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Si no ruedan cabezas por la trama Pegasus la democracia correrá serio peligro

El Gobierno tiene la obligación política y moral de llegar hasta el final en el turbio asunto del espionaje a 63 personalidades independentistas

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análisis

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La sociedad es un manicomio cuyos guardianes son los funcionarios de policía, decía Strindberg. España va camino de convertirse en un frenopático donde todos, políticos y ciudadanos, civiles y militares, pueden convertirse en espías y espiados. El caso Catalangate, que ha puesto al descubierto una gran trama de seguimiento y vigilancia al independentismo catalán según The New Yorker, no es ninguna broma. A todos debería preocuparnos que nuestros servicios de inteligencia estén usando una poderosa arma tecnológica como el programa Pegasus para escudriñar nuestros ordenadores y teléfonos. Hoy le colocan una pulga en el móvil a Junqueras o a Aragonès para averiguar si están organizando una Diada caliente y mañana le meten un chip en los calzoncillos a un periodista incómodo para el sistema o al rapero de turno por antimonárquico y subversivo. Y así van demoliendo el Estado de derecho, a fuerza de grabaciones, audios y escuchas. Por ese camino, nadie está a salvo.

Al borde de la Tercera Guerra Mundial, con media España infestada de espías putinescos, de mafiosos y comisionistas, de movimientos ultras desestabilizadores para la democracia, llama poderosamente la atención que nuestros agentes se dediquen a entretenerse o a perder el tiempo espiando a gente que no le hace daño a nadie. Más les valdría perseguir a los malvados de verdad, porque los hay a montones y a esta hora seguramente están planeando alguna maldad. Todo lo cual nos lleva a hacernos la pregunta del millón: ¿en qué está gastándose nuestro Gobierno el dinero de los contribuyentes? No lo sabemos porque tanto en Interior como en Defensa siempre se escudan en que los ciudadanos no deben tener acceso a cuestiones de seguridad nacional. O sea que nos toman por niños de teta que deben ser tutelados por siniestros poderes en la sombra.

Hace solo unos días, la periodista de La Sexta Cristina Pérez se acercó a Félix Sanz Roldán, exdirector de los servicios de inteligencia españoles entre 2009 y 2019, para preguntarle sobre el Catalangate. “¿Usó el CNI la tecnología Pegasus con la que presuntamente se espió a miembros del independentismo catalán? ¿Lo pidieron? ¿Lo compraron?”. El general, sorprendido por el atrevimiento de la periodista, se rasgó las vestiduras como si le estuviesen preguntando por el misterio de la Santísima Trinidad: “¿Pero de verdad usted se imagina al director de un centro de inteligencia hablando de estas cosas a una televisión? Nuestra obligación es la de no contestar en este ámbito, y sí en los ámbitos que hay para control del centro”, dijo sintiéndose atacado. Su reacción airada fue tanto como si al Conde Drácula le pusieran delante una ristra de ajos, una respuesta instintiva que solo puede explicarse viniendo de alguien que no entiende cómo funciona esto de la democracia. Nosotros se lo explicamos, aunque don Félix debería saberlo porque va en el capítulo uno del manual del buen espía.

En un Estado de derecho la máxima jerarquía la ostenta la soberanía nacional expresada en el Congreso de los Diputados, ya lo dice la Constitución. No hay nada más importante o sagrado que la voluntad popular emanada del pueblo. Por debajo en el escalafón están el Gobierno y los jueces. Estos últimos son los funcionarios públicos investidos de la autoridad legal para ordenar cualquier escucha o seguimiento a un ciudadano mediante el pertinente mandamiento judicial (hasta donde se sabe no consta que el CNI haya pedido orden alguna a un juzgado para espiar a los políticos independentistas). En ese mismo rango está el cuarto poder, que garantiza el sagrado derecho a la información de los ciudadanos. La prensa es un pilar tan fundamental en cualquier democracia que hasta Thomas Jefferson llegó a decir que más vale un país con prensa, pero sin Gobierno, que con Gobierno y sin prensa. Es decir, los medios de comunicación libres e independientes que satisfacen el derecho a una información veraz constituyen la esencia misma del Estado de derecho, no un simple adorno, un lazo de celofán o un accesorio incómodo, tal como parece entender el señor Sanz Roldán.

Finalmente, en el último lugar del edificio constitucional, se encuentran los espías, policías, militares, agentes dobles, topos, confidentes, infiltrados, todos ellos servidores públicos que deben estar siempre supeditados, fiscalizados y controlados por los organismos políticos y administrativos competentes. En democracia no cabe ni la figura del sheriff del condado que hace y deshace a su antojo, ni la del justiciero Harry el Sucio que va por libre y al margen de la ley, y mucho menos la del Villarejo de turno que anda por ahí grabando a todo hijo de vecino. Los personajes cloaqueros, demasiado frecuentes en la historia reciente de España, deben ser depurados de nuestro ordenamiento jurídico o nuestra democracia corre serio peligro.

