Hace apenas un mes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inauguraba la IV edición del foro Fondos Europeos: innovación para un crecimiento sostenible, donde destacó el impacto “decisivo” de las ayudas del Plan de Recuperación en la economía española. Además, reivindicó “el modelo de éxito español, que sienta las bases de una nueva prosperidad y está funcionando, con más empleo y mayor crecimiento que la media europea, menor desigualdad y con más convivencia”.
Durante su intervención, Sánchez aseguró que, gracias en buena medida a la política económica desarrollada por el Gobierno en los últimos años, “la economía española va como un cohete”, tal como evidencian los “datos espectaculares” de los últimos meses. “España avanza en la buena dirección”, dijo, y añadió que lidera el crecimiento económico entre las principales economías europeas, crea 4 de cada 10 empleos en Europa y supera el récord de 21 millones de afiliados a la Seguridad Social.
Esos días la Comisión Europea volvió a revisar ayer al alza su previsión de crecimiento para la economía española en 2024, hasta el 2,1 por ciento, tres veces más que la media de la eurozona, por lo que España seguirá siendo el país que más crezca de la zona euro en 2024 y 2025. Sin embargo, no todo es tan de color de rosa como lo pinta el presidente. Por ejemplo, los fondos europeos Next Generation, que la UE repartió entre los diferentes países del club comunitario para que pudieran superar los estragos de la pandemia, y que por lo visto no se están gestionando con la celeridad, equidad y transparencia que se debería.
En el caso de España, son 140.446 millones de euros los que se recibirán, un 18 por ciento del total de los fondos. De esta cantidad, unos 60.000 millones serán en calidad de transferencias no reembolsables y los otros 80.000 millones, en préstamos. En este proyecto, es esencial la colaboración y coordinación de todo tipo de actores. El papel de las administraciones territoriales es fundamental para garantizar la correcta aplicación de los fondos y una eficiente transformación de la economía española. Y ahí es donde empiezan a surgir los problemas. En general, falta información sobre las adjudicaciones y a esta hora nadie sabe con exactitud cuánto dinero se ha gastado, a qué proyectos se han destinado los fondos y en concepto de qué.
Lógicamente, semejante volumen monstruoso de dinero es un bocado apetecido para la corrupción y si tenemos en cuenta que la mitad de los fondos están siendo administrados y gestionados por comunidades autónomas, en el pasado más reciente un gran foco de corrupción, hay motivos para la preocupación. El Gobierno está inquieto, ya que Europa va a estar muy encima con sus inspectores y hombres de negros para saber a qué se dedica hasta el último céntimo de las subvenciones. Es tal la inquietud, que el Ejecutivo central está decidiendo no adjudicar algunos fondos mientras no esté completamente seguro de que se trata de una inversión justa, limpia y segura. Lógicamente, este exceso de precaución lleva a la burocracia y a la ralentización a la hora de transferir las ayudas. De ahí que, a día de hoy, apenas se hayan aprobado el 25 por ciento de los programas.
Que se haya apostado por la cogobernanza con las comunidades autónomas es positivo, ya que son estas las que tienen un conocimiento más completo y cercano de sus necesidades de inversión, así como del manejo de sus competencias. Pero también favorece las tentaciones de corrupción. Un dinero disperso es un dinero menos controlable y haría bien el Gobierno en reforzar los sistemas de inspección para evitar sorpresas en el futuro, sorpresas como un boom de casos o escándalos relacionados con el reparto de los fondos europeos.
El Estado reparte los recursos de este plan mediante diferentes mecanismos aprobados en conferencias sectoriales en las que participan todas las comunidades y en las que se consensuaron los criterios de repartición. Además de estas conferencias, existen otros instrumentos jurídicos, como los convenios, las concesiones directas o la concurrencia competitiva. Según los cálculos facilitados por el Gobierno, las comunidades autónomas españolas gestionarán hasta el 54 por ciento de los fondos del plan en aquellos campos que son de su competencia. Ejemplo de esto sería la vivienda, la movilidad sostenible, la promoción de renovables, la restauración de ecosistemas, la renovación de edificios públicos, la educación, el empleo y la formación profesional, las labores de inclusión y de los servicios sociales. La descentralización siempre es positiva, pero sin un control riguroso, se corre el riesgo de que el dinero se acabe perdiendo y cayendo en manos poco limpias.