Si todas las trabas burocráticas son como las que vienesufriendo desde hace más de un año unaprofesora sevillana de instituto a la que su marido intentómatar a puñaladas junto a su hija menor de edad en noviembre de2013, algo sumamente grave está sucediendo en la Administración pública en su obligación legal de proteger y ofrecer unacobertura asistencial prioritaria a estas víctimas de la violencia machista. LaConsejería de Educación ha adjudicado a otracandidata durante el estado de alarma laplaza que ella solicitó oficialmente para un traslado de centroalegando su condición especial de víctima de violencia de género.
Varios responsables de la Delegación de Educación de Sevilla se comprometieron personalmente a resolver este traslado, después de que Diario16 adelantara el pasado marzo la odisea sin resultados de esta docente, que prefiere preservar su identidad por motivos evidentes (su ex marido cumple desde 2015 una pena de 18 años y nueve meses de prisión por tentativa de homicidio y orden de alejamiento sobre sus víctimas de 15 y 20 años, respectivamente). Estuvo prácticamente un año sin que la Junta le resolviera el problema pese a los protocolos existentes en el tratamiento especializado y personalizado a estas víctimas.
Su ex marido, que cumple una condena de 18 años de prisión, la intentó matar en 2013 a puñaladas a ella y a su hija entonces menor
La legislación vigente al respecto es amplia y ladocente ya la incluyó en su totalidad en la primerasolicitud registrada en la Consejería de Educación cuando comenzó suodisea aún no resuelta. La Ley Orgánica 1/2004 del 28 de noviembre, en su capítuloIII incluye el decreto de las funcionarias públicas. Tres años después, tambiénse incluye en el Estatuto básico del Empleado Público (EBEP), aprobado por la ley 7/2007 de 12 deabril, en sus artículos 49, 82 y 89. También el artículo 82 del Real Decretolegislativo 5/2015 de 30 de octubre aborda la “Movilidad por razón de violenciade género”. Dentro del ámbito autonómico, se recoge en el Acuerdo de 6 de marzode 2018 del Consejo de Gobierno el Protocolo de la Administración de la Juntade Andalucía para la protección de las empleadas públicas víctimas de violenciade género.
Incluso el propioconsejero de Educación, Javier Imbroda, teníaconstancia de su problema, ya que la afectada le envió una carta personal conregistro de entrada de 5 de febrero en la Consejería de Educación. No harecibido hasta el momento respuesta alguna.
En marzo de 2019, esta mujer, que continúa en tratamiento psicológico junto a su hija por lassecuelas que les generó el intento de asesinato de su ex pareja, comenzó los trámitespara un traslado de centro. Cuando acudió hace un año a la Delegación deEducación de Sevilla para informarse sobre el procedimiento a seguir nadie sabía cómo actuar al respecto con un caso así de una víctimadirecta de violencia de género. Dos inspectores deEducación del centro donde ella trabaja, Manuel del Pozo y Manuel Naranjo, sedesentendieron completamente del tema. Incluso a pesar de tenercompañeros de trabajo del sindicato CSIF que tenían pleno conocimiento de todolo que estaba ocurriendo, “no movieron ni un dedo”, lamenta a este diario.Precisamente en esta información se incluye el acuerdofirmado por Junta de Andalucía y las organizaciones sindicales (CSIF, UGT yCCOO) en Mesa General de Negociación Común de Personal Funcionario.
Los muros que siguió sorteando esta víctima deviolencia machista no acabaron aquí. Después de acudir a los sindicatos deforma infructuosa, en julio se entrevistó con TeresaBarrera, entonces jefa de Servicios de Gestión de Personal Docentede Secundaria y Enseñanzas de Régimen Especial de la Consejería de Educación.Esta funcionaria le reconoció sin rodeos que desconocíala normativa vigente sobre estos casos particulares y le aconsejó enprimer lugar que solicitara una “comisión de servicios sobrevenida”. En lasiguiente reunión le dijo que esperara a la nueva colocación de efectivos y queen mayo próximo volviera a hablar con ella.
El pasado noviembre recibió otra llamada de la ya cesada alto cargo de Educación para preguntarle si había participado en el concurso de traslados que se acababa de abrir, ya que es el procedimiento habitual entre profesores para solicitar un cambio de centro, pese a saber que su caso es especial y prioritario. Habían transcurrido seis meses desde que la alto cargo de Educación era conocedora de su situación especial como víctima de violencia de género y de toda la legislación vigente al respecto que le facilitó la propia profesora. Pese a todo, la jefa de Servicios seguía insistiendo en que la solicitante siguiera el procedimiento habitual de cualquier otro candidato, un evidente ejemplo de revictimización de las víctimas de violencia de género.
