La imputación judicial de Carmen Crespo, la actual consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible del Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla, por un presunto cobro de comisiones a cambio de concursos públicos amañados en el denominado ‘caso Hispano Almería’ ha hecho saltar todas las alarmas en el seno del ejecutivo andaluz, a las puertas de las elecciones autonómicas de 2022, que el presidente andaluz espera retrasar hasta el último momento, el próximo otoño, tras perder el apoyo parlamentario de la ultraderecha de Vox.
Nadie en el seno del Gobierno bipartito ha elevado por el momento la voz para exigir responsabilidades a la titular de Agricultura tras ser imputada en este caso que apunta a una presunta caja b en el PP almeriense, según la investigación de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía, remitida el pasado 2020 a la causa que investiga la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Almería, Ana Belén Vico. Sí ha reclamado “explicaciones” el PSOE, principal partido de la oposición. El secretario de Organización de los socialistas andaluces, Noel López, ha exigido al presidente de la Junta que dé explicaciones ante lo que considera una “muy delicada” situación del ejecutivo andaluz por la presunta “Gürtel andaluza”, tras la investigación judicial de su consejera de Agricultura por supuestos cobros ilegales de una constructora almeriense, un caso encuadrado en la investigación de la presunta existencia de “una caja B del PP para financiar campañas electorales”.
El PSOE exige “explicaciones” al presidente andaluz por la presunta “Gürtel andaluza”, con una veintena de imputados en el caso Hispano Almería
La consejera de Agricultura está citada por la jueza a las 11.30 horas del próximo 8 de abril, pero probablemente hará valer su condición de aforada para eludir esta comparecencia judicial, que sólo se produciría en todo caso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). El juzgado almeriense investiga una presunta comisión de delitos contra la Hacienda Pública, así como de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación, negociaciones prohibidas a autoridades o funcionarios y de organización y grupo criminal en varios municipios gobernados por el PP en la provincia de Almería. El secretario de Organización del PSOE andaluz ha recordado que la gestión de las instituciones en Almería durante los gobiernos del PP “siempre ha estado bajo sospecha”, y añade que Moreno Bonilla tiene “la oportunidad de no esconderse y de aplicarse el mismo nivel de exigencia en transparencia y ejemplaridad que pide a otros partidos y que demanda la ciudadanía ante casos de presunta corrupción como los que investiga el juzgado en Almería”.
Suspensión de funciones
La investigación judicial de la consejera andaluza de Agricultura pone a Moreno Bonilla en la tesitura de tener que aplicar los estatutos de su partido en lo relativo a temas de presunta corrupción de sus afiliados, ya que el artículo 22 de esta norma interna apunta directamente a la apertura de un expediente informativo en cuanto su Comité de Derechos y Garantías tiene conocimiento de que un afiliado ha sido llamado a declarar ante el juez como investigado. En caso de “delitos flagrantes de corrupción” y “a la vista de la gravedad de los hechos”, el comité popular puede determinar “la suspensión de funciones o de afiliación”.
El caso de Crespo también pone en una difícil tesitura el vigente pacto de gobierno PP-Ciudadanos en Andalucía y su lucha de “tolerancia cero” ante la corrupción institucional. Ambas formaciones tienen claro, sobre el papel, que cualquier cargo público de sus partidos investigado por un caso de corrupción deberá ser separado de manera “inmediata” de sus funciones “hasta la decisión definitiva del órgano judicial”. Por el momento, ni el presidente Moreno Bonilla ni ningún miembro del ejecutivo andaluz se ha pronunciado en este sentido sobre el futuro inmediato de la consejera de Agricultura.
El caso que investiga la jueza sobre la presunta caja B del PP almeriense consta de un contundente informe de la UDEF donde se detallan las presuntas comisiones ilegales pagadas por la constructora Hispano Almería a técnicos municipales y diferentes cargos del PP de varios municipios de la provincia así como de la Diputación Provincial. La investigación apunta que estas mordidas fueron a parar a la financiación irregular de las campañas electorales del PP de Almería, liderado en aquellos momentos por el actual alcalde de Roquetas de Mar y presidente de Honor del PP de Almería desde junio del pasado 2021, Gabriel Amat. La justicia nunca lo ha llamado a declarar como investigado hasta el momento.
En este caso están imputados, además de la consejera andaluza, otras 19 personas, como el ex alcalde de la localidad de La Mojonera, José Cara, también presidente del Instituto Andaluz de Agricultura, dependiente de la propia Crespo, hasta que fue cesado el pasado enero de este 2021.
Reacciones
Las reacciones políticas a la imputación judicial de la consejera de Moreno Bonilla no se han hecho esperar. La líder de Podemos Andalucía, Martina Velarde, ha asegurado en Twitter: “Qué larga se le va a hacer a Moreno Bonilla el final de la legislatura”. También la ultraderecha de Vox ha apuntado que “el Gobierno de Juanma Moreno se parece cada vez más a los gobiernos socialistas que asolaron Andalucía”. La portavoz socialista en el Parlamento de Andalucía, María Márquez, ha calificado, por su parte, de “muy grave” la imputación de la consejera.