En la Región de Murcia viven 300.000 personas nacidas en el extranjero, casi el 20 por ciento del total de la población. Los inmigrantes aportan el 35 por ciento del crecimiento de la riqueza en esta comunidad autónoma que desde los años noventa ha ido absorbiendo grandes flujos migratorios. Y es una historia de éxito para una región que vive eminentemente del sector primario, de la agricultura y los servicios. La mayor parte de los extranjeros se han integrado en la sociedad murciana, una mínima porción no. Pero no hay un problema racial. En general, el impacto demográfico de la inmigración “es netamente positivo”, tal como reconoce un reciente estudio del Consejo Económico y Social.
Han llegado cientos de miles de extranjeros, pero la economía murciana necesita más mano de obra si quiere seguir creciendo. El centro de análisis económico FUNCAS ha reclamado una mejor planificación de las políticas públicas para adaptarse a esta nueva realidad social. Y la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem) ha llegado a asegurar que “las patronales abogamos por un estricto control del reglamento, pero es necesario abrir fronteras a migrantes que se puedan integrar en aquellos sectores de actividad concretos que sufren una falta de mano de obra importante”. La escasez de personal laboral inquieta también a la construcción regional: “Vamos a necesitar 25.000 trabajadores en cuatro años”, aseguran fuentes del sector. Así lo cree al menos la Federación Regional de Empresarios de la Construcción (Frecom), que alerta sobre el problema y destaca que “impulsar la formación es una de las claves para revertir esta situación”. La situación es tal que los empresarios buscan mano de obra entre los jóvenes en los institutos de bachillerato. Algo que no había ocurrido nunca.
Faltan jornaleros del campo, albañiles, camareros, operarios de las escalas productivas más básicas. Los españoles ya no quieren realizar esos trabajos, una situación similar a la que se vive en Europa, donde se necesitan más de 50 millones de trabajadores ante el envejecimiento paulatino de la población. Tal como está estructurada la economía de hoy, sin mano de obra extranjera no hay riqueza ni prosperidad. Todo esto lo sabe el presidente de la comunidad, el popular López Miras, una voz que pese a los contactos del PP con los ultras siempre se ha mostrado favorable a una inmigración ordenada. Pero las tensiones en el seno de la derecha murciana son constantes y diarias. Los populares son partidarios de seguir abriendo el grifo migratorio; los de Abascal exigen medidas restrictivas para que Murcia no caiga en eso que ellos llaman “la teoría del reemplazo” (la supuesta sustitución de la población autóctona española por una invasión de inmigrantes que en realidad no existe).
Recientemente, el Grupo Parlamentario Vox pidió en la Asamblea Regional rechazar el contenido de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) llevada al Congreso de los Diputados para “regularizar a más de 500.000 inmigrantes ilegales”. PSOE y PP están de acuerdo; Vox, siguiendo los vientos xenófobos europeos, abiertamente en contra. Así se recoge en una Proposición No de Ley (PNL) registrada en la Cámara autonómica, junto a toda una batería de “medidas necesarias para que nuestras ciudades no sigan el modelo de sociedades multiculturales que se ha demostrado fracasado en países como Bélgica, Francia o Reino Unido, y con las que luchar contra la inmigración ilegal y la inseguridad que esta está generando y que ya están sufriendo demasiadas ciudades y municipios de la Región de Murcia”.
El portavoz del grupo parlamentario Vox, Rubén Martínez Alpañez, afirmó que existe un aumento del 8,1 por ciento en el total de infracciones penales en la Región de Murcia respecto al año anterior, según informes oficiales del Ministerio del Interior, un fenómeno que los voxistas atribuyen, burdamente, a la llegada de inmigrantes. A día de hoy no existe un solo dato empírico que permita concluir que existe un aumento de la delincuencia asociado a una mayor llegada de personas del extranjero. “Nos encontramos ante una situación insostenible que pone en riesgo el futuro, el bienestar y la prosperidad de los españoles. Además del incremento de inseguridad, la pauperización de las familias españolas está alcanzando cotas incompatibles con la vida”, lamentó.
Un total de 240.208 extranjeros residentes en España adquirió en 2023 la nacionalidad española, lo que supone un aumento del 32,3 por ciento con respecto al año anterior, y las nacionalidades de origen más frecuentes fueron Marruecos (54.027), Venezuela (30.154) y Colombia (18.738). Murcia es la quinta comunidad autónoma donde más aumentaron las adquisiciones de nacionalidad, tras Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía (24.059). En la Región se concedió el pasado año la nacionalidad a 13.357 personas, 2.766 más que en el ejercicio anterior. Son datos de la Estadística de adquisiciones de nacionalidad española de residentes, que publicó el Instituto Nacional de Estadística (INE) y que revela que Cataluña y la Comunidad de Madrid fueron las comunidades con más adquisiciones de nacionalidad, con 60.846 y 50.049 respectivamente.
López Miras tiene un problema con Vox, un grupo político que trata de cerrar la llegada de mano de obra cuando Murcia es una de las regiones que más trabajadores necesita. La extrema derecha murciana está presionando cada vez más a San Esteban, sede del Gobierno local, para que vire hacia políticas de exclusión, autárquicas, reaccionarias, que para el libre mercado resultarían nefastas. Y en esas está el presidente murciano. No puede enemistarse con ellos porque hay órdenes directas de Génova, en Madrid, de seguir manteniendo los 'bifachitos' autonómicos en la medida de lo posible. Convivir con los ultras no está resultando fácil para el dirigente murciano, que se esfuerza en dar una apariencia de modernidad y moderación mientras le surgen por doquier las voces de los más recalcitrantes xenófobos del movimiento ultra.