La clase política vive totalmente alejada de la realidad de las personas que les votan. No se trata de los unos o de los otros. Todos son iguales. Se mueven sólo por motivaciones dirigidas por sus propios intereses. El pueblo no importa y hoy se ha vuelto a demostrar con una decisión absolutamente bastarda por parte de la derecha, tanto la española como la supremacista catalana.
Hoy se votaba en el Congreso de los Diputados el decreto Ómnibus que incluía la validación de importantes decretos del gobierno, entre los que se encuentra la revalorización de las pensiones, es decir la subida en base al IPC, y las ayudas al transporte público que tanto está impactando en la economía de las familias trabajadoras.
Sin embargo, el fango de la política ha entrado en juego. Tanto Junts como el Partido Popular votarán en contra de que los jubilados españoles tengan la subida anual de sus pensiones. El PP impide que los pensionistas revaloricen sus pagas. Todo por una cuestión táctica y para, posteriormente, intentar quedarse con el mérito. Lo que han hecho hoy va también en contra de los pensionistas que les han votado y de los jubilados de Cataluña.
El partido liderado por Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso confirmaron en la mañana de hoy que no apoyarían la validación de los decretos del gobierno. Todo parecía indicar que los populares iban encaminados a la abstención, lo que habría permitido que las pensiones se revalorizaran.
Sin embargo, el PP ha visto una oportunidad para desgastar al gobierno de Pedro Sánchez al conocerse que Junts, el partido que representa a la derecha supremacista catalana, iba a votar en contra. La táctica estaba clara: tumbar el decreto para, antes de la votación, presentar un proyecto de ley sólo para la revalorización de las pensiones. Esto es la política. Tacticismo puro y duro sin importar las consecuencias que tenga para la gente, para los pensionistas y para los trabajadores.
Sí, las familias de clase media y trabajadora, porque otra de las cosas que no se aprueba son las ayudas al transporte público. Esta medida ha dado oxígeno económico a cientos de miles de familias que han visto cómo dejaban de pagar un 50% o un 60%, dependiendo de la Comunidad Autónoma, de su factura en transporte. En Madrid, por ejemplo, un abono mensual de la zona C1-C2 tiene un coste superior a los 90 euros. Con las ayudas al transporte, las familias trabajadoras pagaban sólo 32 euros. Con los salarios actuales, 60 euros es una cantidad importante. Sin embargo, el tacticismo político de acorralar al gobierno ha impedido esto.
La lucha política se entiende en cuestiones políticas, pero no en lo relacionado con elementos de carácter social. Es bastardo que ese tacticismo del PP y de Junts haya llevado a una situación crítica para, precisamente, los más vulnerables.