Bancos y compañías energéticas presentan estos días sus balances del pasado año. Y a la vista de los números la primera conclusión que cabe extraer es que con la crisis han ganado más dinero que nunca. El Santander obtuvo ganancias récord: 9.605 millones de euros, un 18 por ciento más que en 2021. Y así todos los grandes buques insignia de nuestra economía. BBVA se embolsó 6.420 millones, un 38 por ciento más. Sabadell 859 millones. Bankinter 560. No hay una multinacional del Íbex 35 que no se haya forrado en los años más duros para este país. Beneficios caídos del cielo, los llaman cínicamente. Resulta indignante el lenguaje que emplean los amos del gran capital para maquillar una situación poco menos que obscena. Mientras los españoles sufren los rigores de la inflación, de los salarios escasos, de las facturas de todo tipo; mientras las hipotecas se convierten en las cadenas de los nuevos esclavos del precariado; mientras miles de personas tienen que apretarse el cinturón y cambiar la dieta mediterránea por las legumbres de posguerra, las élites empresariales y financieras hacen caja sin pudor con el sufrimiento del pueblo.
Basta ya de eufemismos baratos. Los beneficios nunca caen del cielo (del cielo cae la lluvia y con el cambio climático ya ni eso). Los beneficios empresariales salen de los bolsillos de la gente, de las carteras de todos, de los escasos ahorros de los trabajadores. Del cielo puede caer un pedrisco, un meteorito, la cagada de un pájaro, el aire enrarecido del Madrid más contaminado de la historia, pero nunca beneficios empresariales. ¿Qué ha sido de aquello de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), o sea, la filantropía de toda la vida? En España no hay un solo empresario que la aplique y si lo hay se desconoce a qué se dedica. Aquí sigue vigente el modelo decimonónico de la CEOE, mayormente boicotear cualquier subida salarial por miserable que esta sea, levantarse de una mesa de negociación con los sindicatos que suponga mejorar la vida de las clases obreras, hacer la pinza con las derechas para tumbar un Gobierno legítimo que quiere avanzar en el nuevo contrato social entre empresarios y trabajadores, una condición fundamental para el mantenimiento de la paz social y el Estado de bienestar.
El concepto de RSC, acuñado en el siglo XIX por un grupo de empresarios europeos y norteamericanos que se plantearon la necesidad de mejorar la vida de sus trabajadores y compatriotas, se refiere al necesario compromiso, activo y voluntario, que toda compañía privada debe observar en la sociedad en la que vive. Un ejemplo clásico es el de aquella campaña puesta en marcha en 1983 por el ejecutivo Jerry Welsh, vicepresidente de American Express, en la que la firma bancaria destinó un centavo de cada transacción realizada por la entidad con alguna de sus tarjetas de crédito a la restauración de la Estatua de la Libertad. Una iniciativa de ese tipo sería ciencia ficción aquí, en la piel de toro.
Gobiernos progresistas de todo el mundo han tratado de concienciar a las empresas privadas de la gran responsabilidad que tienen en el desarrollo de un país. Una ley francesa de 2001 impone a las corporaciones la obligación jurídica de informar sobre sus contribuciones a la mejora de la sociedad. En 2003, el Brasil de Lula da Silva impulsó un proyecto de Ley de Responsabilidad Social Corporativa para implicar al sector privado en la economía doméstica de los brasileños. Y Kofi Annan, desde su puesto de secretario general de la ONU, quiso estimular la generosidad de las multinacionales para terminar con el hambre en el mundo. Todo fue en vano. La codicia es una enfermedad cada vez más arraigada y tiene toda la razón la ministra Ione Belarra cuando señala a esos capitalistas despiadados que tiran el dinero pornográficamente, sin saber en qué gastarlo, mientras sus paisanos pasan hambre.
Salvo en los países escandinavos, avanzadilla de la civilización humana, la mayoría de las empresas se saltan el capítulo de la Responsabilidad Social Corporativa que debería iluminar cualquier inversión del sector privado. Lamentablemente, hay muchos problemas que necesitan soluciones urgentes y pocos empresarios solidarios, honrados, generosos. La desigualdad, la pobreza, la lucha contra el cambio climático, la ruina de la Sanidad pública, la deficiente educación de la escuela estatal y tantos otros cánceres de la globalización ultracapitalista exigirían de hombres de talla avanzados a su tiempo, de filántropos de verdad.
Unidas Podemos exige que la banca española, esa misma que fue rescatada con impuestos de los ciudadanos tras la crisis inmobiliaria de 2008, “arrime el hombro”. Yolanda Díaz reclama a las entidades financieras que “congelen” hipotecas abusivas. Belarra insiste en tachar de “impúdicos” los beneficios empresariales que no se reparten en mejores salarios ni revierten en inversiones públicas. Pero mientras el PSOE, pieza clave en esta historia, no recupere la esencia perdida del socialismo de verdad y siga teniendo miedo y respeto reverencial a los poderes fácticos financieros no habrá nada que hacer. La crisis no puede ser una excusa para ganar más pasta que nunca a las grandes estirpes del capitalismo salvaje. La crisis no puede ser el río revuelto donde se lucran unos pocos pescadores a costa de la mayoría que sufre. No se llama bolivarianismo ni bolchevismo, se llama justicia social, ese concepto del que las élites no saben (ni quieren saber) y sin el cual no puede funcionar una sociedad democrática y civilizada.
