El Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto de ley de Atención al Cliente, que obliga a las empresas a contestar en tres minutos
Anteproyecto de ley de Atención al Cliente
Alberto Garzón, ministro de Consumo ha presentado el anteproyecto de ley de Atención al Cliente en su comparecencia tras la reunión del Consejo de Ministros. Esta nueva ley, obligará a las empresas a contestar las quejas de los consumidores en menos de tres minutos.
“Son servicios indispensables en el ámbito del consumo pero que, desgraciadamente, generan dolores de cabeza a las familias”, explica el ministro de Consumo.
“Se trata de dificultades que suponen pérdidas de tiempo, esfuerzo y dinero y que al final renuncia a la atención al cliente. Eso se acabó con esta nueva norma”. Esta ley pretende poner freno a los abusos que se producen en las relaciones de consumo. Beneficiará al conjunto de la población", detalla.
Se acabaron los tiempos de espera eternos
Garzón ha explicado los detalles: plazos para reclamaciones y tiempos de espera de llamadas telefónicas
El ministro de Consumo explica que las reclamaciones, quejas e incidencias deberán resolverse en un plazo “no superior a 15 días”, cuando “se habla de contratos de continuidad como con el agua, gas o electricidad, por lo que la empresa se verá obligada a dar una respuesta en un plazo de dos horas”. “No se podrá cortar el suministro a ninguna familia si hay una reclamación en curso”, señala Garzón.
Por otro lado, Garzón alude a la espera de las llamadas telefónicas, que a menudo se hacen eternas. La ley incluye que el plazo sea de un máximo de tres minutos.
Fin a los robots en la atención al cliente
En tercer lugar, se prohíbe que cualquier empresa utilice como medio exclusivo un medio robotizado en vez de un soporte humano. Además, tampoco estará permitida la transferencia a un teléfono de pago durante el servicio de atención al cliente.
El anteproyecto de atención al cliente afectará a grupos empresariales privados y públicos
En este sentido, se verán afectados los grupos empresariales públicos y privados que tengan relaciones con el consumo y con las siguientes características:
Empresas de más de 250 trabajadores o un volumen de negocio mayor de 50 millones de euros, salvo en el caso de los servicios básicos que se ven afectados por esta norma.
Las multas
Las infracciones leves irán de 150 a 10.000 euros por cuatro veces el beneficio ilícito; mientras que las graves irán de 10.000 a 100.000 o de cuatro o seis veces el beneficio ilícito.