La separación entre vagones y andén es giganteEl plazo que establece la ley para eliminar las barreras arquitectónicas cumple el 4 de diciembre y muchas personas llevan años luchando porque la situación deje de ser ficción y se convierta en realidad. Unas barreras que si para el resto de personas son invisibles, para ellos suponen un reto diario.COCEMFE, que es la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, es la organizadora de estos actos repartidos por toda España, y una de las organizaciones que con más ahínco persiguen este objetivo. Su presidente, Juan José Lara Ortiz, haciendo referencia a la nueva Ley de Atención a Personas con Discapacidad, señalaba que “debería estar blindada, para aquel que no la cumpla se le sancione debidamente”.Edificios públicos de todo tipo, restaurantes, tiendas, calles y aparcamientos en su mayoría no están habilitados para que el derecho al acceso se cumpla. Así, muchas personas que no poseen un alto grado de discapacidad y se quieren mover libremente por las ciudades han de pedir ayuda constantemente, con lo que pierden su independencia.“Cuando voy a un restaurante, como en muchos otros edificios, tengo que contactar con ellos para preguntar si es accesible” comentaba Nieves Márquez, una sevillana que padece una enfermedad rara y cuya forma de desplazarse es en silla de ruedas. Juan Manuel Ramírez, quien padece Malformación de Chiari se desplaza en silla de ruedas eléctrica y nos habla del metro de Sevilla, una obra de reciente construcción, que en su opinión debería haberse planteado ya con vistas a la accesibilidad universal: “la separación entre vagones y andén es gigante”.La campaña #AccesibilidadYA, pide además de la voluntad de la administración, la implicación ciudadana ante las infracciones a la accesibilidad. Según dicta la ley, estos casos ya son perfectamente denunciables teniendo en cuenta que el plazo cumple este 4 de diciembre.
Barreras arquitectónicas que no respetan los derechos humanos
13
de Noviembre
de
2017
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Miles de personas en España se han unido para reclamar a las instituciones la accesibilidad universal. Al menos 35 ciudades españolas piden que se cumpla la ley, y que se facilite el acceso a todos los edificios para las personas que sufren algún tipo de discapacidad.
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