El registro de la sede del PSOE en la calle Ferraz es una noticia histórica. Es la primera vez que el partido del siglo y medio de honradez, la gran casa del pueblo fundada por Pablo Iglesias Posse, sufre una infamia de este tipo. Un trauma para millones de socialistas de este país, para toda la izquierda en general. Pedro Sánchez debe reaccionar de forma inmediata porque la situación es insostenible.
El caso Koldo es un inmenso asunto de corrupción institucionalizada y sistémica que hunde sus tentáculos en varias administraciones y departamentos ministeriales. La Gürtel del PSOE. El mismo veneno que terminó con el Gobierno de Mariano Rajoy. Sin embargo, conviene recordar que la sede del Partido Popular, la formación política que aspira a relevar en el poder al Gobierno de coalición, fue pagada con dinero negro, dinero de mordidas y comisiones, dinero en B. Y ahí sigue, alta y fuerte, firmemente asentada en el corazón de Madrid. Hubo un momento en que Pablo Casado quiso mudarse a otro edificio más barato porque el partido estaba en bancarrota. No le dejaron, Ayuso lo decapitó políticamente de forma cruenta y sin piedad. Desde entonces, poco o nada ha hecho Alberto Núñez Feijóo para regenerar el partido. De hecho, el PP sigue teniendo más de 30 causas abiertas en todo el país por corrupción. Y, por supuesto, la sede sigue siendo ilegal, ya que la reforma quebrantó la ley. Pese a todo, los populares siguen dando lecciones de limpieza democrática a los españoles.
Cabe recordar que el Tribunal Supremo ha rebajado las penas impuestas en el caso conocido como los "Papeles de Bárcenas", pero ha confirmado la responsabilidad civil subsidiaria del Partido Popular. Esta decisión implica que el PP deberá asumir el pago de indemnizaciones relacionadas con la trama de financiación ilegal dentro del partido.
El Supremo ha revisado la sentencia anterior de la Audiencia Nacional de 2021, que había condenado a varios implicados, entre ellos Luis Bárcenas, extesorero del PP, por delitos vinculados a la caja B del partido. Aunque el Tribunal ha decidido reducir algunas de las penas, mantiene la idea de que el PP se benefició de esta contabilidad paralela.
Así, la Sala de lo Penal ratifica en esencia la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a los dos administradores de Unifica, estudio encargado de hacer las reformas en la sede del PP en Génova, por un delito de defraudación tributaria, así como al extesorero del PP Luis Bárcenas como cooperador necesario al facilitar la defraudación por la vía de efectuar un tanto por ciento de los pagos debidos de forma opaca, con dinero negro.
Como también confirma la responsabilidad civil subsidiaria tanto a Unifica como al PP (solo hasta el importe defraudado achacable a los pagos en B), una vez que esta declaración no había sido objeto de impugnación.
Ahora bien, la Sala, por cuestiones menores de carácter predominantemente técnico, reduce las penas de prisión de 2 años y 9 meses a 9 meses a los dos responsables principales y de 2 años a 8 meses a Bárcenas. Las multas pasan a ser de 200.000 euros para cada uno de los dos administradores y de 180.000 euros para el extesorero.
La confirmación de la responsabilidad civil subsidiaria del PP es un golpe simbólico para el partido, ya que implica una ratificación judicial de la financiación ilegal. Este fallo del Tribunal Supremo cierra otro capítulo en uno de los casos más emblemáticos de corrupción política en España, que ha tenido un impacto significativo en la percepción pública de la clase política y, en particular, del Partido Popular.