Editado y publicado en Alemania. Traducido del alemán al catalán por Pere Grau i Rovira (Hamburgo). Publicación original: «Blickpunkt Katalonien» (http://blickpunktkatalonien.com/warum-das-katalanisches-unabhaengigkeits referendum-legal-war-von-prof-axel-schoenberger/
El diálogo político, único camino viable
Una solución del problema entre España y Cataluña no requería ni requiere cambios legislativos, sino de un diálogo político. Este diálogo, desde hace años y de manera probada lo ha deseado la parte catalana y ha probado de efectuarlo, pero el gobierno central español, dirigido por el Partido Popular entonces, se negó permanentemente, incluso después de las elecciones del 21 de diciembre de 2017.
Como consecuencia, se plantea la pregunta de la legitimidad según el derecho internacional tanto del referéndum del 1 de octubre de 2017 como de la proclamación de una república catalana independiente.
Un informe redactado por cuatro acreditados expertos en Derecho internacional, en inglés y con un volumen de 161 páginas –Catalonia’s Legitimate Right tono Decide: Paths tono Self Determination– examina, ya de inicio, el desarrollo histórico desde la entrada en vigor de la Constitución española de 1978.
Los autores del informe recalcan a las notas preliminares (obra citada, pág. 10) que tanto el Tribunal Supremo del Canadá, el 1998, refiriéndose en el Quebec, como el Tribunal Supremo Internacional, el 2010, refiriéndose a la declaración unilateral de independencia de Kosovo, remarcaron que conflictos de este tipo no se pueden solucionar exclusivamente con métodos jurídicos, sino que los hay que encontrar una solución política.
Los cuatro expertos analizan, entre otras cosas, una serie de referéndums y declaraciones de independencia otros países, especialmente la declaración unilateral de Kosovo, que representa un importante precedente para Cataluña, puesto que desde entonces se acepta que una declaración unilateral de independencia, hecha sin violencia, no está en contradicción con el derecho internacional, sino que es permitida como aplicación del artículo 1.º de los Pactos sobre los Derechos Humanos.
En este contexto, los expertos investigan en detalle la pregunta de si el derecho internacional o el europeo impide al pueblo catalán ejercer su derecho a decidir (Right tono decide) sobre su futuro político, y llegan al resultado que éste no es el caso:
Los cuatro juristas expertos destacan incluso que sería ilegítimo interpretar la Constitución española diciendo que esta impide la celebración de un referéndum catalán sobre el tema de la independencia de Cataluña. De las diez conclusiones finales del informe citemos aquí tres de los pasajes centrales:
La actuación de las fuerzas del orden el día del referéndum fue vergonzosa y fuera de lugar, se ensañaron con la gente que lo único que pretendían ra votar, hombres, mujeres y personas de avanzada edad recibieron palizas, golpes de porra e incluso de escudos sin ningún tipo de miramiento, una verdadera vergüenza ocurrido en un país que se declara demócrata al cien por cien. Vean el siguiente vídeo (Tengo más de ochenta)
Así, «ilegítimo» no lo era el referéndum catalán del 1 de octubre de 2017, sino más bien el dictamen del Tribunal Constitucional español cuando declara este referéndum como ilegal. también lo fue la intervención policíaca antes, durando y después del primero de octubre en Cataluña, a causa del cual y en su transcurso, entre otras cosas, se vulneraron masivamente derechos humanos esenciales.
El gobierno español -en colaboración con la fiscalía y la justicia españolas- hizo detener representantes de las grandes organizaciones civiles catalanas y políticos catalanes elegidos, como presos políticos, aunque habían realizado pacíficamente su programa político y habían llevado a cabo la voluntad de sus electores. En cuanto a la colaboración gobierno-justicia, citamos que un alto funcionario del Partido Popular, Pablo Casado, declaró la intención de encarcelar miembros del gobierno catalán y lo anunció cuando no había ni siquiera había tomado posición de su cargo.
Posteriormente la vicepresidenta española, Soraya Sáenz de Santamaría, en un acto electoral, atribuyó a su partido el mérito de haber «decapitado» el independentismo catalán, en cuanto que había hecho encarcelar o huir al exilio sus lideres más destacados.
En un próximo articulo les haré llegar la aprobación, por parte de España, la adhesión a los Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos donde, claramente, se manifiesta la libre determinación de los pueblos. Por tal motivo el estado español está obligado a su cumplimiento y así aparece en la propia Constitución.
