La socialdemocracia que ahora defiende Pedro Sánchez, que no es otra cosa que la "versión española" del socialismo pragmático que fundó Manel Valls en Francia y que ha terminado con la práctica desaparición del PSF de las posibilidades de gobernar el país vecino, ha tenido como consecuencia que el presidente del Gobierno se haya quedado solo a la hora de frenar un impuesto justo y necesario como es el que debe grabar a las grandes fortunas y a los rendimientos del capital.
Podemos se ha hartado de las constantes depauperaciones de los proyectos de ley que presenta ante el Consejo de Ministros y ha decidido acudir solo a la hora de registrar en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para crear un impuesto especial a las grandes fortunas que complemente al de Patrimonio.
La propuesta se dirige, principalmente, a la acumulación de riqueza. Además, el texto introduce una cláusula "anti-neoliberales" para blindarlo frente a las minusvaloraciones de las comunidades autónomas gobernadas por la derecha.
La formación morada se ha cansado de esperar por Sánchez, pero la proposición de ley se plantea como una parte del "pacto de rentas" que propuso el presidente del Gobiernopara afrontar la crisis provocada por la guerra en Ucrania. El hartazgo de Podemos viene, sobre todo, por las repetidas veces en que el PSOE se ha puesto en contra de cualquier medida fiscal que atentara contra los intereses de millonarios o de grandes empresas.
Cláusula "Anti-Ayuso"
La proposición, al estar planteada como un impuesto de recaudación nacional, busca que las comunidades autónomas no puedan modificarla de manera unilateral y, así, evitar la aparición de "paraísos fiscales interiores en los que las grandes fortunas se puedan refugiar para evitar el pago de impuestos", afirma el texto. Evidentemente, esta es una referencia a la Comunidad de Madrid.
Por otro lado, Podemos advierte de que, en el actual debate sobre el pacto de rentas, quienes deben sufrir contenciones no son las rentas del trabajo, sino las del capital. Además, señalan que las rentas de más de 10 millones de euros anuales "en su inmensa mayoría provenientes de rendimientos del capital, deben contribuir en mayor medida a la recuperación económica, al sostenimiento del Estado del Bienestar y a atajar las consecuencias económicas de la invasión de Ucrania".