El giro de Pedro Sánchez respecto al Sáhara y la sumisión de España frente a Marruecos, Estados Unidos e Israel fue sorprendente. Desde que el territorio fue entregado de manera ilegal al reino alauí, el PSOE siempre fue favorable a la autodeterminación del pueblo saharaui. Sin embargo, de repente, el gobierno español se colocó a favor de las pretensiones de Marruecos utilizando argumentos calcados a los dados por Estados Unidos.
Poco después se conoció que el propio Pedro Sánchez había sido presuntamente espiado por los servicios secretos marroquíes, quienes, supuestamente, instalaron en el teléfono móvil del presidente español el programa espía Pegasus. La coincidencia temporal de estos hechos hace que muchos ciudadanos se hagan la misma pregunta: ¿qué había en ese teléfono? ¿Qué han conseguido de Pedro Sánchez los espías de Marruecos? ¿Qué información tiene Mohamed VI que podrían haber provocado ese cambio de rumbo de España?
En los últimos días se ha producido un incidente que, en otras circunstancias, habrían provocado una reacción fulminante por parte del gobierno español: la expulsión de una ciudadana española por el mero hecho de pretender visitar los territorios ocupados del Sáhara Occidental.
Nuria Bota, activista perteneciente a la organización catalana Una finestra al món, viajó a Marruecos con la intención de visitar la capital del Sáhara, El Aaiún, para recoger las historias de lucha y represión del pueblo saharui.
Durante los días en que estuvo allí fue observada, vigilada, monitorizada y perseguida hasta que finalmente fue expulsada y trasladada por la fuerza a Agadir, ha denunciado la organización que, además, ha señalado que siguen impunes las actuaciones violentas de Marruecos contra los activistas y los defensores de los derechos humanos.
Sin embargo, a pesar de la gravedad del asunto, mucho más cuando, según el derecho internacional, España es la potencia colonial administradora del Sáhara Occidental, el gobierno de Pedro Sánchez se ha mantenido callado. Los hechos tuvieron lugar el pasado 16 de febrero.
En la página web del Ministerio de Exteriores, el departamento dirigido por el pro marroquí José Manuel Albares, no se hace ni una mención. En consecuencia, el silencio es cómplice y el Ejecutivo de Sánchez permite la expulsión de una ciudadana española de un territorio que, según la ONU, es parte de España.
