Luz verde a la tramitación de la ley del PSOE para la abolición de la prostitución gracias al PP

07 de Junio de 2022
Guardar
A tramite la ley del PSOE para la abolición de la prostitución gracias al PP, con el voto en contra de 'En Comú'

La proposición de Ley para la abolición de la prostitución impulsada por el PSOE se tramitará en el Congreso con el apoyo del PP, aunque ha roto el bloque de la investidura con grieta en Unidas Podemos. El debate para la toma en consideración de la iniciativa ha dividido a la Cámara entre quienes la ven como violencia contra la mujer y quienes defienden la libertad sexual de las mujeres que la ejercen.

Abolición de la prostitución

Desde el PSOE, su vicesecretaria general, Adriana Lastra ha defendido que la ley pretende perseguir penalmente el proxenetismo y multar a quienes acuden a la prostitución.

“La libertad es disponer de la propia vida y en una democracia las mujeres ni se compran ni se venden”, aseguraba Lastra, cuando defendía en el Congreso la toma en consideración de la proposición de Ley del Grupo Socialista para prohibir el proxenetismo y acabar con la prostitución porque “la explotación sexual de mujeres es una vulneración de los Derechos Humanos y una de las formas más terribles de violencia contra las mujeres”. “La libertad está en ser dueñas, las únicas dueñas, de la propia vida”, señalaba.

Prohibir todas las formas de proxenetismo

Con esta propuesta, el Partido Socialista quiere “prohibir todas las formas de proxenetismo y así dar un paso histórico en el camino de igualdad y de la democracia española”, aseguró Lastra, al tiempo que destacaba que esta medida surge “de las convicciones que mueven al Partido Socialista desde hace 143 años y que dieron sentido a su nacimiento. Por eso somos abolicionistas y por eso presentamos esta iniciativa”.

“Incompatible con la dignidad humana”

En su intervención, la número dos del PSOE recordó que ya hace más de 90 años, en el Congreso se planteó la abolición de la prostitución porque es “incompatible con la dignidad humana”. Hoy, las cifras proporcionadas por el ministerio de Interior estiman que alrededor de 45.000 mujeres son explotadas sexualmente en nuestro país. “¿Hasta cuándo vamos a seguir esperando? ¿Cuántas décadas más tienen que pasar? ¿Cuánto tiempo más, para que las mujeres sean las únicas dueñas de su propia vida?”, preguntaba Lastra. “Este es el momento, este es el tiempo y esta es nuestra responsabilidad”.

Una propuesta de país que tiene cuerpo de ley y alma de pacto

Para la vicesecretaria general “lucrarse con la explotación de las mujeres no tiene espacio en una sociedad libre. El proxenetismo es incompatible con la democracia”. Por ello, esta es una propuesta que nace de un partido pero es “una propuesta de país que tiene cuerpo de ley pero alma de pacto y estamos dispuestas a trabajar con todos los Grupos que compartan el objetivo de acabar con la impunidad del proxenetismo”.

A su juicio combatir el proxenetismo y la explotación de las mujeres “debe ser un acuerdo de país con el que las mujeres no puedan ser compradas, explotadas ni vendidas, que proteja a las víctimas persiguiendo a quienes se lucran de su explotación y de su dominación y así combatir un sistema de valores en el que las mujeres son objeto y no sujeto”.

Movimiento feminista abolicionista

Lastra, que ha agradecido la presencia en la tribuna del hemiciclo de las mujeres del movimiento feminista por “su lucha siempre, su compromiso y su convicción”, ha destacado que se “acabó el tiempo de las excusas y ha llegado el momento de las decisiones”. Ha explicado que los objetivos de la iniciativa son perseguir penalmente el proxenetismo, sancionar a los proxenetas y proteger a las víctimas de prostitución.

“Quien diga que el objetivo del PSOE con esta iniciativa es otro diferente que perseguir al proxenetismo, miente”. En este sentido, ha señalado que con el actual Código Penal es muy difícil demostrar la explotación de las víctimas y ha llevado a la impunidad del proxenetismo. Por eso se reforma este texto legal para castigar al proxeneta y siempre con las máximas garantías para las mujeres víctimas de prostitución “cuya protección es el corazón de esta iniciativa”.

La libertad de las mujeres no tiene precio

Frente a todos los que dicen que es imposible acabar con la prostitución o a las presiones y manipulaciones de un negocio económicamente muy poderoso, la dirigente socialista ha defendido que “la libertad de las mujeres no tiene precio”. “Sabemos que este paso solo es un inicio y que hace falta mucho más para llegar a la abolición” como el compromiso de todas las Administraciones públicas y los consensos políticos y sociales. “Hace falta una ley contra la trata y recursos públicos para atender a las víctimas”, ha dicho.

“Esta ley es solo el primer paso y el camino será largo, pero eso no lo hace más difícil, solo más urgente y hoy, aquí y ahora, es el momento de empezar a caminar. A las socialistas nos encontrarán, siempre, haciendo ese camino. El camino hacia un país en el que toda mujer sea la única y verdadera dueña de su propia vida”, ha concluido Lastra.

