Redes de usureros actúan en España gracias a testaferros y sociedades pantalla

La pandemia de Covid19 y las graves consecuencias económicas que ha generado en las familias españolas han creado el escenario perfecto para que los prestamistas privados incrementen su producción, con el problema que suponen los elevados intereses usurarios que aplican.

Durante la crisis que azotó desde el año 2008 proliferaron en España las redes de usureros que se aprovecharon de personas necesitadas. Entre esas redes de usureros se encuentran, por ejemplo, entidades como, por ejemplo, SuizaInvest o Suitaprest, administradas por la sociedad Management Mediterranean de Crédito Financiero, SL con sede en barrios selectos de Madrid y Barcelona. Sin embargo, hay muchas más, como informó Diario16 tras la quiebra de dos de estas empresas, Rápido Finance y OK Money. Además, hay entidades con licencia bancaria en España, instaladas en comunidades autónomas como Extremadura o Galicia, que también están aplicando procedimientos usurarios en distintos tipos de préstamos.

Dichas entidades se anuncian en páginas web con situaciones idílicas y ofreciendo el paraíso. Pero la realidad es muy diferente ya que las familias y profesionales que acuden a ellos angustiados en muchas ocasiones se ven abocados a la completa ruina y la pérdida de sus viviendas.

La realidad es que esas redes de usureros constituyen sociedades específicas con el capital mínimo legalmente requerido de 3.000 euros. Dichas sociedades específicas conceden uno de los préstamos usurarios. Las sociedades prestamistas son constituidas por prestanombres o testaferros que aparecen como supuestos socios y administradores de esas sociedades prestamistas usureras pero que no hacen otra cosa que ocultar a los verdaderos titulares de la sociedad y que son los prestamistas usureros finales.

Es evidente que, si el verdadero titular que concede el préstamo usurario se oculta tras testaferros, es porque es consciente de que su actividad de préstamos usurarios es presuntamente ilícita, amén de éticamente reprobable, y por ello no quieren ser identificados como manera de eludir posibles acciones judiciales.

Las sociedades tapadera que conceden los préstamos usurarios en las que figuran los testaferros dicen cumplir con todos los requisitos legales y estar auditadas, inscritas en todos los registros estatales e institutos de consumo preceptivos, pero la realidad es que, en algunos casos, ni siquiera presentan las cuentas en el registro mercantil como es la obligación de todas las sociedades, hecho que es indicativo.

En esa sinuosa y oscura actividad mercantil carente de toda transparencia se plasma también en su solicitud de que los ingresos mensuales de los intereses se efectúen en cuentas de bancos situados en paraísos financieros offshore dentro de la Unión Europea.

En Letonia las sociedades de cartera que se dedican exclusivamente a gestionar las acciones de otras compañías disfrutan de amplios beneficios al estar exentas de tributación por las ganancias y la transferencia al exterior de los beneficios. Letonia es una plataforma para operaciones financieras internacionales que permite a los extranjeros utilizar los bancos de dicho país como cabeza de puente para transferir dinero con bajo coste fiscal desde Europa a otros paraísos fiscales. El coste de dichas transferencias desde Letonia es incluso inferior a los de otros paraísos offshore. Igualmente, Letonia tiene fama de ser uno de los centros de blanqueo de capitales de sus países vecinos.

La finalidad de constituir las sociedades mediante testaferros a sueldo es la de eludir las responsabilidades por posibles reclamaciones y denuncias de los afectados. Tras los testaferros, que no realizan ninguna labor real de administración, se ocultan los verdaderos gestores de las sociedades.

Para todas las gestiones jurídicas se sirven de abogados que cobran supuestamente por asesorar al cliente, cuando realmente trabajan para el prestamista usurero y su labor se centra exclusivamente en asegurarse de que la redacción de la escritura del préstamo o la hipoteca se centre en tratar de eludir las responsabilidades en caso de demandas por usura y cláusulas abusivas. Las escrituras se suelen firmar siempre en las mismas notarías, tal y como han confirmado a Diario16 algunos de los afectados.

Estos usureros del siglo XXI conceden préstamos manifiestamente usurarios y leoninos con intereses desorbitados que alcanzaban y superaban el 14% anual cuando el interés legal del dinero era del 3% y el Euribor estaba al -0,095%. El prestamista no entrega realmente la cantidad que se hace constar en la escritura ya que cobra al cliente por todo tipo de conceptos para encubrir la usura bajo una supuesta prestación de servicios de asesoramiento que el cliente no percibe.

Tampoco se entregan las condiciones vinculantes ni el borrador de escritura con la antelación legalmente establecida y se obliga a los prestatarios a firmar todo tipo de papeles cuyo contenido es falso, para tratar de encubrir las múltiples infracciones de la legalidad que comete el prestamista usurero.

Además, el resto de condiciones son abusivas, con comisiones de apertura desorbitadas, por ejemplo, y haciendo pagar al prestatario los gastos e impuestos de forma contraria a la jurisprudencia que, por la influencia del derecho de la Unión Europea, continúa en su evolución de ampliar y extender la protección tanto a consumidores y usuarios como a las empresas, exonerando a empresarios del pago de infinidad de productos financieros por falta de transparencia, defectuoso asesoramiento etc.

El control por parte de organismos públicos, como el Instituto Nacional de Consumo, de estos chiringuitos y entidades piratas usureras es prácticamente inexistente.

Los afectados de estas entidades contactados por Diario16 afirman que se ven «obligados a acudir a denunciar los hechos a la Audiencia Nacional al ser una red que opera en varias comunidades autónomas y ser infinidad los afectados, al Instituto Nacional de Consumo, la Agencia Tributaria, a la Dirección General de Registros y Notariado, a los Colegios de Notarios y Abogados de Madrid y Barcelona para que dichas entidades y personas que colaboran con estas empresas usureras sean sancionadas e inhabilitadas».