Reynders le dice al PP, entre líneas, que una cosa es ser liberal y otra facha

El PP creía haber encontrado a su hombre en Bruselas, al defensor de sus causas perdidas y montajes políticos ante la UE, pero también le ha salido rana. Didier Reynders, comisario de Justicia, ha llamado a renovar con “urgencia” el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), lo cual rompe por la mitad la estrategia diseñada por Génova para internacionalizar la grave crisis institucional que vive la Administración de Justicia en España.

En pocas palabras, Reynders ha venido a decirle a Feijóo que su bloqueo sistemático desde hace cinco años no es de recibo, que primero se siente con Sánchez para desbloquear la cúpula judicial española, como ordena la Constitución, y que después se acometan las reformas necesarias, como la exigencia del líder conservador de que sean los jueces quienes elijan a los jueces en el CGPJ. El PP sabe perfectamente que ese modelo le beneficia cien por cien, ya que las asociaciones de juristas son conservadoras (y teledirigidas por Génova), de tal forma que ellos seguirían teniendo la sartén de la Justicia por el mango o como dijo aquel, seguirían controlando el Poder Judicial desde detrás. Prueba de que sus señorías de las togas quieren seguir haciendo política es que están más movilizados que nunca y hasta se manifiestan a las puertas de los juzgados, como concienciados activistas, en contra de la amnistía para los encausados por el procés que ultima el gabinete Sánchez. Pocas veces se ha visto a un estamento judicial tan echado a la calle, tan sindicalizado y tan aficionado al megáfono, al pito, a la gorra y a la cartela para defender su ideología conservadora. Si esto no es politización de la Justicia y ruptura con la separación de poderes de Montesquieu que baje Dios y lo vea.

Hoy mismo, Feijóo ha vuelto a faltar a la verdad en el programa de Carlos Herrera, a quien le ha dicho que Sánchez pretende tener bajo su mando a los jueces y magistrados de este país. Y puede que sea así, el problema es que a él también se le hace la boca agua pensando en que el CGPJ, el Supremo y el Constitucional serán territorio totalmente PP, mediante la colocación de sus peones, algún día.  

Aquí lo que está pasando, sin duda, es que los populares siguen instalados en el lawfare o guerra judicial, tal como afirma sin tapujos el presidente del Gobierno. Hoy todo el mundo habla de ese palabro anglosajón que pocos saben lo que significa, aunque fuimos nosotros, en Diario16, quienes hace ya muchos años pusimos el término encima de la mesa cuando nadie hablaba de ello. El lawfare no es ni más ni menos que instrumentalizar la Justicia, judicializar la política o practicar el acoso judicial. Es decir, hacer un uso abusivo de los juzgados y tribunales por propio interés de parte. De alguna manera, tiene que ver con un “golpe blando” a las instituciones, ya que se termina controlando el Estado sin necesidad de recurrir a la fuerza militar. El lawfare lo ha practicado sin rubor gente como Donald Trump quien, tras colocar a los jueces de su cuerda en el Tribunal Supremo estadounidense, se ha dedicado a ir tumbando conquistas sociales como el aborto alcanzadas desde hace décadas. Por eso siempre decimos en esta columna que el PP se está trumpizando, porque está siguiendo de pe a pa el manual de la nueva extrema derecha yanqui cuya franquicia o delegación oficial en nuestro país debería pertenecerle a Vox, que para eso firmaron el contrato con Steve Bannon en la Trump Tower de Nueva York.

El tirón de orejas del conservador Reynders al Partido Popular ha sido antológico, ya que el preboste de Bruselas ha venido a decirle a la formación de la gaviota que su bloqueo sistemático a la renovación del Poder Judicial va contra el Estado de derecho. “Mi experiencia es que los procesos de reforma son más largos que una sencilla, si se puede decir sencilla, renovación de un Consejo”, ha sentenciado el comisario de Justicia. O dicho de otra manera: cumplan ustedes con el mandato constitucional, que es lo que toca, y después mejoren el modelo organizativo de la Justicia española si es eso lo que quieren. Lógicamente, semejante jarro de agua fría ha obligado a Génova a mover ficha virando bruscamente el timón de su estrategia política. Si ayer Borja Sémper, el moderado Sémper, se mantenía en el erre que erre de que el partido no va a participar, bajo ningún concepto, en la renovación del CGPJ “porque no se fían de Pedro Sánchez”, en las últimas horas esta maximalista posición ya se está matizando o graduando en buena medida. La nueva postura de Feijóo pasaría por tragar con la renovación de los altos cargos caducados desde hace cinco años (a regañadientes) siempre que el Gobierno firme un compromiso por escrito para que de inmediato acometa la reforma y sean los jueces quienes elijan a los jueces.  

Por tanto, la pelota vuelve a estar en el tejado de Moncloa, que deberá decidir si acepta este “todo a la vez al mismo tiempo”, pero en esta ocasión con una seria advertencia del alto funcionario de Justicia, no al Gobierno, sino al propio PP, para que abandone ya su absurdo papel de gran filibustero de la democracia española. Por cierto, Reynders no solo le ha dicho a Génova que no conviene empezar la casa por la ventana en la futura reforma judicial española, sino que también le ha informado de que solo examinará si la ley de amnistía cumple con los parámetros de un Estado de derecho cuando el texto legislativo se haya aprobado, promulgado, sancionado y publicitado en el BOE. Es de lógica aplastante, por muchas manifestaciones domingueras preventivas que organice el mundo conservador patrio. Otro varapalo para los populares, que creían tener en el comisario europeo a su más fiel valedor y ya empiezan a comprobar con estupor que, aunque este hombre sea un conservador, no tiene nada que ver con el reaccionarismo ibérico secular, taurino y africanista que conocemos por aquí. Y es que una cosa es ser liberal y otra facha.