La andadura para la abolición de la prostitución

La iniciativa para la abolición de la prostitución comienza ahora su andadura en el Congreso en línea con el modelo sueco y francés y amplía su ámbito a los puteros, con multas e incluso penas de prisión si se trata de una menor. Salvo del PP, la propuesta socialista ha recibido innumerables críticas, con varios argumentos comunes: reproches al camino elegido, mediante una proposición de ley fruto de una disputa previa con Unidas Podemos, y también al fondo del asunto, por optar por un enfoque "punitivista" que olvida las necesidades de las víctimas, en especial una reforma de la ley de extranjería que les dé papeles.

Desacuerdo en Unidas Podemos

Unidas Podemos ha optado por el sí, aunque En Comú ha decidido votar no al considerar que “la ley, con un enfoque paternalista, supondría un grave retroceso en los derechos de las mujeres”, han explicado fuentes de esta formación.

Desde la tribuna, la diputada de Unidas Podemos Sofía Castañón ha reseñado las múltiples discrepancias y ha avanzado que enmendarán el texto para castigar el proxenetismo vinculado a la explotación y reformar la ley de extranjería. Eliminando el artículo que multa a los puteros.

La diputada de En Comú Podem, Aina Vidal, afirmó en Twitter que los morados catalanes iban a votar no a la abolición de la prostitución. Explicaba que la negativa se debe a “que es una ley moralista, paternalista, punitivista y,  que no escucha a todas las mujeres, no trae garantías, mezcla trata con prostitución y técnicamente deja mucho que desear”.

En un hilo de 11 mensajes explicaba que “forzar la división precisamente con la prostitución es irresponsable”. “No puede abordarse de espaldas a las propias mujeres que la ejercen”. Por ello, ha abogado por “partir del respeto y de la valentía de escuchar a todas las mujeres. No queremos que las mujeres sean criminalizadas ni estigmatizadas, queremos escuchar y proteger”, argumentaba.

Censuraba que “la ley no prevé medidas sociales para acabar con la prostitución, ni el acompañamiento, ni la inserción, ni políticas de vivienda o de rentas. Tampoco mejores condiciones de las migrantes para acceder a la ciudadanía”.

Modificación del artículo 187 del Código Penal

En concreto, el texto de la proposición modifica el artículo 187 del Código Penal para que, según ha explicado el PSOE, “castigue de forma general el proxenetismo, sin exigir relación de explotación”.

Penas para los proxenetas

Este nuevo artículo recoge el castigo de prisión de 3 a 6 años y multa de 18 a 24 meses a quien, empleando violencia, intimidación, o abusando de una situación de superioridad, o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima, determine a una persona a ejercer o mantenerse en la prostitución.

Mientras, en el caso de quien «con ánimo de lucro promueva, favorezca o facilite la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de la misma», las penas irían desde 1 a 3 años y las multas de entre 12 y 24 meses.

Más elevadas si es a partir de un acto de violencia

La proposición del PSOE determina que estas penas se impondrán en su mitad superior cuando se ejerzan a partir de un acto de violencia, intimidación, engaño o abuso. También cuando el culpable se hubiera prevalido de su condición de autoridad, agente de esta o funcionario público; cuando el culpable perteneciera a una organización o grupo criminal; cuando este hubiera puesto en peligro de forma dolosa o por imprudencia grave la vida o salud de la víctima; incluyendo cuando la víctima se encuentra en estado de gestación.

Multas a los puteros  

Del mismo modo, la iniciativa socialista busca multar a los puteros -clientes de la prostitución-. Según recoge el texto en su exposición de motivos para la abolición de la prostitución, “las personas que recurren a las mujeres en situación de prostitución participan directamente del entramado que sostiene esta grave vulneración de los derechos humanos”.

Tercería locativa (los dueños de los inmuebles donde se ejerce la prostitución)Los socialistas recuperan la tercería locativa que pena a aquellos que, con ánimo de lucro y de forma habitual, cedan bienes inmuebles o local para favorecer el ejercicio de la prostitución. Es decir, a los dueños de los clubes, locales y pisos donde las mujeres ejercen esta práctica.

Esta medida estaba incluida en la Ley ‘solo sí es sí’ y fue retirada tras un acuerdo entre Podemos, PNV, Junts, PDecAT, EH Bildu, CUP y ERC. Estos partidos reclamaban un debate más sereno sobre este tema y pedían tratarlo en una ley específica como la ley de trata.

No tocará la pornografía

Además, se multará a los clientes de la prostitución. Según recoge el texto en su exposición de motivos, "las personas que recurren a las mujeres en situación de prostitución participan directamente del entramado que sostiene esta grave vulneración de los derechos humanos".

"Estas personas representan la condición de posibilidad para que se produzca la prostitución", ha explicado el PSOE, que propone un "reproche penal" para estas personas: una multa de 12 a 24 meses, que se eleva a prisión de 1 a 3 años y multa de 24 a 48 meses si la persona que presta el acto sexual es menor.

Sin embargo, el texto no incluirá medidas para prohibir la pornografía, a pesar de las reclamaciones que está realizando en este sentido una parte del movimiento feminista en España.

Lo + leído