Unidas Podemos ha registrado en el registro del Congreso de los Diputados, la solicitud para crear una comisión de investigación parlamentaria “sobre las tarjetas black del Rey Emérito”, según ha anunciado en Twitter su portavoz, Pablo Echenique.
Para Echenique son “Son hechos ocurridos tras su abdicación. No se aplica por tanto la inviolabilidad del artículo 56.3 de la Constitución”. “La Mesa del Congreso no tiene excusa posible para bloquearla”.
Desde Unidas Podemos señalan que han avisado al PSOE de que se iba a presentar la iniciativa.
Texto de la propuesta de comisión
El grupo confederal señala que "a través de los medios de comunicación han conocido que la Fiscalía Anticorrupción está investigando, desde finales de 2019, al Rey Emérito Juan Carlos de Borbón ya Sofía de Grecia, por el uso de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas en las que ninguno de ellos figuraría como titulares. Mediante estas tarjetas se habrían pagado abundantes cuantías de dinero en gastos propios y de otros miembros de la familia real.”
El escrito hace hincapié en que " Los movimientos financieros de esa cuenta y los gastos de esas tarjetas corresponderían a los años 2016, 2017 y 2018, todos ellos posteriores a la abdicación del Rey Emérito en junio de 2014. Se informa asimismo que la justicia española ha remitido comisiones rogatorias a diferentes países para rastrear la procedencia de estos fondos, cuyo origen está siendo analizado por la Fiscalía Anticorrupción”.
Hasta ahora la Mesa del Congreso ha rechazado cualquier intento de fiscalizar a Juan Carlos de Borbón. Ante está imposibilidad de realizar un investigación, el escrito señala el momento temporal en el que ocurrieron los hechos: “tras la abdicación de Juan Carlos de Borbón”.
En este caso ya no se aplicaría la inviolabilidad, aunque sí el aforamiento de Juan Carlos ante el Tribunal Supremo. “ya que se trataría de incrementos de renta no declarados superiores a la cantidad de 120.000 euros en un solo ejercicio y que se habrían cometido cuando Juan Carlos I ya no ostentaba la figura de Jefe del 2 Estado. Además, también podrían ser constitutivos de un delito de blanqueo de capitales, si se acreditara el origen ilícito de este dinero”.
La petición de comisión parlamentaria indica que “Esta semana hemos tenido conocimiento de que el Rey Emérito habría efectuado el pago de 678.393,72 euros a la Hacienda pública española, cantidad que se correspondería con las cuantías defraudadas en el caso de las tarjetas opacas”.
Esta regularización fiscal supondría “la admisión de al menos una parte del fraude investigado por el Ministerio Público y, por ende, el reconocimiento de la comisión de un delito fiscal. Esta maniobra tendría por objetivo evitar que prospere una investigación penal por los delitos fiscales presuntamente cometidos por el Rey Emérito en los años 2016, 2017 y 2018, es decir, con posterioridad a su abdicación”.
Regularización
Como es bien sabido, “la sola implicación de personas de notoria relevancia pública, como lo es el exjefe del Estado, en la presunta comisión de un delito fiscal y un delito de blanqueo de capitales, es una cuestión de interés público que justifica una investigación parlamentaria como la que aquí se plantea·. Lo mismo ocurre con la decisión del Rey Emérito de solicitar “la regularización tributaria prevista por el artículo 305.4 del Código Penal, ya que implicaría la aceptación de muchas de las irregularidades que se le atribuían”, señala el escrito.
No es ocioso recordar que “es la segunda vez en menos de cuatro meses que los medios de comunicación se hacen eco de la existencia de diferentes vías de investigación en torno a la figura de Juan Carlos de Borbón”, tanto en el ámbito interno como en el internacional.
La propia Sala del Tribunal Supremo está todavía investigando el cobro que presuntamente Juan Carlos de Borbón podría haber recibido en forma de comisiones por la construcción del AVE a la Meca. “Ante aquellos acontecimientos, el propio Rey Felipe VI decidió retirar al Rey Emérito la asignación que tenía fijada en los Presupuestos de la Casa del Rey. Asimismo, El Rey Felipe VI también declaró que renunciaba a la herencia de Juan Carlos I que personalmente le pudiera corresponder, así como a -cualquier activo, inversión o estructura financiera cuyo origen, características o finalidad puedan no estar en consonancia con la legalidad-”.