“No soy una pobre diabla, que es como me ha tratado la Administración”
Cuando Diario16 dio a conocer su situación a comienzos del pasadomarzo, poco antes de decretarse el estado de alarma,la Delegación de Educación en Sevilla, a través del Servicio de Inspección, sepuso en contacto con ella. En concreto, Begoña Velillase personó en su centro educativo para tomar nota de lo sucedido y elaborar uninforme del que no sabe ni dónde está ni dónde llegó.Según la afectada, esta inspectora se comprometió en todo momento a hacer un “seguimiento exhaustivo” de todoel procedimiento. Ella misma fue la que entregó en elRegistro su solicitud y en ningún momento le habló “nada” deconcurso de traslados. Ella estaba en contacto directo con HelenaPrieto, la secretaria general de Educación en Sevilla, que acababade ocupar este cargo y, por eso, la estaban sustituyendo Begoña Velilla y Luis D. Rodríguez González, jefe de Servicios deRecursos Humanos. Además, en esos momentos contactó con la víctima de violenciade género la jefa de Servicios de la Consejería de Educación, Pilar Maldonado, sustituta de Teresa Barrera.
Pavor a serlocalizada por el hombre que intentó matarla
La solicitud detraslado de centro educativo de esta funcionaria tiene un motivo claro: como víctimade violencia de género que es, teme que su ex maridopueda localizarla cuando obtenga un permiso penitenciario pese a lacontundente condena que cumple en prisión en la actualidad por tentativa dehomicidio sobre ella y la hija de ambos, entonces menor de edad.
El rosario de altos cargos de Educación que hanseguido ‘asesorando’ a esta mujer ha continuado después de los primerosintentos para cambiar de instituto. La secretaria General de Educación enSevilla, Helena Prieto, el jefe de Servicio de Recursos Humanos, Luis D. Rodríguez,y finalmente la inspectora BegoñaVelilla se ofrecieron rápidamente a tramitarsu reclamación tras la información aparecida en este diario.
Elresultado final ha sido demoledor,ya que la docente ha constatado que la plaza solicitada ha sido adjudicada aotra persona. Fuentes de la Consejería de Educación han asegurado a Diario16 que “la plaza sobre la que mostró interés estaba ya comprometida en elconcurso de traslado, en el que ella no participó.Si hubiese participado hubiese tenido preferencia absoluta, como así se le informó”.
Preferencia absolutapuesta en duda
La afectada niega rotundamente esta versión y asegura que, según la ley, ella no debe participar en ningún concurso de traslado porque su vía es excepcional y sólo debía presentar una solicitud de movilidad por violencia de género, que es lo que ha hecho. Incluso le facilitó la labor a la propia Consejería de Educación al indicarle la vacante que le interesaba para su traslado, por lo que tenía preferencia absoluta sobre todos aquellos que concursaban en el procedimiento habitual de concurso de traslados. “No puedo participar en la próxima adjudicación de destinos provisionales si no he participado en el concurso de traslados. Ellos mismos se contradicen. Esos destinos provisionales se solicitan para aquellos que no han obtenido la plaza en el concurso de traslados. Y por conciliación familiar, enfermedad, cargo público, etc. se les adjudica un destino provisional y también ahí entrarían los interinos. Y volvemos a lo mismo ¿dónde dice que yo estoy obligada a participar?”, se pregunta la afectada.
“Las mujeres víctimas de violencia de género no somos escoria, que es como yo me he sentido tratada por los organismos públicos”
A este respecto, nosolo existe un protocolo especial para estoscasos sino también una comisión de seguimientodel protocolo. Esta funcionaria asegura que nadie se ha puesto en contacto conella ni le han ofrecido ninguna vacante. “¿Por qué los cargos de la Consejeríade Educación que se pusieron en contacto conmigo y me dijeron que estaba todosolucionado y no había ningún problema no me facilitaron antes esta informaciónque ahora aportan como excusa?”, se pregunta.
Es más. A pesar delestado de alarma, mantuvo una conversación telefónica con la inspectora Begoña Velilla a mediados de abril y le volvióa confirmar que todo iba según lo previsto y que precisamente esa misma mañanahabía estado hablando con Helena Prieto sobre su tema, algo que se contradice por completo con la versión oficialdada ahora por la Consejería de Educación.
