En los primeros días de noviembre del pasado año, todas las alarmas sonaron en la casa del exministro José Luis Ábalos. Unos papeles muy importantes tenían que llegar de inmediato a su domicilio, papeles relacionados con los contratos de las mascarillas que dejaron jugosas comisiones a la red corrupta de Koldo García, el asesor del propio Ábalos. Una inspección fiscal sobre Soluciones de Gestión, la empresa adjudicataria de las concesiones, estaba en marcha, el PP sabía que la Guardia Civil preparaba algo gordo sobre este asunto y el jefe Ábalos dio la orden de que le llevaran todo el papeleo para enterarse bien de qué iba el escabroso tema. La maquinaria se puso en marcha.
Koldo y su hermano Joseba quedaron en llevarle el dosier a su casa de Valencia sin demora y en una furgoneta. Sin embargo, la Benemérita tenía los teléfonos pinchados, de modo que estaba al tanto, e interceptó el vehículo en la AP-7. Los agentes esperaban encontrar algo jugoso como sobres clandestinos o dinero, pero nada de eso. El famoso sobre que durante unas horas provocó la máxima preocupación del ministro contenía una serie de documentos administrativos, relacionados, eso sí, con las adjudicaciones a Soluciones de Gestión, la empresa tapadera que los implicados en la red utilizaban para canalizar las supuestas comisiones.
Según el informe de la Guardia Civil, “Joseba [hermano de Koldo] llamó a este y durante el transcurso de su conversación hizo alusión al control policial realizado por la Guardia Civil en la AP-7 cuando se dirigía a Valencia”. Los hermanos dialogaron sobre la Unidad de la Guardia Civil que habría realizado tal control, y el motivo por el cual inspeccionaron la furgoneta que conducía Joseba, llegando a la conclusión de que podría deberse a que llevaba las placas de matrícula de otro vehículo que utilizarían cuando ponen remolque. “En esa conversación, Joseba comentó que le había dicho a los agentes que iba a ayudar a un buen amigo, pudiendo colegir del contexto de la conversación que se trataría de Ábalos”, según el atestado policial. “Antes de resumir la importancia que tiene para la investigación en curso la cronología de hechos de interés expuesta en este oficio conviene matizar qué información ha sido puesta en conocimiento de Ábalos”, aseguran los agentes. Así, en fecha 20 de octubre de 2022 Ramiro Grau Morancho [el abogado aragonés que sacó a la luz el caso Koldo], solicitó al MITMA, al amparo de la ley, información sobre las ofertas que se recibieron en el ministerio durante los meses de febrero, marzo y abril de 2020, para el suministro de mascarillas para el covid, “tanto por parte de empresas españolas como extranjeras, con indicación de la forma de entrada en el ministerio de las ofertas: por procedimiento administrativo, correo electrónico, etc”.
Grau también pidió informes técnicos que se elaboraron sobre ese material, e indicación nominal y detallada, con nombres y apellidos, de los técnicos, altos cargos, políticos, etc., que tomaron las decisiones finales de compra de trece millones de mascarillas a la empresa radicada en Zaragoza Soluciones de Gestión. “Esta petición de información dimanante de Grau hacía alusión directa a la adjudicación de los contratos investigados”, aseguran los investigadores.
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ADIF dictó resolución con fecha 22 de noviembre de 2022 en la que contestó a Grau. En esta resolución ADIF consideraba que no procedía el acceso a esa información al haber sido requerido el expediente de contratación por la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.
“Una vez analizada la solicitud, ADIF considera que no procede conceder el acceso a la información, por lo que se le comunica que la información solicitada forma parte del expediente de contratación que fue requerido el pasado 26 de abril en el seno de las diligencias de investigación número 10/2022 incoadas por la Fiscalía Especial contra la Corrupción”, añade el atestado. Con fecha 26 de mayo de 2022, el expediente de contratación fue entregado a la Guardia Civil. Adicionalmente, ADIF hacía referencia al informe para la fiscalización de los contratos de emergencia celebrados en 2020 para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el covÍd-19, en el ámbito del sector público empresarial estatal no financiero emitido por el Tribunal de Cuentas en su sesión de fecha 27 de octubre de 2022, que corrobora la conformidad a derecho del expediente de contratación. “En el presente caso, ADIF sostiene la total conformidad del expediente a derecho, como por cierto ya ha corroborado el Tribunal de Cuentas”.
FueGrau el hombre que destapó el escándalo. Según el diario El Heraldo de Aragón, el abogado dio el paso a través de un artículo publicado en marzo de 2020 y desde entonces no “ha dejado de insistir pese a las demandas que ha recibido en este tiempo y el ictus que sufrió”. Natural de la localidad oscense de Laguarres, donde nació en 1957, cuenta a sus espaldas con una amplia trayectoria profesional y académica. Ha sido juez, fiscal y profesor universitario.
“Afirma en las entrevistas que ha concedido en los últimos días que lo que le movió a seguir adelante con su investigación fue su voluntad de ejercer el derecho a la información. Envió seis informes a La Moncloa alertando del entramado de empresas y el cobro de comisiones ilegales en la venta de mascarillas a través de contratos públicos valorados en cerca de 54 millones de euros. También escribió el libro Ábalos, jaque mate, en el que apuntaba al exministro de Transportes José Luis Ábalos”, informa Heraldo. De momento, solo es jaque, no mate.