El día 3 de junio de 2017 se acordó la resolución del Banco Popular en una reunión en la que estuvieron presentes representantes de la Junta Única de Resolución (JUR), del FROB y de la propia entidad, con Emilio Saracho a la cabeza, reunión que fue convocada por Elke König a través de un correo electrónico cifrado.
Casualmente, el primer día laborable, el 5 de junio de 2017, las administraciones públicas y los organismos dependientes del Estado comenzaron una retirada masiva de depósitos que provocó que la crisis de liquidez fuera tan profunda que llevó al banco a su resolución, a pesar de ser solvente. La Justicia aún no ha descartado que existiese información privilegiada, lo cual implicaría directamente en la operación al gobierno del PP y, más en concreto, al exministro Luis de Guindos.
Las Administraciones Públicas fueron determinantes en el colapso de liquidez de Banco Popular porque retiraron sus depósitos y, al mismo tiempo, no quisieron proporcionarle una liquidez a la que tenía derecho pues le debían más de lo que tenían depositado. Los datos financieros de las administraciones públicas, según indica el informe de resultados del primer trimestre de 2017 del Popular, señalaban depósitos por valor de 6.343 millones, créditos y deuda de organismos públicos de 4.702 millones y activos fiscales por valor de 5.198 millones.
Por cierto, los activos fiscales se habían incrementado hasta los 5.692 millones de euros a 6 de junio de 2017, según se indica en el informe de valoración de Deloitte.
En consecuencia, las cifras muestran que, a 31 de marzo de 2017, las Administraciones Públicas debían un total de 9.900 millones de euros a Banco Popular y, en cambio, sólo tenían depósitos por un importe de 6.343 millones.
Es decir, la deuda neta de las administraciones públicas con Banco Popular era de 3.557 millones. Estos organismos dependientes del Estado retiraron sus depósitos sin devolver obviamente sus créditos ni pagar los activos fiscales, de lo que se benefició posteriormente el Santander. Es curioso que la línea de liquidez de emergencia (ELA) del Banco de España sólo llegara hasta 3.800 millones de euros, muy lejos del importe que las Administraciones debían a Banco Popular.