El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Collado Villalba ha decidido reabrir la investigación por la responsabilidad de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y los exconsejeros Enrique López y Enrique Ruiz Escudero en las muertes de mayores en las residencias de la región durante la primera ola de la pandemia de la Covid-19, según adelantó ayer por la tarde ‘El Salto’
En un auto fechado el 2 de octubre, al que ha tenido acceso Diario16, la jueza reabre la causa respecto a los tres aforados, por orden de la Audiencia Provincial de Madrid, y acuerda “la práctica de diligencias para determinar si concurren o no indicios de la comisión de un delito de homicidio o lesiones imprudentes u omisión del deber de socorro”.
Ayuso y el protocolo de la vergüenza
La Audiencia Provincial de Madrid estimó el recurso de apelación planteado contra el auto en el que se acordaba el sobreseimiento provisional de la causa respecto a la presidenta y los dos exconsejeros de Justicia y Sanidad, por los protocolos de la vergüenza, que provocó la muerte de decenas de miles de personas mayores en la Comunidad de Madrid.
La denuncia había sido presentada por los familiares de una persona fallecida en marzo de 2020 en el centro residencial Torrelodones-Sanitas Mayores.
Entre otras diligencias, la jueza cita a declarar en calidad de testigos el próximo 7 de noviembre al exconsejero de Políticas Sociales Alberto Reyero, al exdirector general de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid Carlos Mur y a la exdirectora de Salud Pública Yolanda Fuentes para aclarar su relación con los protocolos de no derivación de personas mayores de residencias a hospitales durante la primera ola de la pandemia.
Asimismo, pide a la Consejería de Sanidad que aporte al Juzgado el plan de choque, anunciado el 26 de marzo de 2020, su desarrollo, implementación y recursos utilizados en el mismo; los protocolos de coordinación para la atención de pacientes institucionalizados en residencias de personas mayores de la Comunidad de Madrid durante la Covid-19, adoptados por la Dirección General de Coordinación Socio-Sanitaria y los recursos sanitarios y Equipos de Protección Individual (EPI) facilitados por la Comunidad de Madrid a las residencias desglosados por fechas.
Ayuso “permitió” la muerte de mayores en las residencias a través del “protocolo de la vergüenza”
El exconsejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, con Ciudadanos, Alberto Reyero tiró de la manta y contó en la Cadena SER cómo “había una mano negra en la Presidencia de la Comunidad de Madrid buscando culpables de lo que ocurrió en las residencias”.
Ayuso “permitió” la muerte de mayores en las residencias durante la pandemia
Durante la pandemia murieron en España casi 35.000 personas en las residencias de mayores. Solo en Madrid fallecieron 7.200 ancianos. Muchos no recibieron la atención sanitaria que merecían, ante unos sistemas de salud desbordados y con falta de medios y personal. Dos años y medio después de lo peor de la enfermedad, poco o nada ha cambiado en el modelo de cuidados a la tercera edad. Las causas judiciales abiertas no han prosperado y tampoco ha habido ningún tipo de responsabilidad política.
Alberto Reyero era uno de los responsables del Gobierno de Ayuso cuando los mayores morían en las residencias sin recibir ningún tipo de atención. Por eso, ha decidido contarlo todo, aunque muchas de estas cuestiones ya se sabían.
Morirán de forma indigna o como actuó Ayuso durante la pandemia
Reyero publica en unos días Morirán de forma indigna (Libros del KO), un relato sobre aquellos días tan complicados. Una bomba mediática contra Isabel Díaz Ayuso, pero también contra Ciudadanos. El exconsejero terminó dimitiendo cuando se atrevió a decir en público lo que estaba pasando en las residencias.
El protocolo de la vergüenza
Reyero comenzó recordando que sí conocía ese protocolo. “Estaban muy nerviosos por lo que significaba. El gerente de la Agencia Madrileña de Atención Social me lo enseñó y me explicó lo que significaba. Suponía excluir a personas que tuvieran no solo COVID, sino cualquier otra dolencia que tuviera un nivel de dependencia del dos o del tres”.
El ‘protocolo de la vergüenza’ era la imposibilidad de que las residencias derivaran a hospitales a personas que lo necesitaban, discriminando por su edad, sexo o grado de incapacidad.
“Había una serie de requisitos: las personas que estaban en condiciones aceptables no entraban en la exclusión, pero como nos dijo una directora de una residencia, por el simple hecho de estar en una residencia y estar en una silla de ruedas ya no podías ir a un hospital” dice Reyero.
Reyero continúa desgranando las vergüenzas que sucedieron aquellos días durante el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso: “Es algo que yo siempre me he preguntado y la única explicación que yo creo que puede ser verosímil es que empezaran con estas exclusiones de manera verbal y debió haber algún tipo de rebelión interna y pedir que fuera por escrito”, dejando claro que todo estaba por escrito. Además, el exconsejero avisó y le informaron de que el protocolo no se estaba aplicando. Sin embargo, como después se demostró, sí se estaba haciendo. Reyero cuanta como “el bajón era considerable en el traslado a hospitales”.
Responsabilidad política
“Hubo una reunión en la que estuvieron el consejero de Sanidad, la presidenta, el consejero de Hacienda, Lasquetty, muy relacionado con la Sanidad, el jefe de gabinete de la presidenta y Burgueño (exdirector regional de hospitales) Debieron tomar alguna serie de decisiones porque al día siguiente medicalizaron las residencias. Yo no sé de dónde partió este protocolo, pero los documentos son reales porque están firmados, sabemos quién lo firmó. Sabemos que informó a sus jefes, a la viceconsejera de Sanidad y al consejero de Sanidad. De dónde partió no lo sé, sería una de las preguntas que haría en una comisión de investigación”, explica Alberto Reyero.