El presidente del Gobierno está citado a declarar en calidad de testigo ante el juez Juan Carlos Peinado el próximo día 30 de julio por las diligencias que se instruyen sobre la presunta comisión de los delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.
Según publicaron determinados medios de comunicación, el presidente estaba dispuesto a ponerse ante el juez, quien se iba a trasladar al Palacio de la Moncloa para realizar el interrogatorio.
Sin embargo, en un giro de los acontecimientos, hoy se ha hecho público un escrito que Sánchez ha registrado en el juzgado en el que reclama que esa declaración se haga por escrito.
El presidente del Gobierno comienza el escrito reprochando que se enterara de su citación por los medios de comunicación y que «como no puede ser de otro modo» tiene la intención de colaborar con la Justicia siempre dentro del cumplimiento estricto «de la Constitución Española y la Ley que a todos nos vinculan y que son la máxima garantía de nuestro Estado de Derecho. Por ello, con el fin de garantizar el estricto cumplimiento del Ordenamiento Jurídico y dadas las cuestiones que son objeto del citado procedimiento, esa declaración debe producirse conforme a lo establecido en el art. 412.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que prevé que, por razón de mi cometido como Presidente del Gobierno, mi declaración se deberá prestar por escrito […] No tengo duda de que V.I. compartirá la necesidad del máximo respeto a nuestro marco constitucional y legal y, por lo tanto, a lo establecido por la Ley de Enjuiciamiento Criminal respecto a la institución del Presidente del Gobierno», afirma Sánchez.
El hecho de declarar por escrito no es algo ajeno a los altos cargos de la política española. Sánchez ha hecho lo mismo que hizo Esperanza Aguirre cuando evitó el «paseíllo» en la Audiencia Nacional cuando fue citada a declarar en referencia al Caso Gürtel. Luis de Guindos también lo hizo en la instrucción del Caso Bankia, exactamente igual que Jesús Posada, Miguel Arias Cañete y Celia Villalobos en el Caso Fabra o Federico Trillo en la causa del Yak-42. También declararon por escrito María Dolores de Cospedal, Javier Arenas y Ángel Acebes respecto a la presunta financiación ilegal del PP.
Pero el uso de ese privilegio no se circunscribe sólo al Partido Popular, dado que altos cargos del PSOE también evitaron ponerse ante un juez con los mismos argumentos que ha presentado Pedro Sánchez. Leire Pajín y Elena Salgado evitaron acudir al Supremo para responder sobre el Caso Campeón, en el que estaba implicado el exministro Pepe Blanco, ahora lobista y conseguidor de rescates.
El propio Felipe González eludió acudir al juzgado a través de una declaración por escrito en un caso de supuestas torturas a Tomás Linaza. En ese mismo caso también utilizaron esa prerrogativa los exministros de Justicia e Interior, Fernando Ledesma y José Barrionuevo.