Pedro Sánchez ha asumido todo el control de los 140.000 millones de euros en ayudas europeas. La mayoría de los españoles se hacen un lío cuando llevan más de cien euros y unas cuantas facturas en el bolsillo pero el presidente del Gobierno está dispuesto a manejar, él solito, ese ingente y mareante volumen de dinero que en principio debe servir para rescatar a los españoles de la crisis de proporciones bíblicas que deja la epidemia de coronavirus. En principio puede ser una buena idea que Presidencia centralice el maná de Bruselas como forma eficaz de aliviar las trabas burocráticas y evitar la corrupción, ese mal tan español. Es el nuestro un país de fenicios y por experiencia sabemos que transferir fondos a las comunidades autónomas y ayuntamientos en ocasiones es tirarlo a la basura o entregárselo directamente a los buitres, parásitos, vividores y aprovechados que medran a la sombra del consejero o concejal de turno. Ya lo dice la propia palabra: dinero a fondo perdido, o sea, que el parné suele perderse por los intrincados laberintos y pasillos de la Administración periférica. Véase Gürtel, sin ir más lejos.
De modo que esta vez Moncloa pretende que las ayudas lleguen a su destino, lo cual es una buena idea si es que funciona finalmente, y de paso aligerar los trámites para la concesión de las subvenciones, ya que España también tiene un grave problema con la burocracia, aquello del vuelva usted mañana de Larra que no terminamos de superar. Aquí hasta para abrir un bar en la esquina le piden a uno un informe técnico que ni la NASA, además de un aluvión de licencias, permisos de obra, solicitudes, avales, albaranes, justificantes, papeles timbrados y demás parafernalia de polvorientos negociados más propia del siglo diecinueve que de la era digital. Sánchez quiere acabar con todo eso dando el salto definitivo a la modernidad, a la Administración única y virtual, y esa es sin duda una buena noticia.
Está claro que el Gobierno tiene un plan para el reparto del manantial europeo, ahora bien, cómo piensa llevarlo a cabo es otra historia muy diferente. Hoy mismo la Cadena Ser ha informado de que está en marcha un real decreto ley que según la emisora privada “incluye una auténtica sacudida a la Administración pública y va a permitir al Ejecutivo adelantar hasta el 50 por ciento de la financiación que obtengan los proyectos”. El plan consiste en 79 folios elaborados por el Ministerio de Presidencia que, en primer lugar, crea una ventanilla única para solicitar las ayudas y una figura mixta llamada PERTES (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica, un híbrido entre el Estado y el sector privado para desarrollar aquellas ideas a las que las empresas no se arriesgarían por sí solas sin la ayuda de los fondos). La ventanilla única sin duda ayudará a simplificar los trámites administrativos siempre farragosos, aunque cabe preguntarse si tales PERTES −esa palabra a la que tendremos que empezar a acostumbrarnos− no acabarán convirtiéndose finalmente en un sumidero por el que se canalice la fuga de dinero público hacia sociedades y empresas con actividades fraudulentas. La alianza público-privada es una iniciativa interesante que puede ayudar a reactivar la economía nacional, pero es evidente que en un país con los antecedentes de España será necesario articular organismos que controlen y fiscalicen que las ayudas llegan adonde deben llegar y no se pierden por el camino. El mero hecho de que se hayan aprobado “subvenciones sin concurso por orden de solicitud” abre una inquietante incertidumbre, ya que por experiencia sabemos de lo que es capaz una red corrupta tejida alrededor de las ayudas oficiales cuando se trata de adjudicar proyectos sin las debidas garantías. Tampoco ayuda a inspirar confianza que el control previo de la Administración quede reducido a cinco días hábiles “sin que quepa prórroga alguna”, según el plan Sánchez, ni que los famosos PERTES tengan “prioridad sobre cualquier otro contrato”, ya que ese hecho puede favorecer el enchufismo de unos empresarios sobre otros.
Por último se crearán cinco órganos de gobernanza bajo Presidencia del Gobierno. El fundamental es una Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, que establecerá los planes a acometer y que presidirá el propio Sánchez. Por debajo de ella habrá un Comité Técnico que le dará soporte. Además, se pone en marcha una segunda línea de control sobre las ayudas: la Unidad de Seguimiento del Plan, que “proporcionará información continua al presidente del Gobierno”. Moncloa tendrá, por tanto, un doble control sobre los planes. Para el anecdotario queda que la Comisión estará compuesta por once ministros −diez del PSOE (Calviño, Ribera, Montero, Ábalos, Celáa, Maroto, Planas, Duque, Illa y Escrivá) y uno de Unidas Podemos (Yolanda Díaz)− en lo que se antoja el correctivo o vendetta de Sánchez contra Pablo Iglesias por estos últimos días de refriegas y navajeos en el Gobierno de coalición (Bildu, enmienda de desahucios, etecé).
En cualquier caso, la clave de todo el engranaje está en que el trámite de autorización, ejecución y seguimiento de las ayudas dependerá personalmente del jefe del Ejecutivo, lo cual no deja de ser una tarea casi homérica. Si Sánchez sigue con su día a día, como cualquier gobernante europeo, y al mismo tiempo es capaz de llevar bajo el brazo la agenda de cada uno de los cientos de proyectos que pasarán por la ventanilla única de la Comisión para la Recuperación, definitivamente estamos en presencia de un superdotado de la política y todo un candidato al Premio Nobel de Economía. Por el bien de todos, que así sea.