La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, lanzó un contundente ataque al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien acusó de sumarse a la “omertà” y a la “ley del silencio” que, a su juicio, rodea las pesquisas sobre la esposa del jefe del Ejecutivo, Begoña Gómez. La reacción de Belarra llegó pocas horas después de que el juez de Instrucción 41 de Madrid solicitara al Tribunal Supremo la investigación al ministro Félix Bolaños por presuntos delitos de malversación de fondos públicos y falso testimonio.
Para Podemos, el contraste entre la actuación del Gobierno y la exigencia de claridad es insostenible. Belarra defendió que su formación mantiene una “distancia total” con el Ejecutivo, lo que, dijo, le permite emitir juicios “bastante justos” sobre el entramado de escándalos que rodea al PSOE.
Así, puso en paralelo la apertura de diligencias por el supuesto “lawfare” contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, con las investigaciones por corrupción que afectan directamente a dirigentes socialistas y al entorno familiar de Pedro Sánchez. Mientras crece el ruido mediático por las presuntas comisiones ilegales en adjudicaciones de obra pública que afectan a ex altos cargos como Santos Cerdán o José Luis Ábalos y a asesores como Koldo García, Podemos reclama que el “caso Begoña” se investigue “hasta el final” antes de perseguir penalmente a Bolaños.
La portavoz morada se refirió, además, a la controversia en torno a la instrucción de Isabel Díaz Ayuso en Madrid como ejemplo de la “guerra sucia judicial” a la que, según ella, se recurre para tapar otros episodios de corrupción. Aun reconociendo que “es difícil separar el grano de la paja” en tantos procesos, Belarra insistió en que los socialistas deben aclarar cómo es posible que quienes manejaron la Secretaría de Organización del partido pudieran “meter la mano en la caja” sin levantar sospechas hasta ahora.
Esta dura andanada de quien fuera socio de gobierno del PSOE refleja una tensión creciente dentro del propio espacio de la izquierda. Podemos trata de marcar perfil propio ante sus votantes, presionando al PSOE para elevar el listón de la transparencia y distanciarse de prácticas que, en su opinión, ponen en riesgo la credibilidad institucional.
La formación de Belarra advierte de que la “ley del silencio” no solo deteriora la confianza en el Ejecutivo, sino que erosiona los cimientos del pacto de gobierno al traer de nuevo al debate público la figura de Félix Bolaños, pieza clave en la coordinación parlamentaria y en la gestión de relaciones con los aliados.
Por su parte, el PSOE se ha limitado a invocar la presunción de inocencia de los implicados y a subrayar que las decisiones judiciales deben respetarse sin interferencias políticas. No obstante, en los pasillos de Ferraz crece la inquietud por la acumulación de procesos abiertos: además del “caso Begoña”, persisten investigaciones sobre contratos públicos irregulares y uso de software universitario, y el presidente Sánchez se ve obligado a defender en público la honorabilidad de su entorno.
Desde el punto de vista jurídico, la exposición razonada que envió el juez Peinado al Tribunal Supremo busca precisamente dilucidar si los hechos atribuidos a Bolaños (la presunta contratación irregular de una asesora para la esposa del presidente y las contradicciones en su declaración) revisten entidad suficiente para abrir una pieza separada contra un aforado. La decisión del alto tribunal será, en cualquier caso, un termómetro de hasta qué punto la cooperación entre instituciones y el Ejecutivo soporta la presión de nuevas imputaciones.
El traslado del caso a la Sala de lo Penal del Supremo, mientras Podemos exige agotar la instrucción, disparará el debate político en los próximos días. El partido morado ha anunciado que esperará a conocer el detalle de las diligencias antes de emitir un dictamen definitivo, pero ya anticipa que su hoja de ruta incluye “investigar hasta el final” y, si procede, pedir responsabilidades penales.
La correlación entre la crítica de Belarra y la evolución procesal marca, en definitiva, un momento de máxima tensión en la coalición de Gobierno y en los socios parlamentarios. La exigencia de Podemos a Sánchez no es solo un toque de atención interno: persigue dejar claro ante la opinión pública que, en su visión, ninguna persona ligada al poder estatal debe quedar al margen de la justicia, por mucho que su jerarquía institucional ponga en juego la estabilidad del Ejecutivo.