Es posible sentar al rey emérito enuna comisión de investigación parlamentaria para que aclare el origen de supatrimonio y los procesos judiciales abiertos contra él en Suiza y en España. Bastaríacon que la mayoría suficiente de la Cámara Baja se pusiera de acuerdo. La clavees el PSOE, que sigue resistiéndosea tomar parte en una iniciativa considerada por los socialistas como“potencialmente desestabilizadora” para el país, según fuentes de Ferraz consultadas por Diario16. El clima político estáaltamente enrarecido, crispado, y añadir un factor más de convulsión podríasuponer una bomba de relojería para España.
No obstante, la posibilidad de queel rey emérito pase por el Parlamentopara dar explicaciones está ahí. Lo dice muy claramente el eminente magistradoemérito del Tribunal Supremo JoséAntonio Martín Pallín, quien en una reciente entrevista en eldiario.es recuerda que “en todos lospaíses la inmunidad del jefe del Estado se mantiene en función de los delitosque comete en sus funciones”. Sobre las sentencias del Tribunal Constitucional que impiden que se investigue al rey amparándoseen la inviolabilidad del monarca, Pallín asegura que las respeta pero nocomparte esta decisión. “El Constitucional no siempre acierta. Una comisión deinvestigación es perfectamente posible y en este caso necesaria”, alega. Yademás es aún más claro y explícito: “Llevar maletas a Suiza y cobrar comisiones de ArabiaSaudí no son funciones propias de un jefe de Estado".
La opinión de Martín Pallín escompartida por otros juristas como el magistrado Joaquim Bosch, ex portavoz de Juecespara la Democracia. Bosch creeque si “se abren unas diligencias en Fiscalíapodrían acabar en un procedimiento judicial”. Señala que para ello primero setiene que ver si se ha producido un delito de blanqueo de capitales por lautilización de varias fundaciones opacas y si pueden concurrir varios delitosfiscales por no haberse declarado este dinero a Hacienda. “La Fiscalía procedea analizar las cuentas bancarias del rey emérito y la constitución de estassociedades para ver si realizaban actividades que incubarían posibles conductasfraudulentas”, explica el magistrado en un programa de televisión. El siguientepaso, una vez abierto juicio, sería pedir la comparecencia de Juan Carlos I enla comisión parlamentaria.
La cuestión está, una vez más, enla interpretación del artículo 56 de laConstituciónEspañola, queestablece: “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”.La redacción del Legislador del 78 quedó abierta, ambigua. ¿Se entiende que lainviolabilidad es vitalicia o solo mientras Juan Carlos ha ostentado su cargohasta su abdicación? ¿Afecta la inviolabilidad a su esfera pública, es decir, alas resoluciones en ejercicio de su cargo o también a los posibles delitos quepudiera cometer como persona física en el ámbito privado? Son cuestiones quequedaron en el aire y aún hoy no han sido aclaradas porque ningún partidopolítico se ha atrevido a desarrollar una ley que regulara el asunto encuarenta años de democracia.
En todo caso, el rey eméritoostentaba la más alta magistratura del país. Era el jefe del Estado y como taldebería dar explicaciones de unas conductas que nada tienen que ver con sutítulo sino con sus comportamientos privados que pueden haber incurrido en unilícito penal. De modo que el lugar idóneo para que un cargo político seexplique no puede ser otro que el Parlamento español, sede de la soberaníanacional. Ayer mismo, el grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados presentó unainiciativa que, si no aspira a poder sentar a Juan Carlos I en una comisión deinvestigación, si al menos pretende aclarar qué pasó con el proyecto del AVE a la Meca, que generó una supuesta mordida de 100 millones de dólarespara el exmonarca, según las acusaciones de CorinnazuSayn-Wittgenstein, la amigaentrañable del artífice de la Transición.Esta vez, los morados consideran que el objeto de la comparecencia seríaanalizar “las relaciones diplomáticas y comerciales entre España y Arabia Saudí, su vínculo con institucionesy empresas españolas y sus efectos sobre el erario público”.
