Irene Montero no da su brazo a torcer. Se agarra a su ley del “solo sí es sí” como una niña a su juguete favorito. Dice que no se levantará de la mesa de diálogo con el PSOE, pero es incapaz de acordar nada. Jura y perjura que está dispuesta a introducir modificaciones en el texto para evitar excarcelaciones de violadores y pederastas, pero ya vamos por 400 presos beneficiados por las rebajas de condena. Recuerda que lleva meses hablando de esto con los juristas del otro socio de Gobierno, pero de momento no hay una respuesta unitaria. A esta hora, Montero se niega a cambiar una sola coma de su normativa y el goteo de presidiarios agraciados por la macabra pedrea sigue siendo incesante.
Leyendo entre líneas, cabe deducir que el diálogo entre ambas partes está roto. Hoy mismo, en la SER, Montero ha alertado de que el PSOE quiere atravesar la línea roja para volver al “Código Penal de La Manada”, una obsesión que sigue repitiendo como un mantra pero que no se ajusta a la realidad. Ferraz ya ha dicho por activa y por pasiva que el consentimiento de la mujer como requisito imprescindible a la hora del acceso carnal no se toca. Se lo ha garantizado Pedro Sánchez, se lo ha reconocido públicamente la ministra Llop, se lo ha admitido hasta Patxi López, que está hasta la txapela de este asunto que se ha enredado tanto que ya ha adquirido tintes surrealistas y grouchomarxistas. Todo el mundo en el Consejo de Ministros trata de tranquilizar a la ministra dándole garantías de que el núcleo sustancial de su reforma se va a respetar totalmente. Pero nada, ella erre que erre.
En la ley del “solo sí es sí” se trata de introducir subtipos y graduaciones en las penas para terminar de cerrar cada supuesto, de tal manera que los agresores no puedan escaparse por los resquicios legales. Punto. No hay más. No hay aviesas intenciones de Moncloa. No hay ningún intento del PSOE por ponerse una medalla y dejarla a ella como a esa inexperta pasante de un despacho de abogados incapaz de redactar un simple escrito judicial. Si de algo adolece la ley Montero es de excesiva generalización, la gran tara de las leyes de hoy que se tramitan deprisa y corriendo, impregnadas de mucha ideología política pero con poca técnica jurídica. En Derecho hay que categorizarlo todo, preverlo todo, tipificarlo todo. No es igual un caso que otro. Cada crimen es un mundo. Por eso, al meterse en el mismo saco el abuso, la agresión sexual y la violación (así estaba regulado hasta ahora en función de si había violencia o intimidación) se producen los “efectos indeseados” de los que habían alertado la mayoría de juristas. Muchos condenados se han beneficiado de la rebaja de penas porque su conducta concreta, con la anterior legislación, llevaba aparejada un castigo más severo. Entre dos leyes, siempre rige la más beneficiosa para el reo.
El consentimiento de la víctima es fundamental y una conquista histórica del feminismo de este país, nadie quiere quitarle a la ministra ese logro, pero sin unas penas ajustadas, sin un catálogo detallado de cada conducta, el malo tiene más margen de maniobra a la hora de plantear su defensa. Y no vale la reducción al absurdo a la que llegó ayer la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, para quien la clave no está en incrementar las penas. ¿Pero cómo que no? Si nos cargamos el carácter punitivo, corremos el riesgo de que el Código Penal quede reducido a un manual teórico y académico que no servirá para nada. El primer objetivo siempre debe ser la sanción, que caiga todo el peso de la ley sobre el violador, que el autor de la agresión se coma la mayor cantidad de años posible entre rejas. Eso es lo que demandan las mujeres españolas, cuando salen a manifestarse el 8M, más allá de debates bizantinos. No en vano, hoy por hoy, el ochenta por ciento de la población de este país, tanto hombres como mujeres, creen que la ley del “solo sí es sí” debe cambiarse y endurecerse, según las últimas encuestas.
Por tanto, el consentimiento es un avance trascendental, pero no basta solo con el consentimiento. Hace falta demostrar muchas cosas más durante un juicio y con un Código Penal muy fino en lo ideológico pero ambiguo o de brocha gorda en lo técnico, los violadores se irán de rositas de los juzgados. De modo que es preciso concretar más para estrechar el círculo todo lo posible alrededor de los depredadores sexuales. Graduar las penas con arreglo a la violencia y la intimidación (manteniendo el consentimiento como núcleo esencial en la fase de la prueba) puede ayudar a corregir las disfunciones. Sin embargo, la señora ministra sigue empeñada en que le quieren borrar el consentimiento de su ley. El consentimiento, el consentimiento, el consentimiento… ¿Pero quién demonios quiere tocarle el consentimiento? ¿Qué miembro del Gobierno ha dicho eso? ¿A qué viene esa obsesión de que los malvados socialistas desean volver a los tiempos de La Manada y de los jueces inquisidores que emprenden cazas de brujas contra las mujeres?
Mucho nos tememos que la titular de Igualdad esté entrando en una especie de extraña dinámica conspiranoica con todo este asunto. Ve socialistas con tijeras, dispuestos a recortarle el trabajo de fin de máster, en cada pasillo, en cada despacho, en cada ministerio. Ve catedráticos que le tienen manía y quieren rebajarle injustamente la nota del examen para no darle el título. Aquí el problema es de soberbia por no saber reconocer que algo se ha hecho mal. De soberbia, de empecinamiento irracional y de nefasta obcecación. Cualidades como el activismo y la coherencia son fundamentales en cualquier gobernante de izquierdas y todo eso se le debe reconocer a Irene Montero. Pero tanto o más importante es la humildad, la autocrítica y la capacidad de admitir un error. A la señora ministra cabría aconsejarle que baje de los altares de la perfección, donde se ha instalado como una diosa de la política. Se quitará un peso de encima.