La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) ha presentado un estudio que propone un peaje uniforme de 3 céntimos por kilómetro recorrido en todas las autovías españolas, una medida que según sus cálculos generaría 5.720 millones de euros anuales y permitiría liberar 41.038 millones del gasto público en 25 años.
El mantenimiento de la red de alta capacidad en España (que supone el 68 % de los kilómetros de autovías sin peaje en Europa) recae hasta ahora casi en exclusiva sobre los presupuestos generales, lo que resta recursos a partidas como pensiones, sanidad o educación. Seopan argumenta que, al contrario que en 19 países de la UE que tarifican el 100% de sus vías, los conductores extranjeros circulan por nuestras autovías sin contribuir a su conservación, mientras los españoles pagan peaje fuera de nuestras fronteras.
El informe ‘Alternativas de tarificación por el uso de vías de alta capacidad’ sitúa el déficit de inversión acumulado en 11.494 millones de euros. Con un peaje de 3 céntimos/km, es decir, 3 euros cada 100 kilómetros (y 14 céntimos/km para camiones), Seopan estima recaudar 143.024 millones en 25 años, con un ahorro de gasto público de 41.038 millones y un retorno fiscal de 35.314 millones.
En un escenario alternativo alineado con la media europea (9 céntimos/km para turismos y 18 céntimos/km para pesados), los ingresos aumentarían hasta 297.477 millones, manteniendo el mismo ahorro público y elevando el retorno fiscal a 86.018 millones, señala en informe.
Consciente del impacto social, Seopan plantea bonificaciones para usuarios frecuentes, como trabajadores que circulan a diario, y colectivos vulnerables (familias numerosas, personas en riesgo de exclusión). Asimismo, defiende que una tarificación mínima contribuiría a corregir la “desigualdad territorial” actual, donde algunas comunidades disfrutan de autovías gratuitas mientras otras afrontan vías de pago.
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana no ha adoptado decisión oficial, pero fuentes internas consideran que la medida podría encontrar resistencia tanto en el Congreso (donde los grupos regionalistas ya alertan del impacto sobre el transporte de mercancías) como en organizaciones de consumidores, que temen un incremento en el coste de la movilidad diaria. Por su parte, varias comunidades autónomas han reclamado un modelo que garantice redistribución de los ingresos recaudados para proyectos locales de seguridad vial y digitalización.