“No se trata de una investigaciónsobre un particular, sino sobre unos hechos que son de interés general y vanmás allá de las presuntas actividades corruptas de Juan Carlos I”, explicó elportavoz de la formación, PabloEchenique, en la rueda de prensa que ofreció en el Congreso para explicarlos detalles de la iniciativa. Según Podemos,se trata de defender el interés público porque resulta “evidente” que lasinformaciones que se han ido dando a conocer y la investigación llevada a cabopor la Fiscalía de Suiza, y queahora ha asumido la Fiscalía delTribunal Supremo, describen hechos “de enorme gravedad”. Echenique ha sido astuto esta vez.Consciente de que una acción directa contra el emérito está abocada al fracaso,ha pretendido plantear la petición no como “un acto de control a la Jefaturadel Estado”, ya que Juan Carlos I “no ostenta en la actualidad tal condición”,sino como una gestión del Parlamento español para aclarar los negocios deEspaña con el Reino Saudí y las posibles intermediaciones y cobro de comisionespor la construcción del AVE a la Meca.
En realidad es un hábilsubterfugio, un ardid de Podemos para que se hable de los negocios del rey enel Parlamento. Si se abre esa comisión de investigación, por allí podrían pasarlos responsables de las doce empresas que tomaron parte en el consorcio para laconstrucción del tren de alta velocidad en el desierto, al igual que todas lasdemás personas que no ostentan la condición de inviolables, como la propiaCorinna Larsen, los supuestos testaferros suizos relacionados con el emérito,el comisario Villarejo actualmente en prisión (cuyos audios dieron origen alescándalo) y hasta empleados de la siempre opaca banca suiza. No se descartaque incluso se pudiera llamar a declarar al propio Yves Bertossa, el fiscal helvético que sigue el rastro delpatrimonio del exmonarca.
No obstante, Unidas Podemosentiende que tampoco tendría por qué rechazarse que el propio Juan Carlos Icompareciera en esta comisión, aunque sí son conscientes de que ahora no puedenplantear la petición de comparecencia del actual jefe del Estado, el rey Felipe VI, porque saben que esacitación sí sería rechazada por parte de la Mesa del Congreso bajo el argumento de lainviolabilidad.
En su texto, Unidas Podemos plantea concretamente que se puedan solicitar “las comparecencias que se consideren oportunas por parte de los grupos parlamentarios, incluidas las de quienes puedan resultar, por las informaciones conocidas, política, penal, civil o administrativamente responsables de las prácticas cuya investigación constituye el objeto de esta comisión”. “Hemos realizado una labor de estudio y precedentes de las decisiones de la Cámara y de la jurisprudencia existente para maximizar las probabilidades de que esta comisión, a diferencia de las que se han presentado antes, pueda ser calificada por la Mesa de la Cámara”, defiende Echenique.
En esa comisión se podría investigar además “la existencia de redes y estructuras opacas para la adjudicación de contratos en territorio nacional y en Arabia Saudí o en terceros países, su relación con el ex Jefe de Estado y los efectos sobre el erario público en la actualidad”. También se tratará “la actividad de promoción internacional de Arabia Saudí en España y su relación con el ex Jefe de Estado y la posible existencia de quid pro quo en forma de comisiones o donaciones, en especie o dinerarias, entre el Gobierno de Arabia Saudí y el ex Jefe de Estado a cambio de su mediación en la consecución de contratos o de operaciones de promoción internacional del régimen saudí". El objetivo último sería investigar “el grado de conocimiento de dichas presuntas actividades del ex Jefe de Estado por parte de las empresas y los organismos y departamentos del Gobierno implicados en las mismas”. Y finalmente, “los movimientos de capital, lícitos o ilícitos, relacionados con los hechos investigados”