Por lo visto, Sanz Roldán tiene una visión totalmente distorsionada de esa pirámide democrática que él invierte colocando la base en la cúspide y a la inversa. Sin duda, debe confundir el Estado de derecho con el Estado policial, de ahí que piense que los espías están por encima del bien y del mal, también por encima del derecho de los ciudadanos a saber en qué se están utilizando los dineros de los fondos reservados, a quién se espía y para qué. Es preciso vigilar a quienes nos vigilan, entre otras cosas porque allí donde un espía mete la mano alguien sale dañado o se produce algún estropicio. El concepto “inteligencia militar es una contradicción en los términos”, ya lo advirtió Groucho Marx.

Los ciudadanos son somos tan estúpidos como para no entender que la seguridad nacional es un asunto delicado y que los casos no se pueden airear a los cuatro vientos. Pero es evidente que tanto los jueces como las diversas comisiones parlamentarias deben estar al tanto de dónde se coloca cada micrófono de Pegasus. Echenique tiene toda la razón del mundo al exigir que rueden cabezas en los ministerios hasta llegar al fondo de este siniestro escándalo. Y si el Gobierno y la Justicia no depuran responsabilidades de oficio, ya tarda Junqueras en llevar el papelamen a Estrasburgo. Por el bien de todos.

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2 COMENTARIOS

  1. El trabajo del CNI es asesorar y tener informado al gobierno y a su presidente. El CNI no tiene que pedir permiso a ningún juez, porque está bajo la supervisión de la comisión parlamentaria de control del CNI que lleva tres años sin constituirse.

    La dirección del CNI es elegida por el gobierno , y su labor está supervisada
    por representantes del pueblo, elegidos democráticamente. Otro asunto es que los políticos no hayan hecho los deberes y la comisión que controla al CNI no haya sido constituida.

    El embate separatista estuvo al borde de llevarnos a un conflicto armado de incalculables consecuencias. El CNI está en la obligación de tener informado al gobierno sobre las actividades de quienes no ocultan que su objetivo es subvertir la legalidad democrática vigente, y montar una «asonada» por la que algunos han sido condenados a penas de prisión.

    Los nacionalistas no cejas en decir que «lo volverán a hacer», es decir que volverán a delinquir. El CNI está para prevenir los delitos vigilando a los delincuentes, y quienes «lo han hecho», e insisten en que «lo volverán a hacer» deben ser vigilados para evitar que vuelvan a delinquir.

    El conflicto con los nacionalista es irresoluble porque la soberanía del «pueblo catalán» es incompatible con la «soberanía del pueblo» español, y la consecución de sus objetivos; la independencia de Cataluña implica la destrucción de la nación y del vigente marco democrático.

    Los nacionalistas no son gentes que no hacen daño a nadie como dice «llama poderosamente la atención que nuestros agentes se dediquen a entretenerse o a perder el tiempo espiando a gente que no le hace daño a nadie». Son gente que profesa el credos que más muertos ha causado en los últimos siglos; el nacionalismo. Un credo que aspira a convertir España en «Yugoslavia»; ese es su objetivo. El CNI debe vigilar para evitar que quienes sostienen que lo volverán a hacer, lo puedan hacer.

  2. Ya tardamos en irnos de esta mierda de país. A ver como lo hacen las putas, porque con sus hijos estamos jodidos. Sabía que este retrasadiño de ortiz non perdería comba para expresar seus odios viscerais aos cataláns sen demora algunha, e só engadir que aquilos países que confórmanse coas masas de ignorantes que soñan con ter algún estado totalitario e recentralizado a convenienza están condenados a fracasar; como Iugoslavia. E aquí non se fai preciso un conflicto porque as nacionalidades históricas existen cando menos 1200 anos antes que españa, Burro.
    En lo tocante a responsabilidades, ya nos quedó claro que este país es similar a Turquía en organización de la represión, que tanto se esforzaba en ilegalizar partidos de la izquierda abertzale antes incluso de su formación pero nos metió a doblada a Vox, a quienes deberemos la independencia de las regiones del norte en tiempo muy breve porque lo que está pasando no es invisible a ojos de los socios europeos por más que Sanchez se empeñe en colarnos mensajes como aquel del indulto; no hay un sólo comunicado del gobierno de la eurocámara a este respecto si es ilegal a todas luces el juicio del procéss.

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