Nuevo ejemplo de entreguismo de Pedro Sánchez hacia las reclamaciones de Carles Puigdemont. Eso sí, en este caso, conlleva un beneficio para la ciudadanía y no sólo para él, como ha ocurrido con los más de 300.000 millones de euros que costará la investidura por las cesiones realizadas al independentismo catalán…, y lo que queda.
En este caso, Junts, para votar a favor del nuevo decreto ómnibus, reclamó que se tramitara en el Congreso su proposición no de ley (PNL) para que Pedro Sánchez se sometiera a una moción de confianza. Jurídicamente, esto era un brindis al sol o una muestra de poder por parte de Puigdemont, dado que la moción de confianza es una prerrogativa exclusiva del presidente y del gobierno. No es una censura. Sin embargo, el líder independentista huido de la justicia ha logrado hacer ver a su masa electoral que el que manda en España es él y que el que decide lo que se hace en España es únicamente él, no Pedro Sánchez.
Dicho y hecho. La Mesa del Congreso ha acordado hoy admitir a trámite la PNL de Junts que insta al presidente del Gobierno a someterse a una moción de confianza. La proposición se debatirá en el Pleno el 25 de febrero o el 11 de marzo.
Eso sí, tanto el PSOE como Sumar han conseguido que lo acordado en la Mesa sea una versión rebajada de lo que reclamaban los de Puigdemont, dado que se ha pasado de la exigencia absoluta a «considerar la oportunidad» de someterse a la moción de confianza.
Con este movimiento, el gobierno ha conseguido dos objetivos: el primero, que se apruebe el nuevo decreto ómnibus que incluye medidas tan importantes como la revalorización de las pensiones, las ayudas al transporte público o a los afectados por la Dana. En segundo término, la eliminación de cualquier elemento coercitivo de la PNL de Junts que condicionara aún más la débil situación del Ejecutivo en el Parlamento.
Evidentemente, no hay ningún tipo de vinculación jurídica porque la prerrogativa para la moción de confianza es personal del presidente y, además, debe aprobarse en Consejo de Ministros. El poder legislativo no tiene ningún poder ni atribución como, por ejemplo, sí sucede con la moción de censura.