La catastrófica DANA que azotó la Comunidad Valenciana el pasado 29 de octubre ha dejado tras de sí un rastro de destrucción, pero también controversias en la gestión de la emergencia. Uno de los primeros contratos de emergencia del gobierno de Carlos Mazón ha sido adjudicado a dedo a STV Gestión SL, una empresa en la que trabajó durante cinco años su jefe de gabinete y secretario autonómico de Comunicación, José Manuel Cuenca.
La adjudicación, por un importe de 290.000 euros, corresponde a uno de los cuatro lotes destinados a la limpieza de polígonos industriales afectados. La consellera de Industria, Nuria Montes, fue quien firmó el contrato, justificándolo por la “urgente necesidad” de restablecer el acceso a estas zonas económicas clave. Sin embargo, el vínculo laboral previo entre Cuenca y la empresa adjudicataria ha encendido las alarmas sobre posibles conflictos de interés en un momento en que la gestión de los fondos públicos debería ser especialmente escrupulosa.
El núcleo duro de Mazón: relaciones y adjudicaciones
José Manuel Cuenca, mano derecha de Mazón en el Palau de la Generalitat, trabajó entre 2017 y 2023 como responsable de Comunicación y Relaciones Institucionales en STV Gestión SL, antes de dar el salto a la política como asesor del grupo parlamentario popular en las Corts Valencianes. Este estrecho vínculo profesional y personal con el presidente valenciano –ambos comparten incluso residencia en València– refuerza su posición como figura clave en el equipo del líder del Consell.
Desde el paso de la DANA, Cuenca no se ha separado de Mazón, gestionando la estrategia de comunicación del gobierno autonómico en plena crisis. Sin embargo, según información publicada por *The Objective*, Cuenca estuvo ausente del Palau en las horas críticas del 29 de octubre, atendiendo un asunto “particular” en Xàtiva, a unos 60 kilómetros de València.
Una empresa con peso en contratos públicos
STV Gestión SL no es una desconocida en el ámbito de los contratos públicos. Con unos activos que alcanzan los 76 millones de euros, según sus cuentas de 2023, la firma cuenta con una importante cartera de adjudicaciones, principalmente en Murcia y Alicante. Su inclusión en el contrato de emergencia, junto a otras tres empresas, ha levantado sospechas debido a la relación previa de Cuenca con la compañía.
El contrato, que suma en total 1,1 millones de euros, incluye la limpieza de polígonos industriales en localidades como Albal, Beniparrell, Catarroja y Massanassa. Pese a las explicaciones ofrecidas por la Conselleria de Industria, que asegura que se eligieron empresas con “disponibilidad inmediata” para actuar, las críticas por la falta de transparencia y la posible influencia del entorno de Mazón no han tardado en llegar.
Industria defiende la adjudicación
La consellera Nuria Montes, señalada por sus polémicas declaraciones tras la DANA, ha defendido la necesidad de agilizar los trámites para evitar mayores pérdidas económicas en los polígonos afectados. Según la documentación oficial, el contrato de emergencia fue tramitado mediante una adjudicación negociada sin publicidad, un procedimiento amparado por la legislación en casos de emergencia.
Sin embargo, las explicaciones de Montes no han disipado las dudas. Fuentes de la Conselleria aseguran que José Manuel Cuenca “no ha tenido nada que ver” con el proceso de adjudicación y que la selección de STV Gestión SL se realizó de forma técnica, basándose en la capacidad de respuesta de la empresa. Además, se ha contratado una asistencia técnica por 76.230 euros para supervisar la ejecución del servicio.
La sombra del conflicto de interés
A pesar de las justificaciones, la adjudicación ha puesto de relieve la influencia del entorno cercano de Mazón en las decisiones del Consell. La falta de licitación pública y la elección de una empresa vinculada al jefe de gabinete del presidente generan una percepción negativa en torno a la transparencia y la ética en la gestión de los recursos públicos.
Este episodio se suma a otras decisiones controvertidas del gobierno de Mazón, que enfrenta críticas por la falta de planificación y coordinación durante la emergencia. Mientras el presidente y su equipo político gestionaban la crisis desde un núcleo cerrado, consellers y otros altos cargos quedaron al margen de las decisiones clave, según fuentes cercanas al Ejecutivo.
El impacto en la imagen del gobierno valenciano
La polémica por esta adjudicación llega en un momento delicado para el gobierno de Carlos Mazón, que debe demostrar su capacidad de liderazgo en una crisis sin precedentes. Las críticas por la gestión de la emergencia y la falta de transparencia en los contratos públicos amenazan con erosionar la confianza en un Ejecutivo que asumió el poder hace apenas unos meses.
Por su parte, la oposición ya ha solicitado explicaciones en las Corts Valencianes, señalando la necesidad de garantizar que los contratos de emergencia se realicen con la máxima transparencia. Este episodio pone de manifiesto la importancia de blindar los procesos de adjudicación contra cualquier sospecha de favoritismo, especialmente en situaciones de emergencia en las que está en juego no solo el dinero público, sino también la credibilidad de las instituciones.
Un precedente preocupante
Este contrato de emergencia podría marcar un precedente preocupante en la gestión del gobierno de Mazón, que se enfrenta al reto de equilibrar la rapidez en la respuesta ante desastres con el cumplimiento de los estándares éticos y legales. La adjudicación a STV Gestión SL no solo pone en el foco a su jefe de gabinete, sino también a la consellera de Industria, cuya gestión durante la crisis ha sido ampliamente cuestionada.
En un momento en que la Comunidad Valenciana necesita unidad y confianza en sus líderes, estas polémicas no hacen sino aumentar la desconfianza en la gestión pública. La transparencia y la rendición de cuentas deben ser una prioridad para evitar que la emergencia se convierta en un terreno abonado para las sospechas y los conflictos de interés.
El caso de STV Gestión SL será, sin duda, un tema recurrente en el debate político de las próximas semanas, mientras los ciudadanos afectados por la DANA siguen esperando respuestas y soluciones claras por parte de sus líderes.