El Estado de alarma ha dejado en indefensión jurídica infinidad de procedimientos que requieren de laobtención de pruebas que solo los investigadores privados pueden aportar enprocesos judiciales, por ser considerados testigos cualificados y a travésde sus informes con las pruebas de los hechos.
Los colegios yasociaciones profesionales de detectives denuncian que conductas como el alzamientos debienes, fugas de información confidencial, robos de material, bajas médicasfalsas, solicitudes fraudulentas de ERTE, estafas al seguro, conductasirresponsables en el ámbito familia. Se están multiplicando al amparo de lasituación extraordinaria creada por el COVID 19 y por el estado de alarma, estoocasiona un impacto económico y social incalculable.
El reinicio a la actividad de estos profesionesante ‘la nueva normalidad’ donde nadavolverá ser lo mismo, invita a replantease la importancia de estosprofesionales que de manera exclusiva y excluyente la Ley les otorga la laborde la obtención pruebas válidas ante laJusticia sobre conductas y hechos en los ámbitos económico, laboral,mercantil, financiero, social, personal y familiar, sus informes objetivosmarcan la diferencia en los procedimientos judiciales.
Los detectives através de sus asociaciones y colegios han manifestado al Ejecutivo, sin respuestaaún, su disposición de colaboraren el ámbito público en múltiplesdestinos donde laobtención de pruebas y la pericia de investigación sea necesaria.
Comenzamos un camino hacia una post realidad, una desescalada que deberemos realizar por fases, por entregas, un nuevo espacio indeterminado, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha definido como la “nueva normalidad”. Es el momento de reestructurar las capacidades que ya tienen ciertos profesionales y que pueden dar servicio de utilidad social en esta nueva sociedad, con su rol de testigos cualificados que no dejen a ningún ciudadano en indefensión jurídica. El acogimiento de estos profesionales a un turno de oficio de alarma, podría ser parte de una solución para paliar la saturación que se dará en los juzgados, y ser de gran ayuda para jueces y fiscalía que basan sus decisiones en pruebas legítimas, como las que aportan los detectives a través de sus informes.
Pensarque podemos ser los mismos que éramos antes de la Covid-19, es no haberentendido nadadurante el confinamiento. Si hablarendiciembre del 2019 de la necesidad de transformación digital de lasociedad y de cada uno de los sectores profesionales, parecía seguir siendo unvalor intangible, cuatro meses después `la nueva normalidad’ determinará quiénes formarán partedel Nuevo Sistema de Producción.
Un enemigoinvisible justificade la manera más perversala entradaen un nuevo orden mundial, en el sentido de entrar abruptamente en un período de la historia que nace de hechos dramáticos, y que provoca cambios radicalesaprobados y acatados en nombre de causas justas como son la salud y la seguridadglobal.
Evidentementepodemos elucubrar con teorías de la conspiración y meditar en un mundo pensadoy creado por sectores elitistas y plutocráticos, pero sea lo que sea a lo quenos enfrentamos en esta ‘nueva a-normalidad’ como ciudadanos tenemos quehacer frente a una inoportuna realidad a la que hay que encarar conmirada pragmática, valiente y proactiva.
Podemos aceptar coningenuidad una pandemia que parece haber pillado por sorpresa a todos los países,y donde se repiten patrones y carencias para encarar la crisis sanitaria demanera global, pero esta aceptación no puede, ni debe eximir deresponsabilidades futuras, por el contrario, ante la mutilación de derechosfundamentales, donde leyes y reglamentos tendrán que ser reseteados, hayque exigir mayor trasparencia y verdad por trágica que sea.
Todas lasprofesiones deberían estar siendo replanteadas desde susorganizaciones sectoriales, es evidente que muchos necesitarán el apoyo delEstado para su adaptación, transformación o desaparición, ya que no podemospedir que todo vuelva a ser como antes, porque ya no existe.
He podido hablarcon algunos representantes de distinto signo político y me sorprende eldesconocimiento o falta de información sobre acciones,para acorralar al maldito virus, que se estarían implementando a nivel individualcon éxito en países de la Unión Europea, y que, en cambio, más allá de titulares atractivos, no son trasladados, transferidos nisiquiera tenidos en cuenta como una acción política común a la Unión Europea,en definitiva, para el bien común de los ciudadanos europeos.
Dentro del área dela investigación privada, en la que me heespecializado, hace una semana los representantes de todos los colegios yasociaciones mantenían un encuentro digital al calor del Detcon, impulsadodesde el Colegio de Detectives de Cataluña, un evento transformador, que adaptándosea la nueva realidad está permitiendo que detectives y estudiantes disfruten deponencias online gratuitas de un nivel trasnacional impensable en un congresopresencial. Esa charla entre presidentes dejó patente varias inquietudes delcolectivo de la investigación privada. Una de lasinquietudes fue la situación de los detectives en el estado de alarma, asi endiversos comunicados dirigidos a las instituciones correspondientes y a laprensa, los profesionales de la investigación privada piden al gobierno unadeclaración explicita de profesionales esenciales, sorprendidos ante elsilencio que “tras varias consultas oficiales, a los responsables de laUnidad Central de Seguridad Privada del Ministerio del Interior”, áreadependiente del Ministerio del Interior, delegada del registro de profesionalesy despachos e inspección de la actividad legítima que la Ley de SeguridadPrivada, es decir departamento que garantiza que se cumpla la Ley, y que anteuna inédita situación de alarma, no arriesga ni una coma ni un punto eninterpretaciones no vinculantes. Una interpretación institucional no exenta dedebate interno, en tanto y cuánto se podría estar equivocando el objetivo ante retosde mayor calado para la investigación privada, en un momento de indiscutiblecambio y adaptación a una nueva normalidadde todos lostrabajadores, por una cuestión muy subjetiva, como es la de puntualizar un término por escrito.
