La Justicia ha vuelto a dar credibilidad a una querella de Vox, un partido que está instrumentalizando los juzgados y tribunales de este país con fines políticos. En esta ocasión el perseguido o sometido a caza de brujas es José Félix Tezanos, el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El Juzgado de Instrucción Número 29 de Madrid lo ha citado a declarar en calidad de investigado el 29 de octubre, a las 12.30 horas, a raíz de una querella interpuesta por el partido de Santiago Abascal por un presunto delito de malversación de caudales públicos, según informa Europa Press. Así es esta gente de la ultraderecha, si no ganan o empatan, si las encuestas sociológicas no dan una victoria arrolladora a su partido, rompen la baraja.
Fuentes jurídicas informan de que la magistrada instructora ya ha fijado fecha para la comparecencia. La decisión tiene lugar después de que la Fiscalía interesara al juzgado que archivara la querella al considerar que lo que se expone “son meras sospechas, conjeturas, que relacionan de forma no adecuada, la ineficacia en la realización de encuestas con la administración fraudulenta de la institución CIS”.
La querella interpuesta por la formación liderada por Santiago Abascal sostiene que el funcionamiento del centro desde que Tezanos fue nombrado presidente en 2018 es irregular. Le acusa, entre otras cosas, de manipular la forma de hacer las encuestas para beneficiar al PSOE.
La Fiscalía, sin embargo, aseguró que el escrito de Vox no cumplía con los presupuestos necesarios que puedan legitimar el inicio de una investigación judicial por la presunta comisión de una infracción penal, en particular, un delito de malversación de caudales públicos. En este sentido, indicó que el partido no había acreditado “nada” respecto de los indicios existentes relativos a la comisión del delito denunciado.
El Ministerio Público insistió en que las acusaciones que se reflejan en la querella y las recogidas en el informe pericial tienen tan solo como base distintas noticias de prensa y reportajes televisivos, “así como comentarios y opiniones en redes”. Subrayó que “si bien es cierto” que la elaboración de encuestas forma parte de las funciones asignadas al CIS, dicha tarea se puede cuestionar por su eficacia sin que ese cuestionamiento lleve a exigir responsabilidad penal.
Según la nota difundida por la Fiscalía de Madrid, la Abogacía del Estado –en representación del investigado– recurrió la admisión a trámite de la querella. Los servicios jurídicos alegaron que la investigación penal tiene un carácter prospectivo al considerar que no existe concreción de los hechos objeto de la querella. Asimismo, defendieron que no existen indicios que justifiquen el delito de malversación de caudales públicos.
Vox dio a conocer el pasado agosto que el Juzgado de Instrucción Número 29 de Madrid había admitido a trámite la querella interpuesta contra Tezanos. Según informó el partido, el instructor requirió al CIS que presentara las actas de trabajo en las que se acuerdan los criterios de elaboración de las encuentras entre los ejercicios de 2018 y 2020 o en las que figure justificación para el “cambio de técnicas” aplicables a dichos instrumentos. También pidió el programa de cumplimiento normativo y control de delitos y las cuentas anuales de 2018 a 2020.
La querella se sustenta en un informe pericial en el que –según el partido– “quedan claras las conocidas y notorias desviaciones hacia el PSOE en los resultados de los informes del CIS”.
Vox sostiene que el documento apunta “elevados costes que paga el CIS por las encuestas subcontratadas” y deja clara la “falta de rigor” en la actuación del centro que preside Tezanos, que “no es casual ni aleatoria” y que “se aparta de la técnica y el rigor profesional que debería aplicar en una institución pública al servicio de todos los españoles”.