue, as prórrogas arbitrarias e injustificadas de los contratos y los injustificados expedientes de enriquecimiento injusto generaban “incrementos notabilísimos” en los importes finales de adjudicación o en los costes totales de los contratos.
El magistrado refleja que, conforme ha informado la IGAE, solo en la Comunidad Valenciana, donde se han constatado las principales infracciones, con sujeción a la exclusiva concurrencia de AVIALSA (vinculada al investigado principal Vicente Huerta Domínguez) y ocasionalmente UTES en las que se integraban otros investigados, entre 1999 y 2017, se concertaron contratos por importe total de 151.585.386,22 euros.
De la investigación se ha acreditado, indica el instructor, que mediante dádivas o regalos los investigados principales corrompían a funcionarios y autoridades (igualmente imputadas) influyentes o intervinientes en las decisiones de contratación del sector obteniendo aquellos, para si o terceros, las resoluciones, decisiones, comportamientos, o actuaciones delictivas, injustas o favorecedoras en dichas tramitaciones, contrataciones y ejecuciones contractuales. Igualmente, agrega, “se ha constatado una sistemática actuación de generación de actitudes clientelares en el ámbito de la administración interviniente en el sector”.
En concreto, según la resolución judicial, se ha comprobado que, en el ámbito contractual de la Comunidad Valenciana y de la Catalana, el grupo de entidades o sociedades vinculadas con AVIALSA realizó por diversos medios, en favor de funcionarios o autoridades, entregas de metálico o regalos consistentes en vehículos, cacerías, armas de fuego y accesorios, relojes y joyas o estancias en establecimientos hoteleros.
El auto apunta que solo a Serafín Castellano Gómez (exconseller en la Generalitat Valenciana -de Sanidad entre 2003 y 2007 y de Gobernación y justicia, entre 2007 y 2014), y sin que eso agote todas las dádivas entregadas, se le realizaron, tomando únicamente en cuenta el ámbito de las actividades cinegéticas, regalos por importe no inferior a 163.736,02€.
El titular del Juzgado Central de Instrucción 6 relata otra serie de pagos a funcionarios y autoridades y subraya también que al pactado funcionamiento de los investigados aludidos y sus empresas contribuyó también el uso instrumental de la AECA (Asociación Española de Compañías Aéreas) gestionada, a tal fin, por el también investigado Dámaso Castejón Amenedo.