Ya que, sileemos detenidamente el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por elque se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisissanitaria ocasionada por el COVID-19. Y el Real Decreto-ley 10/2020, de29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para laspersonas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, conel fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la luchacontra el COVID-19.
En su ANEXO, nosencontramos: No será objeto deaplicación el permiso retribuido regulado en el presente real decreto-ley a lassiguientes personas trabajadoras por cuenta ajena:
7.... y aquellos que resulte preciso utilizar para el desempeño de servicios deseguridad en garantía de los servicios esenciales y el abastecimiento a lapoblación.
Enel resto del Anexo se hace mención a las actividades y servicios que seestipulan como esenciales como: Cadenasde abastecimiento, y centros de producción de servicios de primera necesidad;Producción y distribución de bienes, servicios, tecnología sanitaria etc.Mantenimiento en industria manufacturera; Transportes; Tráfico y seguridad y vial; Servicios asistenciales; Atención sanitaria de animales; Bancos, Seguros y pagos; Prensa eimprentas; Telecomunicaciones, informáticos y teletrabajos; Servicio a Víctimasde violencia de género; Abogados, procuradores, graduados sociales,traductores. etc.… relacionado con Justicia; Asesoríaslegales y gestorías administrativas y graduados sociales; Notarias; Centros deAcogida; Abastecimiento de Aguas y servicios.; Correos;Logística; Comercio electrónico y su distribución.
Portanto, retomando la interpretación madura e inteligente y estudiando los datosobjetivos que arrojan que ningún detectiveprivado ha sido sancionado por realizar un trabajo legítimo durante elconfinamiento, podríamos deducir que el trabajo deinvestigador privado ha sido amparado en los supuestos de servicioesencial para el normal desarrollo delestado de alarma, en la prestación y encargos que se deben para elfuncionamiento de los servicios esenciales, que sí son detallados de maneraexplícita. Y todo lo que no se ajuste a esa prestación a favor de serviciosesenciales, es evidente y de responsabilidad que no se harán.
Podemos entenderque no habrá una vuelta a un escenario pre Covid, por lo tanto uncolectivo pequeño de apenas 1400 despachos, pero con capacidadesextraordinarias para sumar ante una situación como la que estamos viviendo, debería ser conocido y acondicionado,siempre entendiendo que la ignorancia institucional pueda optimizar recursos, ydesde la humildad aprovechar y reconocer el papel social de un profesionalpreparado, de unas instrumentacionesformales y precisas en materia de prevención de riesgo (para los detectives),de un encaje preciso y exacto de servicio eficaz en el sistema local, autonómicoy estatal. En este nuevo marco social,económico y político al que estamos abocados se hace necesaria la adecuación deforma precisa y clara de la labor del detective privado como complementaria yde coordinación con las FFCCSE, sin perjuicios, con una puesta en marchaefectiva de la Ley 5 /2014 de Seguridad privada y en especial el artículo 12,sobre Competencias de la Administración General del Estado.
1. Corresponde a laAdministración General del Estado, a través del Ministerio del Interior y, ensu caso, de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, el ejercicio delas siguientes facultades:
k) La coordinaciónde los servicios de seguridad e investigación privadas con los de las Fuerzas yCuerpos de Seguridad del Estado.
Si en esta crisisestamos aprendiendo la necesidad que es tener una Sanidad Pública reconocida yuna Privada colaborativa, que proteja a nuestros sanitarios más allá de los aplausos de las 20.00h, los demás, eso que nos hemos sentidomás prescindibles salvando el mundo desde el sofá, nos enfrentamos a unanueva normalidad donde todo será diferente, donde es necesario eimprescindible recuperar los puestos de trabajo y la economía, adaptándose anuevas reglas. Y la Investigación Privada no puede ser diferente, no puedeestar al margen de esta nueva realidad, la colaboración y coordinación entreseguridad privada y seguridad pública se va a configurar como esencial en lostiempos que vienen, es urgente la comunicación de los servicios en el nuevoescenario de no normalidad, de utilidad privada y pública.
Y recordar que antela amenaza de perfiles no amparados bajo ninguna Ley para la investigación físicao ciber, es imprescindible un cambio en la formación del detective; una formaciónque integre en su grado universitario asignaturas de campo propias conconocimientos de hacking ético, ciberseguridad, inteligencia y gestiónempresarial, conocimientos que en esta situación se han mostrados comoesenciales para evitar delitos o conductas ilícitas.