Desde eldepartamento que dirige Javier Imbroda no se le ha informado de nada en todo elproceso y ni siquiera le han comunicado las vacantesdisponibles para poder tramitar su traslado. Ha tenido que ser ella con sus propios medios la que ha obtenido ellistado de las plazas disponibles y la que ha comunicado la plaza que leinteresaba. Esta plaza en cuestión no está comprometida hastaque no se adjudica definitivamente. En caso de que hubiera sidoadjudicada provisionalmente, en ese intermedio la plaza no estaba aún “comprometida”como argumenta la Consejería de Educación para no otorgarle la vacante solicitada.
Educación aseguraque esta víctima de violencia machista “quería una reserva a futuro(septiembre) de una plaza que formaba parte del concurso de traslado en la queno participaba”, algo que ella niega rotundamente ya que viene reclamando eltraslado desde comienzos de 2019. La Consejería de Educación la invita ahora aparticipar ya en la próxima adjudicación dedestinos provisionales, donde tendrá “preferencia”. En este sentido, Educación ‘olvida’que esta mujer lleva más de un año reclamando el traslado pormotivos de seguridad y nadie ha sabido atenderla adecuadamente.
Educación la invitaal “próximo” concurso de traslado
“Puede participar enla adjudicación de destinos provisionales próxima y tendrá preferencia. Si loprefiere, podría participar también en el próximo concurso de traslados, dondetambién seguirá teniendo preferencia como las demás profesoras en sus mismascircunstancias. La adjudicación del verano le da derecho a un destino provisional para el año próximo. Todo ellosin que, de considerarlo necesario, pueda pedir movilidad en cualquier momentoy tendrá preferencia sobre cualquier vacante que exista en ese momento”,apuntan desde Educación.
Esta funcionaria nopuede reclamar un destino provisional por la sencilla razón de que no es interina y, por tanto, solo puede ocupar unaplaza “definitiva”, ya que no puede acceder a una plaza inferior a su rango.Además, el ofrecimiento de la Administración andaluza se le hace para el próximoaño, conociendo el riesgo extremo al que seenfrenta esta víctima de violencia machista si mantiene la plaza donde está enla actualidad. “¿Espero a que el hombre que nos intentó matar a mí y a mi hijasalga de la cárcel y me localice para pedir el traslado?”, le pregunta a los máximosresponsables de la Consejería de Educación.
Continuo desgaste físicoy emocional
La profesora sufreun continuo desgaste físico y emocional desde que su ex pareja la intentó matary también tras su ingreso en prisión. Además, lamenta la “continua exposición pública”a la que se están viendo sometidas tanto ella como su hija, reconoce a Diario16. “Cada vez que salimos en prensa exponiendo la ineptitud y la crueldad de estos organismos, leestamos dando pistas al enemigo”, añade.
Noes la primera vezque esta familia se expone en este sentido, ya que también su hija fue excluida de los estudios de grado superior de formaciónprofesional que deseaba cursar pese a su condición de víctima de violencia de género.Tanto madre como hija sufren el constante temor a que su agresor se beneficie máspronto que tarde de algún permiso penitenciario y pueda intentar localizarlas.
También lamenta cómose está vulnerando continuamente la protección yconfidencialidad de los datos personales tanto de ella como de suhija, legalmente protegidos en teoría. En la propia Consejería de Educación lecomentaron que el programa informático no lo tienen aún actualizado, y en elcaso de alumnos víctimas de violencia de género lo hace manualmente el directordel centro. A día de hoy no tiene constancia de la existencia de algúndocumento oficial que certifique que tanto sus datos como los de su hija estáncorrectamente protegidos.
Además, esta docentesiente que la Administración la ha mirado como “una pobre diabla a la que se lepueda tratar con la punta del pie”. Despuésde esta nueva experiencia traumática, esta vez con la Administración educativacomo protagonista, denuncia que “las mujeres víctimas de violencia de género no somos escoria, que es como yo me he sentidotratada por los organismos públicos”. Y añade: “Somos mujeres valientes yluchadoras que hemos vivido situaciones extremas. Somos mujeres. Da igualnuestra condición social, nuestra formación cultural, nuestra profesión. Somosamas de casa, cocineras, abogadas, limpiadoras, profesoras… Somos mujeres y,curiosamente en todo este periplo, quienes han demostrado menos sensibilidad yempatía con mi historia han sido mujeres”. Y las cita a todas y cada una deellas: Teresa Barrera, Begoña Velilla, Pilar Maldonado, Helena Prieto…