Las direcciones regionales de Podemos Comunidad de Madrid e Izquierda Unida Madrid han llegado a un preacuerdo por el que confluirán juntas a las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2023. Un preacuerdo que tendrá que ser ratificado por las bases de las dos formaciones las próximas semanas.
La situación en la región es insostenible
El desmantelamiento de los servicios públicos, la vulneración de los derechos sociales y la profundización en la desigualdad son el resultado de décadas de gobiernos del Partido Popular, de los cuales Isabel Díaz Ayuso representa su máximo exponente. A los devastadores efectos vitales, sociales y económicos de la COVID-19, se le une ahora una crisis por la inflación.
La población madrileña ha visto cómo se dispara el coste de los bienes de primera necesidad, las hipotecas, la electricidad o la gasolina. Frente a este contexto, el Gobierno del PP de Ayuso, lejos de tomar ninguna medida, se ha dedicado a intentar boicotear las medidas puestas en marcha por el Gobierno de coalición.
Un preacuerdo con vocación de Gobierno
En palabras del coordinador de Podemos Comunidad de Madrid, Jesús Santos “Este preacuerdo nace con una vocación de Gobierno, como estamos demostrando en diferentes municipios de la región”. Santos añade “lo que nos une es la responsabilidad de que el cambio llegue a la Comunidad de Madrid”.
Para el coordinador de IU Madrid, Álvaro Aguilera, “Izquierda Unida y Podemos han logrado un preacuerdo en la Comunidad de Madrid que no es para las organizaciones, sino para garantizar la voz de la clase trabajadora en las instituciones. Tenemos programa, tenemos militancia y tenemos proyecto. El futuro está por conquistar”. Ante los siguientes pasos a realizar, Aguilera ha señalado “la última palabra la tendrán las militantes y simpatizantes de nuestras organizaciones, pero confiamos lograr una amplísima ratificación”.
Hay que cambiar Madrid
Ante esta situación, en palabras de la candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Alejandra Jacinto, “el pasado 13 de noviembre, vimos cómo la sociedad madrileña es capaz de movilizarse masivamente en defensa de sus derechos. Las organizaciones políticas tenemos que estar a la altura y eso explica esta confluencia por la que estamos apostando”. Jacinto matiza “aún así, también sabemos que las organizaciones políticas, por sí solas, no pueden cambiar Madrid. Necesitamos una amplia confluencia social que incorpore a toda la gente, colectivos y organizaciones sociales que quieren construir un proyecto de región justo, ecológico y feminista”.
Por su parte, la portavoz de IU Madrid, Carolina Cordero, ha asegurado que “este acuerdo pretende ser la punta de lanza de un candidatura que defienda la dignidad de las trabajadoras y trabajadores madrileños. Para ganar Madrid en 2023 y revertir la desigualdad y el desequilibrio territorial que siguen creciendo cada día, impulsando un modelo de región que blinde nuestros servicios públicos”.
Un acuerdo deseado
Roberto Sotomayor, candidato a la alcaldía de la ciudad de Madrid, expresa que está “ muy orgulloso de este acuerdo. Es un acuerdo que nos llevaban tiempo pidiendo los vecinos y vecinas de Madrid, los que están hartos de Almeida, y de que siempre sea lo mismo. De la corrupción, de los recortes, y de los que gestionan solo para unos pocos. Hoy, el votante progresista tiene motivos para ilusionarse de nuevo, porque hemos dado un paso importante en la carrera hacia mayo, un paso en la construcción de una alternativa para ganar.”
Por último, la coordinadora de IU Madrid Ciudad, Yolanda Rodríguez ha señalado que “hace siete años demostramos que había otra forma de hacer política municipal, poniendo a la ciudadanía en el primer lugar de prioridades para el Ayuntamiento. En 2023 tenemos una nueva oportunidad para recuperar el Ayuntamiento y este acuerdo es un primer paso para lograrlo”.
Entre otras cuestiones, en este preacuerdo se pone de manifiesto las líneas generales que sientan las bases del futuro programa electoral, como son una reforma fiscal justa que acabe con los regalos fiscales a los p para financiar los servicios públicos, dejar de ser un paraíso fiscal para las grandes fortunas, para ser una región más justa para la mayoría social; la garantía del derecho a la vivienda regulando los precios de los alquileres, impulsando un auténtico parque público de vivienda; afrontando el encarecimiento de la vida abaratando el abono de transporte, transformando el modelo productivo para promover el reequilibrio territorial, la transición ecológica y el empleo de calidad. Y en definitiva para blindar y garantizar los servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación, el transporte, las políticas sociales y la cultura.